Ante el dramático incendio que está teniendo lugar los últimos días en la isla de Tenerife, que suponen la desaparición de buena parte de la Corona Forestal; la amenaza de especies protegidas; y la evacuación de unas 7.600 personas de seis núcleos poblacionales, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales BPW Canarias pide al Gobierno español que introduzca en el Código Penal el delito de ecocidio.

La amenaza constante a la que el medio ambiente está siendo sometido como resultado de la degradación que pone en peligro los ecosistemas y la vida humana debe ser una prioridad en la agenda política y debe implicar cambios legislativos.

En esta línea, teniendo en cuenta que España es el país europeo más afectado por los incendios forestales en 2023, con más de 70.000 hectáreas quemadas; que en Canarias llevamos más de una decena de incendios en lo que va de año y que el 55% de los incendios son intencionados; debemos plantearnos una reforma urgente del Código Penal que introduzca el delito de ecocidio como “cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.

Para la abogada y socia ejecutiva de BPW Canarias, Teresa Pérez Cruz, “la introducción de este delito debe llevar aparejadas penas sustanciales por tratarse de delitos no sólo medioambientales sino contra la humanidad en su conjunto, al comprometer el futuro de las generaciones venideras”.

La socia ejecutiva de BPW y fundadora del despacho TPC ABOGADOS/AVOCATS comenta que “si se demuestra que el incendio de Tenerife ha sido provocado, por el impacto social, económico y medioambiental que tiene, debería estar penalizado como un crimen de lesa humanidad”.

Teresa Pérez señala que esta definición de Ecocidio ya fue presentada a la Comisión Jurídica de las Naciones Unidas en 2010 y que países como Francia ya empiezan a investigar en este sentido.

Canarias cuenta con 4 Parques Nacionales, 7 Reservas de la Biosfera y 11 Parques Naturales con protección jurídica específica, y es por eso por lo que “no podemos permitir que un territorio extraordinariamente vulnerable como son nuestras islas sean el objetivo de terroristas medioambientales” apunta la abogada.