El Gobierno canario, a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, ha hecho uso de esta figura legal para reclamar al Gobierno de España el abono de la deuda, que asciende a 991,6 millones.
El Gobierno de Canarias presentó el pasado miércoles, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, un incidente de ejecución de sentencia del Convenio de Carreteras, por el incumplimiento de las sentencias y del acuerdo extrajudicial por parte del Gobierno de España respecto a las anualidades correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. La portavoz del Gobierno, Rosa Dávila, realizó este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.
“Han pasado más de ocho años desde que el Ministerio debió transferir al Archipiélago la anualidad de 2012. Han sido ocho años de lucha ante la Justicia, de negociaciones, y de un esfuerzo presupuestario por parte Gobierno autonómico para cubrir, con fondos propios, la deuda estatal”, denunció la consejera.
“Canarias no puede seguir esperando y, por ese motivo, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que dirige Pablo Rodríguez, y los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma han presentado este incidente de ejecución de sentencia ante la negativa del Gobierno de España de abonar los 864,7 millones que se adeudan a Canarias”, explicó la consejera.
Añadió que hay que sumar a esta cantidad otros 126,9 millones que se han acumulado hasta el pasado 31 de enero de 2019 en concepto de intereses. “En conclusión,- explicó Rosa Dávila- “el Ministerio de Fomento debe a Canarias 991,6 millones, una cantidad que da una idea de la importancia que tiene el cumplimiento de la sentencia para mejorar la movilidad y conectividad de las Islas”, dijo.
Esta deuda, que se ha ido acumulando a lo largo de los últimos años, ha obligado a que la Comunidad Autónoma haya tenido que aportar fondos propios, que ha restado a otras políticas de gasto, para sufragar unas actuaciones que debían ser financiadas por el Ministerio.
Financiación con fondos propios
Rosa Dávila explicó que en el periodo 2012-2016, Canarias realizó actuaciones en materia de carreteras por importe de 805,09 millones de euros, mientras que las transferencias realizadas por el Ministerio fueron solo de 325,3 millones. “Y todo ello con la limitación que nos impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha obligado a la Comunidad Autónoma a realizar esfuerzo aún mayor para poder realizar las obras cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública”.
La consejera recordó en la rueda de prensa que el acuerdo extrajudicial alcanzado entre Canarias y el Estado incluía una cláusula, concretamente la quinta, en la que se especificaba que ni la ejecución del acuerdo ni los empleos derivados del mismo comutarían de cara al objetivo de estabilidad presupuestaria.
El incumplimiento del Gobierno de España con Canarias ha provocado que en este momento haya obras en ejecución, con importes comprometidos por el Ministerio, para las que aún faltan por llegar 100,5 millones de euros. Este es el caso de la obra de Pagador-Guía y la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (Tamaraceite,-Tenoya-Arucas Costa), ambas en Gran Canaria; del tramo La Caldereta-Corralejo del Eje Insular y del tramo Costa Calma-Pecenescal, en Fuerteventura; de la segunda fase del tramo Avenida Tres de Mayo-Guajara, en Tenerife; y del tramo San Simón-Tajuya y del tramo de acceso al Puerto de Tazacorte, en La Palma.
A ellas hay que sumar otras obras 14 obras, por importe de 607,7 millones que están contempladas en el Convenio de Carreteras y cuya ejecución no ha podido iniciarse ante la falta de fondos.
