Las responsabilidades del estado en Canarias relativas al fenómeno creciente de la inmigración han sido evadidas en estos últimos 20 años.
La crisis migratoria que vivimos en estos momentos presagia situaciones parecidas a las vivimos en este archipiélago a principios de este siglo, sin que se atisben soluciones y alternativas por parte del Gobierno de España. Ningún gobierno español ha diseñado para estas islas – desde la última crisis de 2006- una estrategia fiable, solvente, humanitaria… ante la localización estratégica de nuestro archipiélago y el cierre de otras rutas migratorias entre África y Europa.
La última visita del ministro Grande Marlaska a Canarias, propiciada por el Gobierno Autonómico para asistir a lo que dio en llamar Cumbre sobre la Inmigración, fue decepcionante. Las dos partes están obligadas a entenderse y respetarse. Y eso no está sucediendo. Ni a la hora de exigir ni a la hora de cumplir con las obligaciones y las competencias.
Por eso las improvisaciones continuas, la carencia de infraestructuras y equipamientos para acoger a las personas que llegan hasta aquí buscando desesperadamente un modo de vida más justo, la precariedad en los medios para identificar la llegada de las pateras, las nulas políticas diplomáticas y de colaboración con los países emisores en su lucha contra las mafias, para identificar rutas…
Casi cuatro mil personas han llegado a las islas en esta nueva oleada migratoria. De ellas, casi un millar son menores acogidos en centros dependientes del Cabildo o del Gobierno de Canarias. Solo en Gran Canaria se han acogido a casi 500 de una manera absolutamente precaria y sin que ninguna administración asuma los altos costes que supone. El que se eternicen las pruebas óseas que confirman definitivamente su edad – solo pasa en Gran Canaria, donde las exigencias para este examen son mucho más rigurosas- hace que algunos hogares destinados a acoger 10 o 20 niños, derivados por los distintos servicios sociales, soporten cifras de hasta 70 menores, con los consiguientes riesgos.
En la actualidad las personas migrantes que han llegado hasta las islas –fundamentalmente a Gran Canaria- se encuentran alojadas en casi una treintena de espacios públicos que se tendrán que liberar en los próximos días pues se trata de instalaciones deportivas, albergues, escuelas hogar, etc… Únicamente dos de estos espacios son de titularidad del Gobierno de España a pesar de que cuenta en las islas con instalaciones vacías o semivacías. Es más, en algunos casos se han hecho publicas las diferencias entre los ministerios de Defensa e Interior a la hora de ponerse de acuerdo para habilitar equipamientos para las personas llegadas a Canarias.
Gran Canaria es la isla más afectada por esta situación y por eso me veo obligado a expresar que no queremos que se vea convertida en una “isla cárcel” para estas personas, como ha sucedido en Lampedusa o Lesbos. Y eso es lo que se interpretó por instituciones y hombres y mujeres de la isla la pretensión de montar un macro campamento en el Polígono de Arinaga. Por cierto el municipio de Agüimes acoge en estos momentos a 151 inmigrantes en el terrero de lucha canaria de Arinaga y a varias decenas en el Albergue de la Playa de Cabrón sin ningún tipo de problemas. Y se le señaló en algunos ámbitos de manera negativa.
Se está tardando demasiado en dar respuestas firmes y necesarias como las que tienen que ver con el traslado de una parte de estas personas, de manera solidaria, a otras islas o que se arbitren medidas para que –tal y como demandan desesperadamente las personas que han llegado hasta aquí desde el continente africano- puedan ser trasladadas a la península o a otros países europeos.
Sin ningún tipo de dudas, se hace necesaria una información precisa a la ciudadanía para evitar estados de alarma que aviven situaciones de racismo y xenofobia o que distorsionen nuestra realidad ante los mercados turísticos. Y se hace necesario, sin dilaciones, que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) funcione de manera precisa, rigurosa e impecable, y eso no está sucediendo en todas las ocasiones (lo de este último fin de semana colma el vaso); que se dispongan de espacios adecuados para una primera acogida de las personas que llegan en pateras (menores y adultos); que se acojan de manera solidaria en distintos lugares del archipiélago y, lo más importante, que permanezcan en las islas el mínimo tiempo imprescindible en su anhelo de llegar al continente europeo…
Por lo tanto, más medios sanitarios, de vigilancia y de atención; más recursos, infraestructuras y equipamientos; más información para las islas y para el exterior (no podemos obviar que son menos de 4.000 personas las que están en esta situación y que en estos momentos tenemos en el archipiélago más de 300.000 personas foráneas: 70.000 venezolanos, 60.000 italianos, 41.000 británicos, 40.000 alemanes…); más solidaridad y acogida en distintas islas y, sobre todo, que se disponga de los medios necesarios para que no nos convirtamos en una cárcel para estas personas que solo pretenden llegar al continente europeo. Jugándose la vida. Perdiendo la vida.
Y por supuesto Europa y España no pueden cerrar los ojos ante esta situación y obviar que dentro de las políticas necesarias de codesarrollo se precisan igualmente vías legales y seguras ante la migración imparable. No podemos cerrar los ojos ante las migraciones como un hecho estructural que forma parte de la historia de la humanidad. No podemos quebrar los derechos humanos y mirar para otro lado. No podemos hacer oídos sordos ante las desigualdades sociales, económicas y democráticas.
Por: Antonio Morales Méndez – Presidente del Cabildo de Gran Canaria.
