Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, han instruido diligencias en las que investigan a un varón de 57 años de edad, vecino del municipio de San Cristóbal de La Laguna, como presunto autor de un delito contra la Fauna.

Operación IOHANNES

Como consecuencia de la aplicación del recientemente aprobado Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES) y en desarrollo de la Operación IOHANNES, durante la inspección de diversos establecimientos comerciales, los agentes de la Guardia Civil incautaron de un comercio de compra- venta de objetos de segunda mano ubicado en Santa Cruz de Tenerife y regentado por el ahora investigado, 29 tallas de marfil de elefante con distintas formas (3 cocodrilos, hortalizas, piezas de ajedrez y un tablero de ajedrez con incrustaciones de marfil), un tintero conformado por 2 colmillos de hipopótamo y 2 conchas de Nautilus spp., comprobando que éstas habían sido adquiridas por un importe de 400 euros, careciendo su propietario de la preceptiva documentación que acreditase su legal procedencia.

Según la Dirección Territorial de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo las piezas intervenidas tienen una valoración aproximada de 7.000 euros.

Tipificación del delito.

El ahora investigado se enfrenta a un delito tipificado en el artículo

334.1 apartado b) del vigente Código Penal, por realizar comercio ilícito de partes y derivados de especies protegidas de fauna silvestre incluida en el Reglamento CE 338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la Protección de Especies de la Fauna y Flora Silvestres mediante el Control de su Comercio y en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna silvestres (C.I.T.E.S.) hecho en Washington el 03 de marzo de 1973.

Todos las partes y derivados de las especies silvestres indicadas fueron intervenidas y depositadas en las dependencias de la Autoridad Estatal competente ya que, independientemente de la posible sanción penal, que castiga esta acción con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 8 a 24 meses y, en todo caso, con inhabilitación especial para profesión u oficio así como para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de 2 a 4 años, se instruyó denuncia administrativa por una infracción a la normativa sobre represión del contrabando.