Sí se puede denuncia que el Ayuntamiento de Arico pretende cobrar miles de euros por una obra no ejecutada.
Sí se puede denuncia que el Ayuntamiento de Arico pretende ejecutar el cobro forzoso de 1.480.356,27 euros a gran parte de los vecinos de Abades por la urbanización de dos zonas del barrio. La medida puede afectar a más de 465 propiedades distribuidas entre las comunidades de propietarios, Cantera del Sol y Cantera de Abades, afectadas por un proyecto conjunto del Plan Parcial de Abades.
Cada persona propietaria de viviendas en estos núcleos ha recibido, hace apenas unos días, una carta del Ayuntamiento en la que se les informa sobre su obligación de pagar miles de euros cada una de ellas hasta alcanzar un montante total de 1.480.356,27 euros. El procedimiento utilizado para el cobro ha sido la exigencia del abono de dichas cantidades por parte del Consorcio de Tributos. A juicio de Sí se puede, el mecanismo empleado presenta posibles irregularidades, puesto que “el Ayuntamiento no puede cobrar a los vecinos hasta que concluya la urbanización y no antes, como pretende, según el artículo 256.1 de la Ley de Suelo para casos como este de urbanización mediante ejecución forzosa”, según afirma el concejal ecosocialista en la corporación, Sebastián Martín.
Se da la circunstancia de que todos los servicios de la zona –asfaltado, aceras, alumbrado público…– fueron financiados a partir de las aportaciones de las personas residentes. Dado que hubo problemas para concluir el proyecto de urbanización, se llevó a cabo una serie de negociaciones en las que se acordó con el Ayuntamiento su ejecución forzosa, un procedimiento que ha estado plagado de retrasos, inacción del grupo de gobierno e irresponsabilidad por parte de todos los gobiernos municipales.
Plazos vencidos y deuda prescrita
A juicio de Sí se puede, la gran irresponsabilidad del Ayuntamiento de Arico reside en intentar cobrar una deuda que, según apunta la legislación consultada, podría estar prescrita. “La ley General Tributaria es clara en estos casos y existe jurisprudencia en este sentido: no se pueden cobrar recibos de este tipo si han pasado más de cuatro años, tal y como está recogido en el artículo 66 a, de esta ley”, señala Martín, quien cita textualmente el punto tal como está redactado: “Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación […]”.
Además, si todas estas razones fueran pocas, el concejal ecosocialista apunta otro factor condicionante que protege los derechos de las personas residentes frente a los intentos de cobro por parte del Ayuntamiento: los plazos del convenio firmado con la empresa Gestur para la realización de la obra también han vencido.
