La carretera TF-66, en el municipio tinerfeño de Arona, una vía que ya padece problemas habituales de saturación y colapsos durante las horas punta, ha registrado en las últimas semanas un severo agravamiento de sus retenciones, paralizando la conexión entre las poblaciones de El Fraile y Las Galletas con la autopista TF-1. El origen de este nuevo estrangulamiento circulatorio radica en los trabajos de instalación de vallado en la calzada por parte del Cabildo, unas tareas que se han ejecutado coincidiendo plenamente con los tramos horarios de mayor afluencia de vehículos.
La decisión de acometer estas labores durante la franja de máxima densidad de tráfico ha generado un fuerte impacto en la ya de por sí complicada movilidad del sur de la isla. Las extensas colas han provocado perjuicios directos a la actividad económica de la zona, ocasionando retrasos considerables tanto en el desplazamiento de las trabajadoras hacia sus puestos de empleo como en el transporte de suministros esenciales y mercancías.
Ante esta situación, los conductores y residentes afectados de estos núcleos, que ascienden a los 25.000 habitantes según los datos demográficos del Ayuntamiento de Arona, han manifestado una profunda indignación frente a la gestión de la administración insular. Los usuarios denuncian una absoluta falta de previsión, argumentando que, dada la vulnerabilidad y el volumen de tráfico diario de esta carretera, cualquier tipo de intervención en el trazado viario debería programarse exclusivamente en horario nocturno. Esta medida resulta imprescindible para garantizar un mínimo de fluidez en el tráfico diurno y evitar el bloqueo total de las comunicaciones en la comarca.
Asimismo, el malestar ciudadano ha trascendido la propia queja logística para convertirse en una crítica directa a la clase dirigente. Las personas afectadas por estas retenciones advierten que sus denuncias sobre la deficiente planificación de las infraestructuras públicas suelen ser tergiversadas por algunos responsables políticos. En este sentido, los usuarios anticipan y rechazan que desde las instituciones se les acuse de actitudes turismofóbicas o irresponsables por el simple hecho de exigir unos servicios y unas vías de comunicación eficientes, dimensionadas y acordes a las necesidades reales de la población local.
