El sistema de atención a la dependencia en Canarias ha logrado reducir a la mitad la demora para la resolución de expedientes desde el inicio de la actual legislatura, en julio de 2023. Según los últimos datos oficiales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el tiempo medio de espera ha pasado de los 782 días registrados hace menos de tres años a los 391 días actuales. Esta cifra refleja la media global que incluye el cribado de expedientes antiguos, si bien la administración autonómica destaca que, en el caso de las nuevas solicitudes, la media de resolución se sitúa actualmente en torno a los 152 días.

Esta agilización administrativa se ha traducido en un incremento del 58,8 por ciento en el número de personas con derecho reconocido a una prestación. En un periodo de 31 meses, Canarias ha pasado de contar con 44.506 beneficiarios a 70.611, lo que supone la incorporación de más de 26.000 familias al sistema de cuidados. Este crecimiento arroja un ritmo de 842 altas mensuales, una cifra tres veces superior a la registrada durante la legislatura anterior, cuando se incorporaron 13.056 personas en 48 meses, a razón de 272 resoluciones al mes.

Las autoridades competentes atribuyen esta mejora en los plazos a los cambios estructurales impulsados recientemente, cuyo objetivo es evitar que los ciudadanos pierdan sus derechos por descontrol administrativo y garantizar una atención más temprana. Entre las medidas adoptadas, destaca la aprobación del Decreto que unifica los procedimientos de valoración y el programa individual de atención.

A esta evolución estadística se suma la aprobación, en el día del pasado lunes [9], de una modificación normativa que reestructura y completa todo el sistema de prestaciones en las islas. El nuevo Decreto establece un nuevo nivel de clasificación, denominado Grado III+ (dependencia extrema). Esta categoría está diseñada para proporcionar atención y apoyos intensivos en el entorno domiciliario mediante ayuda a domicilio o asistencia personal, orientándose especialmente a personas en situación terminal afectadas principalmente por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Para garantizar una tramitación homogénea y evitar la desprotección, el documento fija, conforme a la normativa estatal, las cuantías máximas para las prestaciones económicas vinculadas a estos servicios de alta intensidad.

Asimismo, la normativa regula por primera vez en el archipiélago la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP). El texto establece un marco claro sobre los requisitos de acceso, la tramitación, los métodos de pago y la justificación de la ayuda. La finalidad de esta prestación es apoyar a las familias y reforzar los cuidados en el hogar para que las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia puedan permanecer en su domicilio, manteniendo sus rutinas, su entorno y sus redes de apoyo, sin verse forzados a un desarraigo institucional.

Sobre este avance normativo, la consejera del área ha declarado textualmente: “Con esta medida, Canarias avanza hacia un modelo de cuidados centrado en la persona que prioriza los apoyos en el entorno y contribuye al objetivo de la desinstitucionalización, favoreciendo alternativas a la atención institucional cuando sea posible y adecuado para la persona usuaria”.

El acuerdo del Gobierno de Canarias contempla también la modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, introduciendo cambios en el régimen de compatibilidades e incompatibilidades. A partir de la publicación del nuevo decreto, las familias podrán combinar diferentes tipos de prestaciones para mejorar la atención de perfiles concretos; por ejemplo, se permitirá compatibilizar el Servicio de Ayuda a Domicilio con la prestación económica para la asistencia personal.

Finalmente, la reforma modifica el Decreto ley 3/2023, de 23 de marzo, para regular las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, los cuidados en el entorno familiar, el apoyo a personas cuidadoras no profesionales y la asistencia personal. En este último caso, los importes máximos quedan establecidos en 900 euros para el Grado III, 577,25 euros para el Grado II y 436 euros para el Grado I. La aplicación de estas nuevas cuantías tendrá efectos legales al día siguiente de su publicación oficial en el Boletín Oficial de Canarias.