Rosa Dávila lamenta que el Gobierno de España haya decidido no atender las demandas de las autonomías y corporaciones locales que han respetado los objetivos de déficit y deuda pública.

La consejera de Hacienda afirma que el Ministerio impide de esta manera que Canarias destine 598 millones de euros a la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Rosa Davila afirmó que “el destino de los fondos deben ser los servicios públicos esenciales porque esas son las necesidades reales de la población del Archipiélago”, asegura y confirma que “utilizarlos para inversiones financieramente sostenibles no es una solución ni de presente ni de futuro”

El Gobierno canario argumenta que la ampliación del objetivo de déficit para 2019 es ineficaz mientras que no se territorialice la regla de gasto ya solo favorece que las autonomías incumplidoras se endeuden más.

El Gobierno de Canarias ha rechazado de nuevo los objetivos de déficit y deuda pública, expuestos por el Ministerio durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en la mañana de hoy, porque, según reiteró la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, son profundamente injustos por no atender a las demandas de las administraciones que han cumplido con la ley durante los últimos años.

“La ampliación del objetivo de déficit para 2019 es ineficaz por dos motivos”, detalló. “Las autonomías que tienen superávit o que cumplen los objetivos de déficit  no podrán incrementar su capacidad de gasto para financiar los servicios públicos esenciales mientras esa ampliación no vaya acompañada de la territorialización de la regla de gasto. La segunda razón es que elevar el objetivo de déficit solo permitirá a las incumplidoras seguir endeudándose para financiar los servicios públicos,  y a los que tenernos recursos propios nos limita su utilización mediante la regla de gasto”.

“Hoy hemos vuelto a ser testigos de cómo se premia a quienes se han saltado los objetivos establecidos, mientras se decide castigar a las autonomías y corporaciones locales que han respetado los objetivos de estabilidad contribuyendo a la mejora económica del país”,  afirmó la consejera, tras haberse aprobado la propuesta del Ministerio, que ahora continuará el trámite parlamentario.

Asimismo, Rosa Dávila lamentó que “el Ministerio haya impedido finalmente que Canarias destine 598 millones de euros a mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales en las Islas, una postura difícil de entender para la ciudadanía a quienes se les ha trasladado hoy que incumplir tiene premio”.

La consejera recordó que “el Gobierno de Canarias no ha estado en contra nunca de una senda más flexible para las autonomías que aún tienen dificultades para rebajar su déficit y su deuda, pero no se entiende que no se eliminen las restricciones que supone la regla de gasto para las comunidades cumplidoras, como el Archipiélago”.

Explicó que “la reivindicación de las Islas es que se territorialice la regla de gasto para atender a las necesidades singulares de cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta especialmente el esfuerzo fiscal realizado por cada una de ellas. Mientras no sea así, el Gobierno de España estará condenando a la ciudadanía de Canarias a poder aplicar 598 millones de euros en los presupuestos de 2019 y así mejorar los servicios públicos esenciales”.

Insistió en que “las inversiones financieramente sostenibles no es una solución ni de presente ni de futuro para Canarias porque no permite utilizarlos para sufragar los servicios públicos esenciales”. “Es solo un parche, sobre todo teniendo en cuenta que el Ministerio ha paralizado la reforma del Sistema de Financiación Autonómica y las Islas están financiando parte de los servicios públicos esenciales con ingresos propios”, dijo y añadió que “las inversiones financieramente sostenibles no reflejan las necesidades reales de la ciudadanía canaria”. En este punto coinciden mayoritariamente las Comunidades Autónomas, incluso las que han apoyado la nueva senda, y las Administraciones Locales, que ven como su dinero esta en los bancos mientras no pueden atender a las necesidades prioritarias de los ciudadanos.

Las corporaciones locales, que se han visto afectadas por la limitación de la regla de gasto antes que las autonomías, ya han reclamado que se revisen los criterios estrictos para el destino del superávit y “que se consideren las necesidades reales”.