El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, ha manifestado este viernes su firme oposición a la propuesta de unificar los juzgados del municipio al que gobierna con los de Arona. Frente a las demandas de agrupaciones empresariales, el regidor defiende no solo el mantenimiento, sino el refuerzo del partido judicial granadillero mediante la construcción de un nuevo Palacio de Justicia, para lo cual el consistorio ya ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias una parcela urbana.
La controversia surge tras las recientes declaraciones del Círculo de Empresarios del Sur (CEST) y el manifiesto firmado por diversas organizaciones empresariales y profesionales de la comarca. José Domingo Regalado ha calificado esta postura de tener una “escasa visión de futuro”, argumentando que se encuentra —a su juicio— alejada de la realidad territorial, demográfica y económica actual del municipio y su entorno. Asimismo, el alcalde ha puntualizado que dicho manifiesto “no representa al conjunto del sector empresarial del municipio ni tampoco de la comarca”, y sostiene que el desarrollo económico y social del territorio exige precisamente lo contrario: una mayor inversión en servicios públicos esenciales.
Para fundamentar su postura, el primer edil recuerda el peso institucional del partido judicial de Granadilla de Abona, al que define como “el más antiguo del sur de la isla, con origen en 1908”, lo que, a su juicio, avala su legitimidad y continuidad. A este factor histórico se suma el notable incremento poblacional experimentado en la zona, siendo Granadilla de Abona el municipio que más crece en el sur de Tenerife y en toda Canarias.
Según los datos aportados por la corporación basados en el Instituto Nacional de Estadística (INE), Granadilla de Abona ha pasado de 16.884 habitantes en 1991 a cerca de 59.000 en la actualidad, triplicando su censo. No obstante, el padrón municipal cifra ya a los residentes entre los 70.000 y 80.000, un número que inicialmente se proyectaba alcanzar dentro de dos décadas. Esta tendencia al alza se replica en municipios vecinos pertenecientes al mismo partido judicial, como San Miguel de Abona, que ha crecido de menos de 6.000 habitantes en los años noventa a más de 22.000, con previsiones de superar los 30.000 en el futuro.
Este peso demográfico se complementa con la concentración de infraestructuras estratégicas de carácter insular en el municipio, que ya alberga el Puerto de Granadilla, el Polígono Industrial, el Aeropuerto de Tenerife Sur, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y el futuro Circuito del Motor de Tenerife. Ante este escenario logístico y poblacional, José Domingo Regalado afirma que “no solo debe mantenerse el partido judicial, sino reforzarlo con más medios, personal, infraestructuras modernas y, especialmente, con la construcción de un Palacio de Justicia acorde a las necesidades actuales y futuras”.
Como solución estructural a este incremento de la demanda, el Ayuntamiento ya ha comunicado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias la puesta a disposición de un terreno de aproximadamente 2.300 metros cuadrados. La propuesta se ha trasladado igualmente a la Presidencia del Gobierno canario, cuyo máximo responsable tiene previsto visitar próximamente el municipio por este motivo.
La ubicación propuesta se sitúa en el casco urbano de Granadilla de Abona, en un entorno dotacional ya consolidado que agrupa servicios clave como la Casa Consistorial, la Policía, la Guardia Civil, los Servicios Sociales, la biblioteca, instalaciones deportivas y el centro de mayores, favoreciendo la sinergia institucional. Desde la corporación destacan sus condiciones óptimas de centralidad, así como su cercanía a la estación de guaguas y sus buenas conexiones viarias con la autopista TF-1, lo que asegura una accesibilidad eficiente para los ciudadanos de todos los municipios adscritos al partido judicial: Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna y Arico.
A nivel urbanístico, el Plan General de Ordenación contempla la parcela cedida como suelo dotacional, lo que permitiría el desarrollo de un edificio judicial de hasta 7.000 metros cuadrados construidos, adaptado a las exigencias de la Dirección General. A modo de conclusión, el alcalde insiste en que “el crecimiento sostenido de la población y de la actividad económica hace imprescindible anticiparse con infraestructuras judiciales modernas, dimensionadas y eficientes”, valorando esta iniciativa municipal como “una oportunidad para garantizar un servicio público de justicia accesible, equilibrado y de calidad para toda la comarca”.
