Labajos cree que el Colegio Oficial incumple el Estatuto General ante la dificultad de contar con un letrado para denunciar a Farnés.

El empresario tinerfeño, José Ana Labajos, considera que la imposibilidad  a la que se enfrenta para contar con un abogado que presente ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una querella contra la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, demuestra que existe reparos entre los letrados a denunciar la presunta corrupción que se localizaría en el entorno del Ministerio Público. El empresario quiere poner en conocimiento de los juzgados las diversas irregularidades, concretamente tipificadas, que bajo su punto de vista se han sucedido en la instrucción del conocido como caso Fórum–Tenerife que se inició hace ya once años.

El empresario presentó a finales del pasado mes de junio ante el Colegio Oficial de Abogados una petición de asistencia jurídica, ante la dificultades que tiene para contar con los servicios de un letrado que interponga una querella. La asistencia jurídica, como no puede ser menos, debe ser acorde a lo contemplado en los propios estatutos del Colegio, incluida la designación de un letrado de oficio.

El empresario apunta que después de hablar con ocho abogados tinerfeños y tres de Madrid, “ninguno ha estado por la labor de defender la denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente, lo que demuestra la impunidad de la corrupción cuando ésta anida en el entorno de las fiscalías, lo que ocurre algunas veces, como podría ser en este caso”. El empresario entiende que la inhibición de los letrados no tiene su base en que la denuncia no esté “perfectamente diseccionada y motivada”, sino seguramente ante el temor a posibles represalias, “lo que en cierta manera me parece hasta explicable”.

Labajos cree que no deja de ser “reprochable socialmente” la indefensión de las empresas de la construcción y de sus administradores. Al respecto apunta que la representación de este sector, la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (Fepeco), “se ha convertido en una simple oficina informativa, que presta un trabajo eficaz a sus miembros, pero que nos deja huérfanos de un dispositivo jurídico que garantice nuestra defensa, como ocurre con el más humilde de los obreros”. Recuerda que durante las últimas tres décadas ha apostado por una organización que ejerza la defensa judicial de sus miembros y la despolitización.

Labajos relata que la denuncia contra la fiscal Anticorrupción fue inicialmente presentada ante la Fiscalía General del Estado el pasado mes de marzo. Poco después se le informó de la apertura de un expediente gubernativo y seguidamente del archivo de las actuaciones. El empresario ponía en conocimiento ante la Fiscalía General del Estado, entre otras cuestiones, el auto de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) que a finales de 2014 decidió sobreseer las acusaciones tanto en contra del exalcalde, Miguel Zerolo, en aquel momento aforado como senador de la Comunidad Autónoma, como para el empresario tinerfeño. Finalmente, el pasado mes de junio el Juzgado de Instrucción número 5 acordó el archivo del supuesto delito de cohecho después de que la Fiscalía se negara durante años a hacer extensible el sobreseimiento al empresario.

Por lo anterior y ante otras desviaciones, el empresario pidió a la Fiscalía General del Estado que investigara la posibilidad de que las Diligencias Previas estén “contaminadas” por haberse convertido esta instrucción posiblemente en una Causa General, como considera que se ha demostrado “detalladamente” en la denuncia presentada.

El empresario critica que el fiscal de Las Palmas encargado de investigar la denuncia, remitida desde el Inspector Jefe de Madrid, ni siquiera ha iniciado investigación alguna. Labajos es consciente de que el Ministerio Público goza de plena autonomía para decidir cuando resulta aconsejable la judicialización o no de un asunto. Pero acto seguido apunta que “en ningún momento se da licencia al fiscal investigador para que permanezca inmóvil ante una denuncia concreta y documentada, en la que al menos tendría que iniciar una investigación, cuando la misma consta de casi 400 folios.”

De hecho, en el propio escrito del Ministerio Público se viene a reconocer “de plano” que no se ha llevado a cabo ningún tipo de diligencias, por lo que el empresario solicita que se cumpla con la circular del fiscal general 2014.3, en el que se aconseja que para agilizar y dinamizar los procesos, el propio Ministerio Público remita al Juzgado de Instrucción correspondiente, la denuncia presentada para la apertura del procedimiento adecuado.

El pasado 27 de junio el fiscal jefe inspector de Madrid, indicó al denunciante por segunda vez, la posibilidad de presentar la denuncia ante el juez competente. Actualmente, el empresario está en ello, para lo cual necesita contratar a un letrado. “En definitiva, y contrariamente a los comentarios descalificadores de algún medio, la última palabra la tendrá el juez de instrucción correspondiente: esta historia no ha hecho más que comenzar”.