La creciente problemática de los asentamientos ilegales en Tenerife ha llevado a las autoridades municipales de Arona, insulares, autonómicas y cuerpos de seguridad del Estado a unir fuerzas en busca de soluciones efectivas. En una reunión celebrada en el Ayuntamiento, se sentaron las bases para un protocolo de actuación común que garantice una gestión coordinada y respetuosa del territorio.
Un esfuerzo conjunto contra un problema multifactorial
El encuentro contó con la presencia de la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, junto a concejales y técnicos municipales. También asistieron Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias; Montserrat Ortega, directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural; Águeda Fumero, consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife; y representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Canaria y Policía Local.
Lemes Reverón fue clara en señalar que “la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad es fundamental para afrontar esta problemática con eficacia, garantizando al mismo tiempo la protección de nuestro entorno. Dada la dimensión del problema, es necesario el trabajo conjunto entre administraciones para abordar un asunto que traspasa el ámbito urbanístico y trasciende al social”.
Hacia un protocolo unificado y medidas de seguimiento
Durante la reunión se subrayó la necesidad de establecer un plan de actuación común e igualitario entre todas las administraciones implicadas, lo que dio lugar a la creación de un protocolo unificado. Este protocolo tiene como objetivo optimizar la eficacia de la respuesta ante estas situaciones mediante la coordinación y el trabajo conjunto de las diferentes fuerzas y administraciones.
También se abordó la dimensión social del problema, con especial atención al sinhogarismo, para evitar la proliferación de asentamientos y chabolismo, planteando la necesidad de una visión transversal que no se limite al ámbito municipal.
Además, se acordó la creación de una comisión técnica de seguimiento que supervisará el desarrollo y la implementación de las acciones establecidas, con el fin de garantizar que las medidas sean coherentes y efectivas a lo largo del tiempo.