El Diputado del Común, nombre con el que se conoce al Defensor del Pueblo en Canarias, Rafael Yanes, abrió el pasado mayo una investigación de oficio, para determinar las medidas de seguridad que “deben estar operativas en las casi 600 playas y puntos de costa” del archipiélago, así como el grado de cumplimiento del Decreto de Medidas de Seguridad en Playas y Zonas de Baño en este Archipiélago.
Yanes ha mostrado su pesar, ya que tan solo 33 de los 77 municipios costeros de Canarias, junto a la Consejería de Turismo y Seguridad del Gobierno Canario y la Federación Canaria de Municipios, han informado en qué grado cumplen con el citado decreto. De hecho, el plazo para presentar sus respectivos planes de seguridad concluyó el pasado 1 de agosto.
Algunos de los Ayuntamientos que sí han respondido al requerimiento de la Diputación del Común fueron: los de Arona, Buenavista del Norte y Tacoronte en Tenerife. Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, Garafía, Barlovento, San Andrés y Sauces y Puntallana en La Palma. Hermigua en La Gomera. Frontera en El Hierro. Telde, Santa Lucía de Tirajana, Mogán, La Aldea de San Nicolás y Artenara en Gran Canaria. Betancuria, Antigua y Tuineje en Fuerteventura. Arrecife, San Bartolomé, Tías, Yaiza y Teguise en Lanzarote.
Lo cierto es que cerca de 30 personas han fallecido por ahogamiento en el archipiélago canario, en el primer semestre del año. A este respecto, el diputado del Común manifestó la “prioridad que debe ser en Canarias paliar la mortalidad en las playas, que supera en cifras a la que se produce en las carreteras, pero que cuenta con mucho menos presupuesto en prevención en las islas”.
En esta línea, manifestó que ha contactado con distintas Direcciones Generales del Gobierno de Canarias y que lo hará también con los Cabildos Insulares, para que se impliquen en las campañas de prevención de ahogamientos, ya que “el archipiélago recibe 16 millones de turistas al año y no informa convenientemente de este tema crucial para su seguridad”.
Cabe destacar que la Diputación del Común inició la Investigación de Oficio, tras la denuncia de Ana Suárez Romero, que perdió a su marido, Arturo Fontán, después de que se lanzara al mar para socorrer a una turista en apuros, en la Playa de Tebeto, en Fuerteventura. Su viuda, denunció, que el lugar carecía de carteles informativos, de elementos de salvamento y de Socorrista de Playa.
