En la isla de El Hierro se ubicaba uno de los empresarios detenidos, responsable de un conjunto de mercantiles del ramo, que recurrió a una tercería de dominio con la intención de evitar el embargo de cuatro fincas urbanas tituladas por la sociedad deudora.

Agentes de la Policía Nacional han destapado en las islas de Tenerife y El Hierro, ambas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un fraude a la Seguridad Social realizado a través de tramas empresariales del sector de la construcción.

En total, el perjuicio producido a la Tesorería General de la Seguridad Social se eleva a 981.442 euros, llevado a cabo por sociedades radicadas en los partidos judiciales de Valverde, La Orotava, Arona y Santa Cruz de Tenerife. Once personas han sido detenidas por su presunta participación en tramas empresariales implicadas en un total de 16 delitos.

Los empresarios arrestados resultaron ser los responsables de cada una de estas tramas societarias, en las que se trasladaba la actividad de unas a otras con el ánimo de seguir trabajando sin abonar los seguros sociales de los trabajadores ni los propios.

La sociedad o el empresario individual sustentaba la actividad comercial generando deuda, sorteando el consiguiente procedimiento ejecutivo de embargo mediante el empleo de otras mercantiles que sustituían a las deudoras, con la misma realidad de negocio, dirección, trabajadores y clientes, pero aparentando ser personas jurídicas distintas.

Se utilizaban empresas o personas físicas interpuestas para ocultar o dificultar la identificación del obligado al pago o la localización de su patrimonio y, en definitiva, al verdadero responsable de estas actuaciones ilícitas.

Esto ha supuesto la imputación de cuatro delitos contra la seguridad social a los responsables o administradores de hecho y a los testaferros o administradores de derecho, generando así un importante fraude directo por impago de cuotas y una reseñable competencia desleal con otros empresarios del sector, mientras ellos incrementaban sus márgenes de beneficios.

En el análisis patrimonial de las empresas y de sus responsables, por sus datos de retribuciones, operaciones con terceros y volúmenes de movimientos de fondos en cuentas bancarias, se han revelado incongruencias y evidencias suficientes que señalan el ánimo defraudatorio.

También ha quedado en evidencia la voluntad de evitar los procedimientos en vía ejecutiva, a través del análisis de las escrituras realizadas por los implicados, que ha puesto al descubierto hasta doce operaciones en las que se frustra la ejecución de los embargos, iniciados en los respectivos procedimientos de apremio seguidos a causa de las deudas mantenidas con la Seguridad Social.

Los agentes determinaron la participación delictiva de once personas, incluyendo a los responsables y sus testaferros, a los que se les considera autores o colaboradores en los delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución, en sus diversas modalidades.

Tercerías de dominio y alzamiento de bienes

Estos entramados empresariales tienen en común la realización de maniobras en las que los detenidos habían dispuesto del patrimonio generado en el negocio de la construcción, bienes muebles e inmuebles, en perjuicio de la Seguridad Social, dilatando, dificultando o impidiendo la realización de embargos en los procedimientos ejecutivos ya iniciados y notificados a los empresarios deudores.

En la isla de El Hierro se ubicaba uno de los empresarios de la construcción detenidos, responsable de un conjunto de mercantiles del ramo, el cual, mediando la participación de tres personas interpuestas, recurrió a una tercería de dominio con la intención de evitar el embargo de cuatro fincas urbanas tituladas por la sociedad deudora.

Esta empresa acumuló impagos entre los años 2014 y 2018, que dieron lugar a la realización de embargos sobre estos bienes inmuebles, frustrados por esta maniobra en la que el detenido, con la ayuda de hasta tres testaferros, esgrimió un mejor derecho de un tercerista mediante la simulación de una compraventa previa de las fincas referidas.

Las investigaciones realizadas revelaron que se había realizado maniobras con la finalidad de ocultar que el verdadero y último propietario de estos inmuebles, antes y después de la compraventa, siempre fue la misma persona.

En los términos municipales de Arona, Adeje, Valle de San Lorenzo y Las Chafiras, tenía una presencia relevante otro de los empresarios detenidos.

En este caso, el empresario venía acumulando deudas y procedimientos de apremio desde el año 2013 en adelante como empresario individual y como responsable de hecho de un entramado de sociedades encabezadas por testaferros.

A este empresario también se le considera responsable de hasta nueve operaciones en las que se alzan bienes en perjuicio de la Seguridad Social.

Se trata de dos camiones, seis fincas y diversa maquinaria de relevante valor que cambian de titular, pasando a nombre de terceros mediante compraventas a particulares (no relacionados y testaferros), donaciones a su cónyuge, aportaciones y ampliaciones de capital a mercantiles bajo su control.