Cuando esta Federación denunció, hace tan sólo un par de días, el daño irreparable que se está haciendo a la imagen turística de Canarias en el exterior, como destino de “turismo seguro y de calidad” que ha costado decenas de años y cientos de millones, tanto públicos como privados, construir, debido al inaudito alojamiento de inmigrantes ilegales en hoteles y bungalows de Maspalomas, Playa del Inglés y las Palmas de Gran Canaria y ahora en Fuerteventura. nos enterábamos, el pasado martes día ocho, que el Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, en un momento tan crítico como el que viven nuestras islas. No sólo por la llegada continua de cientos de inmigrantes ilegales cada día, sino por la situación catastrófica, presente y futuro, de nuestra economía con el cierre de nuestros principales mercados emisores de turistas por la mala gestión del COVID 19 por parte del Gobierno de Canarias y los alcaldes que también tienen su responsabilidad en ello, porque, siendo los que mejor conocen su municipio, no se han implicado, ni han implicado a sus policías locales, dejando a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, con sus históricamente escasos recursos, sola frente al control y gestión de la Pandemia. ¿Dónde está la obligada colaboración institucional de las Corporaciones locales con sus policías al frente, para vigilar y comprobar que no se realizan actos y actividades contrarias a las normas y a la seguridad en salud pública, canarios y no canarios? Esto, unido a la falta de PCRs en destino o en origen, ha hecho que los enfermos de COVID 19 hayan crecido, día a día, en las últimas semanas, alcanzándose unas cifras no vistas anteriormente. Y es que ¡hemos despreciado, una vez más, la enfermedad y a su agente patógeno el SARS Cov-2!
Y es que el ministro Escrivá no podía haber elegido peor momento para dejar al Gobierno de Canarias y a los canarios “plantados”, anulando de forma inesperada, su visita a las islas. Dejando en evidencia al Presidente del Gobierno de Canarias. Y es que el Estado se ha desentendido de la situación migratoria de Canarias y lo ha hecho conscientemente como demuestra el “desplante” del ministro Escrivá al Gobierno de Canarias. Nuestro archipiélago pinta poco en la política nacional, Canarias no es importante para el Gobierno de España. Y así nos va. Y es que ni funciona el SIVE, ni FRONTEX, las pateras llegan a las playas canarias sin control, barquitos con motores de muy poca potencia, que podrían ser fácilmente interceptados, navegan y llegan a nuestras costas sin ningún problema, nada ni nadie se los impide, y una vez llegan a las playas se bajan del barco y allí no está ni protección civil, ni fuerzas del orden público. ¡Algo falla! Y es que a este paso las islas corren el riesgo de convertirse en un lugar de confinamiento indefinido de inmigrantes ilegales pues no olvidemos que llegan a Canarias sin ninguna documentación de origen que les identifique y tampoco ningún país africano les reclama. Y es que ni el Ministro Escrivá, ni el Delegado ni el Gobierno de Canarias se dan cuenta de que Canarias es un territorio insular frágil, que no soporta, ni tiene recursos para hacerse cargo de tantos inmigrantes ilegales. ¿Por qué no se permite su traslado a Península? Y mientras tanto, algún o algunos lumbreras del Estado o del Gobierno regional han decidido alojarlos en hoteles y apartamentos de lujo, con la connivencia de algunos responsables hoteleros de visión miope que prefieren “pan para hoy y hambre para mañana”, al destrozar la imagen turística de Canarias en el exterior. Todavía no saben estos responsables y la Consejera de Turismo, que Canarias vive del Turismo, que es nuestro medio de vida principal. Es que esto que están haciendo NO tiene nombre. Indecencia ¿quizás? Y que no se diga que somos xenófobos, pues esta situación incluso genera inseguridad al propio inmigrante.
Ni somos xenófobos, ni estamos en contra del inmigrante. Todo lo contrario, nos parece bien la inmigración siempre que sea legal y esté, por ello, regulada. Pero no esto que estamos viviendo desde hace semanas. ¿Cuándo se trata mejor al inmigrante que al propio canario? ¿Cuándo vemos lo que hemos vistos estas últimas semanas? Llegada impune y sin control a las costas canarias, alojamiento en hoteles, cuando se ha alojado en recientes incendios en polideportivos, en colchonetas en el suelo, hacinados, etc. Es cuando no queda más que alzar la voz y gritar. Cuando además existen multitud de cuarteles militares cerrados y vacíos, o el mismo aeropuerto de Las Palmas en la zona militar, u otros centros acordes, deberían estar habilitados para dicho alojamiento y digo estar habilitados porque la llegada de pateras no se produce desde hace 30 días, llevamos años recibiendo pateras y todavía no se han habilitado y acondicionado dignamente recintos en los que se aloje a estos inmigrantes. Tiempo ha habido de sobra, pero la desidia y el olvido del Estado y del Gobierno de Canarias ha sido grande.
Por todo ello, la Federación canaria de ocio y servicios (FECAO), presentara en breve una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, a los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, por el incumplimiento de la Ley Turística de Canarias y desde una perspectiva de seguridad pública, la Ley orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 25, obliga a quienes ejerzan ciertas actividades a realizar un registro documental de usuarios, entre los que se encuentran los lugares de alojamiento. Los hoteles, hostales, campings, albergues, pensiones, todos los establecimientos hoteleros, tenemos la obligación de registrar los documentos de identidad de todas las personas que se alojen mayores de 14 años. Estos registros los enviamos diariamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, el Ejercer la actividad de hospedaje a terceros en el alojamiento o destinarlo a fines distintos de aquéllos para los que se contrató es un incumpliendo claro de la Ley y está considerado como una falta muy grave. La industria Turista es para la explotación y para ello existe la unidad de explotación que esta viene regulada por la Ley Turística de Canarias, los establecimientos de alojamiento que han facilitado ser centro de acogida de inmigrantes incumplen en primer lugar la Ley orgánica 4/2015 de 30 de marzo, por aceptar como clientes -aunque sea de forma temporal y por urgencia, existiendo otras alternativas- a personas y no registrar a estos indocumentados en los establecimientos turísticos al ser ilegales.
Por todo ello no descartamos y así lo ha estudiado el equipo jurídico de esta patronal denunciar tales hechos, los complejos en unidad de explotación no pueden ser centros de acogida de inmigrantes ilegales, que no son turistas que entran en el país de forma ilegal, que están indocumentados, por ello se formulara DENUNCIA, al amparo del Art. 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, poniendo en conocimiento del Excmo. Sr. Fiscal de ”Anticorrupción de Las Palmas”, los siguientes hechos, por considerar que son constitutivos de delitos, interesando del Ministerio Fiscal que proceda de manera inmediata con arreglo a lo establecido en el Art. 269 de la mencionada LEC, al desalojo de estos ilegales de los complejos turísticos y las sanciones y responsabilidades que por la Ley se establezca, sobre todo el daño al derecho a la imagen es aquel “derecho personalísimo cuyo regular ejercicio permite al titular (los canarios) oponerse a que por otros individuos y por cualquier medio se capte, reproduzca, difunda o publique –sin su consentimiento o el de la ley- la imagen de Canarias”
Como se ha dicho, nos estamos jugando la imagen y el futuro de Canarias y en este caso, de Gran Canaria en particular, así cómo el empleo de miles de canarios. Que los centros de hostelería sean centros de acogida supone un gran perjuicio al sector turístico en general, a los empresarios establecidos en toda Canarias y a los canarios (trabajadores del sector los primeros). “El Tribunal Supremo en su jurisprudencia (STS .de 27 de diciembre de 1995)- Arzdi. 9553- sostiene que se comete prevaricación en situaciones donde existe un deber imperativo de dictar resolución y cuya omisión tiene efectos equivalentes a una denegación.” Se da el efecto añadido de un bien jurídico de interés empresarial y social, causado por el daño a la imagen turística de las islas; si ya era poco terminar con 346.400 empleos que generaba el sector turístico el 35,3% del PIB, tenemos el daño a futuro del sector difícilmente cuantificable. O se soluciona de inmediato este hecho y el ir desalojando los inmigrantes de los complejos turísticos o en breve acudiremos a los juzgados concluye la presidenta Bárbara Cabrera.
Canarias, 10 de septiembre de 2020
BARBARA CABRERA CAZORLA
