El Pleno del Ayuntamiento de Adeje abordará este martes, 30 de junio, la posibilidad de ampliar los límites y reforzar el blindaje del Sitio de Interés Científico de La Caleta-Diego Hernández. La medida será debatida a raíz de una iniciativa presentada por Gabriel González, concejal del Grupo Mixto en representación de Podemos Adeje, que plantea una reorganización del espacio para frenar el deterioro derivado de la actividad humana.
El paraje natural costero, catalogado administrativamente como T-40 y declarado en su totalidad Área de Sensibilidad Ecológica, comprende en la actualidad una extensión de 78,3 hectáreas. Sus normas de conservación certifican la presencia de comunidades de un alto valor biológico y ambiental, a lo que se suman unas características geológicas y geomorfológicas muy peculiares. No obstante, el promotor de la propuesta municipal advierte de que “la superficie protegida actual resulta insuficiente para garantizar la conservación de estos valores ante la presión urbana, turística y recreativa del entorno”.
Para mitigar este impacto, el documento insta al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife a que inicien, en coordinación con el propio Ayuntamiento de Adeje, los estudios técnicos, ambientales, urbanísticos y jurídicos necesarios. El objetivo de estos análisis es evaluar la incorporación al espacio protegido de terrenos colindantes que actualmente están sin edificar, en desuso o degradados, pero que poseen capacidad de restauración ecológica y paisajística.
Sobre este punto, González defiende un cambio de enfoque en la gestión del territorio: “Proteger no significa conservar únicamente aquello que permanece intacto. También significa recuperar suelos degradados y zonas de borde antes de que desaparezcan definitivamente bajo la presión urbanística”.
Más allá de la mera ampliación de fronteras, la moción solicita al Ejecutivo autonómico que estudie la creación de una zona periférica de protección, amparándose en el artículo 183 de la Ley 4/2017. Esta franja actuaría como un amortiguador para reducir los impactos ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior. De forma paralela, se reclama al Cabildo insular la ejecución periódica de estudios que monitoricen de cerca el estado de los hábitats, las especies y los valores geológicos, así como el nivel de las presiones externas que amenazan el lugar.
La carga que soporta este entorno requiere intervenciones continuas, tal y como reflejan los datos de gestión recientes. Durante el año 2025, los operativos retiraron un total de 750 kilos de residuos del interior del área protegida y se llegaron a levantar 68 actas de infracción. Para paliar esta situación, en 2026 se dio por concluido un plan de restauración medioambiental que supuso una inyección de 487.000 euros. Estos fondos se destinaron a la recuperación de la red de senderos, la erradicación de especies invasoras y la plantación de cerca de 3.500 ejemplares de flora autóctona.
Si bien desde podemos valoran estas actuaciones patrimoniales de forma positiva, alertan de que serán estériles si el enclave natural termina quedando aislado por el crecimiento de las urbanizaciones perimetrales. “Diego Hernández necesita una protección real, con mayor superficie, conectividad ecológica y medidas estables que garanticen su conservación a largo plazo”, concluye el concejal.





