El Cabildo de Tenerife ha dado luz verde al Programa Insular de Gestión de los Residuos de Materia Orgánica, un plan que movilizará más de 75 millones de euros para transformar el modelo de tratamiento de desechos en la isla. El objetivo de la corporación es procesar progresivamente la totalidad de la materia orgánica generada en el territorio insular y reducir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el metano liberado por los vertederos. Esta nueva hoja de ruta pretende alinear a la isla con el modelo de economía circular y cumplir con las normativas europea y estatal, en un contexto donde la Comisión Europea ha advertido recientemente a España por el incumplimiento de varias metas de reciclaje y de limitación de vertidos biodegradables.

La iniciativa insular parte de un diagnóstico que evidencia un desajuste en el sistema actual. Según los datos manejados por la propia institución, Tenerife genera anualmente más de 200.000 toneladas de materia orgánica. Sin embargo, la recogida selectiva de esta fracción apenas supera las 2.000 toneladas al año, un volumen más de cien veces inferior al necesario para cumplir con los objetivos establecidos por la legislación. Ante la lenta implantación de los contenedores específicos por parte de los ayuntamientos, el Cabildo se ha visto obligado a modificar su planificación inicial. La corporación ya no dependerá exclusivamente de que la materia orgánica llegue separada en origen, sino que habilitará el Complejo Ambiental de Tenerife para tratar estos residuos biológicos incluso cuando entren en las instalaciones mezclados con el resto de la basura urbana.

Para hacer viable este cambio de modelo y evitar que la mayor parte de los residuos acabe en el vertedero, el programa contempla una actuación dividida en dos fases. La inversión, que supera los 75 millones de euros, incluye tanto la construcción de las nuevas infraestructuras de tratamiento como su posterior explotación durante el periodo previsto. La financiación de este montante provendrá de dos vías diferentes. Por un lado, se utilizará el sistema ordinario de financiación del servicio de tratamiento de residuos. Por otro, se inyectarán los fondos procedentes de la recaudación por los costes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociados al depósito en vertederos. En cumplimiento de la normativa, que obliga a reinvertir estas penalizaciones en actuaciones que prevengan dichas emisiones, el Cabildo prevé recaudar y destinar en exclusiva a esta partida 13.041.450,72 euros en el periodo comprendido entre 2024 y 2027.

A pesar de asumir el tratamiento del flujo de basura mezclada, la corporación mantendrá y ampliará sus líneas de apoyo a las administraciones locales para fomentar la separación en origen, una competencia municipal dictada por la Ley 7/2022. En esta línea, el Cabildo continuará aplicando la medida de coste cero para el tratamiento de la materia orgánica que sí llegue procedente de la recogida selectiva. Además, el programa habilita fondos para facilitar la extensión de este servicio en las calles de la isla. En una primera fase, la corporación destinará cerca de 222.000 euros para adquirir 691 nuevos contenedores específicos para materia orgánica. Este material será distribuido priorizando a aquellos municipios y mancomunidades que ya disponen de sistemas de recogida selectiva o que se encuentran en pleno proceso de implantación.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, defendió la necesidad de esta intervención argumentando que la isla no puede seguir enterrando un material que es, a la vez, un recurso aprovechable y una de las principales fuentes de emisión de metano. Dávila reconoció que, mientras los ayuntamientos avanzan a su propio ritmo en el despliegue de la recogida separada, el gobierno insular, como ente competente en el tratamiento final, debe garantizar una solución tecnológica para que esa materia orgánica deje de enterrarse. Con esta inyección económica, la administración busca adelantarse a los retos ambientales y consolidar un sistema de gestión preparado para las exigencias legales de las próximas décadas.