La entidad pone en marcha el proyecto “Base 25”, cuyos objetivos son la prevención del sinhogarismo y la búsqueda de alternativas habitacionales a las familias con riesgo de perder su vivienda habitual
Cáritas Diocesana de Tenerife, a través de su Gabinete Jurídico y en el marco de su nuevo proyecto “Base 25”, ha paralizado en el último mes el alzamiento de veinte familias en los municipios de Granadilla, Güímar, Tacoronte y La Laguna. En el primer caso, en el que estaban afectadas un total de 30 personas, entre ellas 16 menores, la sentencia dictada imponía una multa a los denunciados y les obligaba a desalojar el inmueble. Por ello, desde Cáritas Diocesana de Tenerife se interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia, porque no se les había asignado un abogado de oficio, lo que obligó al juez a dictar una providencia admitiendo el error y ordenando la repetición del proceso.
Actualmente, el recurso de apelación está a la espera de ser resuelto por la Audiencia Provincial, si bien desde el gabinete jurídico de la institución diocesana se entiende que finalmente se estimará el mismo y se acabará repitiendo el juicio.
En el caso de la familia de Tacoronte, donde estaban afectadas cuatro personas, el desahucio se produjo por impago de rentas de alquiler. Tras estudiar el caso, los letrados de Cáritas apreciaron indicios de una presunta estafa, que llevó a la familia a la pérdida de la propiedad en la que venían residiendo desde hace varias generaciones. Tras la denuncia de los Servicios Sociales municipales, la Guardia Civil inició una investigación, motivo por el cual se ha podido proceder a la suspensión del proceso de desahucio, hasta que se resuelva definitivamente si hubo delito y si la pérdida de la referida vivienda familiar fue fruto del mismo. Así, junto a la paralización del lanzamiento, se está pendiente de la suspensión definitiva del proceso hasta que se resuelva el caso.
Por otro lado, desde Base 25, y en colaboración con el Cabildo de Tenerife y el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno regional, el pasado día 15 de junio se logró paralizar el desalojo de 9 familias, varias de ellas con menores de edad, de un edificio de San Isidro, en Granadilla de Abona, y se ofrecieron distintas alternativas alojativas a otras 9 unidades familiares afectadas por un alzamiento en otro inmueble de la misma localidad. Actualmente, se continúa trabajando junto al Ayuntamiento y la Plataforma por la Dignidad de la Vivienda Montaña Clara, en la identificación de situaciones similares en otros edificios que se encuentran ocupados.
De igual modo, ayer mismo se llegó a un acuerdo con Bankia para facilitar un alquiler social a una familia de cuatro miembros, uno de ellos un menor de 4 años, que residían en una vivienda de Las Chumberas, en La Laguna, sobre la que pesaba una orden de lanzamiento. La familia, a la que una gestora del banco le había permitido continuar pagando el alquiler de la casa en la que vivían, iba a ser desalojada por la extinción del contrato de arrendamiento del inmueble, que previamente había pasado de la propietaria al banco por ejecución hipotecaria. Llegados a este punto, la mediación de Cáritas Diocesana de Tenerife, junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo insular ha permitido a la familia continuar residiendo en la vivienda, abonando un alquiler social de 150 euros.
Paralalemente, Cáritas Diocesana de Tenerife está trabajando junto a las administraciones públicas en la constitución de un parque de viviendas en régimen de alquiler social, a las que podrán acceder los beneficiarios del proyecto “Base 25”. Es condición sine qua non para acceder al programa que la unidad convivencial no tenga una alternativa alojativa y que acepte un proceso de acompañamiento e intervención a través de un equipo multidisciplinar, para incidir en las causas que originaron la situación en la que se encuentra.
Cáritas Diocesana de Tenerife tiene casi 40 años de experiencia en el acompañamiento de personas en situación de sin hogar desde diferentes recursos (trabajo de calle, acogida, acompañamiento, servicios de día, dispositivos residenciales, etc). En 2016, la entidad atendió a 495 personas, dando alojamiento y cobertura en sus necesidades básicas a 322 personas.
