Las administraciones autonómica y local han iniciado las gestiones técnicas y administrativas para dotar a Granadilla de Abona de un nuevo Palacio de Justicia. Este viernes, 26 de junio, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, realizó una visita oficial al municipio sureño para conocer de primera mano el suelo propuesto por el alcalde de la localidad, José Domingo Regalado, orientado a centralizar la futura infraestructura en el casco urbano.

La jornada institucional comenzó con la firma del presidente regional en el Libro de Distinciones y Honores del Ayuntamiento. Posteriormente, se desarrolló una reunión de trabajo en las dependencias consistoriales en la que participaron, junto al presidente y al alcalde, el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez Santos, el primer teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios Municipales, Marcos Antonio Rodríguez Santana, y técnicos municipales, con el fin de evaluar las características de la parcela planteada.

El terreno puesto sobre la mesa por el consistorio es un suelo de titularidad municipal que, según la documentación técnica y de presentación, cuenta con una superficie de entre más de 2.300 y 3.200 metros cuadrados. El solar se encuentra en la zona de Los Hinojeros, un área en plena expansión dentro del municipio. De acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación (PGO), este suelo está clasificado actualmente como dotacional, una categoría urbanística que autoriza la edificación de una infraestructura judicial de más de 7.000 metros cuadrados construidos y permite alcanzar una altura máxima de 15 metros.

El informe de ubicación destaca que la parcela dispone de condiciones óptimas de centralidad, accesibilidad y conectividad para toda la comarca, al encontrarse muy próxima a la estación de guaguas local y contar con conexiones viarias directas con la autopista del sur (TF-1). Asimismo, el entorno destaca por una alta densidad de servicios de la administración pública, ya que comparte espacio con la Casa Consistorial, dependencias de la Policía Local y la Guardia Civil, Servicios Sociales, la biblioteca, instalaciones deportivas y el centro de mayores, lo que favorecerá las sinergias operativas entre las distintas instituciones.

Desde el punto de vista estratégico, el Ayuntamiento defendió la idoneidad de este espacio para afianzar el papel de Granadilla de Abona como capital administrativa del sur de Tenerife y zanjar definitivamente el debate sobre una posible unificación de sus juzgados con los del municipio de Arona. En este sentido, la argumentación municipal recuerda que este partido judicial fue creado en el año 1908, consolidándose como el más antiguo de la zona meridional de la isla, por lo que requiere ser mantenido y potenciado. Esta demanda se fundamenta también en criterios económicos y demográficos, dado que Granadilla de Abona constituye uno de los principales motores de la comarca y registra uno de los mayores índices de crecimiento poblacional de Canarias. En la actualidad, el municipio supera los 70.000 habitantes empadronados y su partido judicial —que integra también a las localidades de San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arico y Fasnia— atiende de forma global a una población superior a las 110.000 personas.

Por su parte, los representantes del Gobierno de Canarias mostraron una valoración inicial positiva del terreno, señalando que, en principio, parece reunir los requisitos necesarios para albergar la sede. No obstante, el procedimiento formal exige ahora que el suelo sea sometido a un estudio técnico pormenorizado para emitir un informe definitivo de viabilidad. Una vez superada esta fase de validación, el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento definirán la planificación del proyecto, la cual contempla de forma sucesiva la obtención del visto bueno gubernamental, la redacción del anteproyecto, la elaboración del proyecto constructivo definitivo y la correspondiente dotación presupuestaria. Con este desarrollo, se busca sustituir el escenario actual por unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las demandas de los ciudadanos y de los profesionales de la Administración de Justicia.