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¿Quiénes son los buscadores de herederos?

Cada año, más de 100 millones de euros se quedan sin adjudicar a sus herederos legítimos en nuestro país, una cifra que en toda Europa podría alcanzar más de 1.000 millones de euros. Propiedades inmobiliarias, bienes muebles, cuentas bancarias, joyas y dinero en efectivo van a parar al Estado al no conocerse los beneficiarios.

Según datos del Consejo General del Notariado, un 40% de los españoles fallece sin haber otorgado testamento y, del total de estas herencias, denominadas ab intestato, el testamento acabará siendo nulo o ineficaz al no conocerse los herederos legítimos en un porcentaje estimado entre el 10% y el 15% de los casos.

A estas masas hereditarias, que provienen de fallecimientos de españoles y extranjeros en nuestro país, hay que sumar las de españoles residentes en el extranjero y las de las generaciones posteriores, nacidas en el extranjero, que ahí fallecen y cuyos padres o abuelos eran naturales de España. Sumando todo esto, el valor en conjunto de las herencias sube sensiblemente y, con él, la dificultad para hallar a las personas que legítimamente tienen derecho a su propiedad.

El buscador de herederos

La figura del buscador de herederos -propiamente llamado genealogista sucesorio- nace en París en 1894 de la mano de Coutot-Roehrig, que hoy ostenta el liderazgo en la localización de herederos a nivel mundial, con presencia capilar en todo el mundo.

La misión del genealogista es la búsqueda de los herederos –estén donde estén- hasta la liquidación de la herencia, siempre a partir de información proporcionada por un profesional (abogados, administradores de fincas, administraciones públicas, notarios…), y siempre que haya una prueba objetiva de fallecimiento. Su metodología incluye conocimientos jurídicos y, sobre todo, grandes dotes detectivescas para rastrear datos y seguir pistas.

Donde no llegan los demás

En la mayoría de casos de herencias que se pierden en subastas públicas por falta de un sucesor, la causa es una falta de infraestructura por parte de administraciones públicas, lastradas por lógicas limitaciones territoriales y recortes; o la falta de metodología y capital de pequeños despachos de abogados cuyo alcance geográfico y bases de datos son limitados y que carecen de formación específica.

En este sentido, las empresas serias de genealogía sucesoria –de las que, de momento, la única que opera en España con oficinas e infraestructura propia local es, cómo no, Coutot-Roehrig- tienen el alcance territorial para cubrir una investigación en todo el mundo, para adelantar todos los gastos de modo que ni abogados, ni herederos, ni administraciones públicas, ni notarios, ni (sobre todo) herederos deban poner ni un euro de su bolsillo, al cobrar sus honorarios únicamente cuando la masa hereditaria ha sido liquidada y sus cargas fiscales satisfechas. Es decir al final de todo un largo proceso que puede durar años.

 

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