Desde esta organización, hemos venido denunciando el caótico desarrollo del proceso de vacunación contra la covid-19 por parte de las administraciones públicas responsables, y en especial en el Servicio Canario de la Salud. Todo ello, dentro de un contexto de pésima gestión de la pandemia a lo que hay que añadir escasez y retrasos en las vacunas, primera herramienta de la que se dispone para la lucha contra el virus y sus devastadores efectos no solo sobre la salud y la vida sino, por extensión, sobre el sistema socioeconómico.
Numerosos han sido los que han utilizado su cargo público, independientemente de su adscripción política, para saltarse los criterios de vacunación aprobados por el propio Ministerio de Sanidad, pero que en el caso del PSOE, adquiere mayor grado de responsabilidad por su vínculo con el actual gobierno, que mantiene el silencio y la pasividad, tratando de encubrir a los infractores. Intersindical Canaria exige al gobierno que publicite una relación nominal de TODOS los que han burlado el orden de vacunación, y la dimisión inmediata de sus cargos.
Además, desde esta organización sindical pedimos la destitución del obispo de la Diócesis Nivariense, no solo por el incumplimiento de los protocolos de vacunación, sino en base a la jefatura eclesiástica que ocupa y la grave transgresión y vulneración de los principios y observancia de la iglesia. Además, el obispo Bernardo Álvarez ha hecho gala de carencia de escrúpulos éticos y morales mintiendo sobre las circunstancias de su vacunación para intentar quedar indemne de su deplorable comportamiento.
Todas estas vacunaciones se realizan cuando en la fecha, los que estaban en primera línea, las personas más expuestas al virus y los encargados de atender a los damnificados por la pandemia no habían iniciado el proceso, ni se sabía si habría dosis suficientes para ellos.
Desde Intersindical Canaria insistimos en que se depuren responsabilidades, y si la Fiscalía no actúa de oficio, esta organización se personará, ya que, sin ánimo de exculpar a quienes han aceptado recibir la inmunización indebidamente, no es menos cierto que los máximos responsables de gestionar el proceso de vacunación, les han ofertado esa posibilidad.
