Un vivero clandestino de aguacates, instalado en una nave industrial del municipio tinerfeño de El Rosario, ha sido desmantelado tras una operación conjunta entre agentes del SEPRONA de la Guardia Civil y técnicos del Área de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias y el apoyo de la Policía Local.
La intervención permitió descubrir un entramado de producción vegetal que operaba al margen de la ley, con 14.000 plantas en distintas fases de crecimiento, desde semilla germinada hasta ejemplares de una sabia listos para ser trasplantados a explotaciones agrícolas del archipiélago.
El vivero funcionaba en el interior de un conjunto de naves de unos 700 metros cuadrados, donde se llevaban a cabo los procesos de germinación de semillas —conocidas como “pipos”— y el desarrollo vegetativo de las plantas hasta su etapa de plantón. Todo ello sin contar con las licencias municipales de actividad ni con las autorizaciones sectoriales en materia de sanidad vegetal requeridas por el Ejecutivo autonómico.
Durante la inspección, los agentes sorprendieron a dos personas en plena faena comercial, aunque ninguna de ellas figuraba como trabajadora registrada en la Seguridad Social. Esta circunstancia agrava el caso, pues podría derivar en infracciones muy graves en el ámbito laboral y fiscal, sancionables con multas que oscilan entre los 3.100 y los 10.000 euros.
La situación se complicó aún más cuando los efectivos encontraron productos fitosanitarios almacenados en el recinto. Muchos de ellos contenían compuestos prohibidos, carecían de etiquetado y no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad exigidas por la normativa. La ley 43/2002 de Sanidad Vegetal contempla sanciones de hasta 120.000 euros para este tipo de prácticas, consideradas graves o muy graves.
Ante la gravedad de los hechos, los inspectores procedieron al precinto inmediato de la actividad, limitando el acceso exclusivamente al cuidado de los vegetales, que han quedado bajo la custodia del titular del recinto. Las 14.000 plantas de aguacate fueron intervenidas como parte de las diligencias abiertas.
La investigación continúa en curso y no se descarta la aparición de nuevas irregularidades, tanto administrativas como de índole penal. Las actas correspondientes ya han sido remitidas a los organismos competentes para que valoren la imposición de sanciones en los distintos frentes afectados: sanidad vegetal, seguridad laboral y fraude económico.
