A pesar de la acuciante crisis residencial que atraviesa el país, las administraciones chocan contra un muro a la hora de ejecutar sus planes habitacionales, un problema que golpea con especial dureza a las Islas. En el reparto geográfico, Canarias adquiere un protagonismo negativo al registrar el mayor volumen económico afectado de toda España. Aunque el archipiélago contabiliza diez procedimientos desiertos, estos suman un presupuesto paralizado de 50,6 millones de euros debido a la magnitud de los proyectos.

El expediente de mayor envergadura detectado a nivel nacional se localiza precisamente en Tenerife, donde la licitación para construir 134 viviendas protegidas financiada con fondos europeos, con un presupuesto de 23,9 millones de euros, cerró sin recibir ni una sola propuesta empresarial desde el pasado mes de febrero.

Este macroproyecto, que ahora queda paralizado al no encontrar adjudicatario, sacaba a concurso tres actuaciones concretas en el sur de la isla que han quedado en el aire. El primer lote que resultó desierto proyectaba 59 viviendas y 59 plazas de garaje en la parcela Marazul, situada en la calle Astrón, dentro del municipio de Arona. El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) se ha visto forzado a cambiar de estrategia y asumir el encarecimiento de los costes de construcción. Siete meses después de aquel revés institucional, el Ejecutivo inicia un nuevo expediente de contratación, pero esta vez de forma individualizada. Para intentar lograr que el sector privado acepte ejecutar los trabajos en la parcela Marazul, la administración ha elevado el presupuesto de estas 59 viviendas hasta los 16.002.609,63 euros.

Siguiendo esta misma línea de rescate fragmentado, la Consejería activó también el trámite para el segundo lote del macroproyecto fallido. El ICAVI ha iniciado el expediente de contratación para las 51 viviendas protegidas y 51 plazas de garaje proyectadas en las parcelas 3A y 3B de Armeñime, localizadas entre las calles Antonio Machado, Pedro García Cabrera y Miguel Hernández, en Adeje, asignándole un valor estimado que asciende a 9.406.484,20 euros.

Finalmente, respecto al tercer grupo que inicialmente no encontró empresa dispuesta a asumir los trabajos —la edificación de 24 viviendas y 24 garajes en una parcela de la calle Norte, en el municipio de Guía de Isora—, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del ICAVI, actualizó los cálculos económicos e inició formalmente un nuevo expediente de contratación dotado con un presupuesto de 4.438.376,04 euros.

La fragmentación del concurso original y la actualización de los presupuestos elevan la inversión conjunta de las tres actuaciones hasta los 29.847.469,87 euros (sin incluir el IGIC).

A nivel nacional

En el cómputo global de España en lo que va del año 2026, un total de 129 licitaciones públicas relacionadas con la vivienda terminaron vacías, dejando en el aire un presupuesto conjunto de 128,5 millones de euros que no encuentra empresa dispuesta a asumirlo. Los datos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público y analizados por la plataforma tecnológica licitaciones.io evidencian que las constructoras dan la espalda a los proyectos habitacionales en gran parte del territorio.

Esta paralización frena de golpe las crecientes necesidades del mercado inmobiliario español. Las estimaciones económicas oficiales apuntan a que el país acumuló un déficit cercano a las 750.000 viviendas entre los años 2021 y 2025. La brecha entre la demanda y la oferta se ilustra claramente al observar que solo durante el pasado año se crearon alrededor de 240.000 nuevos hogares, mientras que apenas culminó la construcción de unas 92.000 viviendas.

La raíz de esta falta de concurrencia empresarial reside principalmente en la fuerte presión sobre los costes de las obras. El sostenido encarecimiento de los materiales básicos, la energía y otros componentes esenciales obliga a las compañías a reconsiderar la viabilidad económica de asumir contratos públicos, sobre todo cuando los presupuestos iniciales carecen de mecanismos de actualización suficientes. Este escenario se extiende a toda la contratación del Estado; de hecho, la patronal de la construcción advirtió que solo durante la primera mitad del año se contabilizaron 1.130 concursos públicos vacíos a nivel general, sumando presupuestos por valor de 707 millones de euros.

Profundizando en las cifras específicas del sector, el problema va más allá de las licitaciones íntegramente fallidas. El estudio contabiliza otras 20 que solo lograron adjudicarse de forma parcial, elevando el total a 149 procedimientos afectados y 255 lotes desiertos. Resulta revelador que 214 de esos lotes no recibieron ni una sola oferta empresarial, mientras que en los restantes las empresas presentaron propuestas que acabaron excluidas. El impacto más severo recae directamente sobre la ampliación y recuperación del parque residencial, ya que 74 de los concursos totalmente desiertos correspondían a obras de construcción o rehabilitación, valorados en 84,6 millones de euros. A esto se suman otros 22 procedimientos vinculados a suelo y patrimonio público, cifrados en 37,6 millones.

Lejos de ser un fenómeno coyuntural, la proporción de concursos fallidos se cronifica en el tiempo. Hasta el 21 de septiembre de 2026, el 10,4 por ciento de las licitaciones de vivienda resueltas terminó desierto, una tasa prácticamente idéntica al 10,9 por ciento registrado tanto en 2025 como en 2021. Las cifras confirman que, desde hace cinco años, aproximadamente uno de cada diez proyectos públicos en esta materia termina sin adjudicatario, consolidándose como un cuello de botella que persiste pese a la mayor actividad promotora de la administración.

En cuanto a volumen total de expedientes en el resto del país, Andalucía encabeza la lista con 23 licitaciones desiertas, seguida de la Comunitat Valenciana y Aragón con 18 cada una, Castilla-La Mancha con 17, Madrid con 11 y Castilla y León igualando a Canarias con 10. En el extremo opuesto del panorama nacional, País Vasco, Navarra, Asturias y La Rioja lograron esquivar esta problemática, sin registrar ningún procedimiento habitacional íntegramente desierto durante el periodo analizado.