Agentes del Destacamento de Protección de la Naturaleza (Deprona) Garajonay de la Guardia Civil, en el marco de un control rutinario de la actividad pesquera en las aguas de La Gomera, detectaron un vehículo tipo furgoneta isotérmica estacionado en San Sebastián. El vehículo desprendía un fuerte olor a pescado y, además, vertía líquido a la calzada, que aparentemente consistía en agua y sangre.
Tras comprobar el vehículo, los agentes realizaron gestiones para identificar y localizar al propietario, quien fue ubicado y permitió que se llevara a cabo una inspección. En el interior del vehículo, los agentes encontraron varias neveras con lo que parecía ser atún rabil sobresaliendo por su parte superior.
Durante la inspección, se observó que las condiciones de transporte de los productos pesqueros no cumplían con los estándares adecuados. Las piezas estaban almacenadas en bolsas de hielo comercial, pero el interior de los recipientes contenía una gran cantidad de agua y sangre. El pescado fue pesado, resultando un total de 446 kilos. Además de atunes rabiles, las neveras también contenían atún sierra, pargos y bocinegro. En la zona de carga del vehículo, junto al pescado, se hallaron tres garrafas plásticas con 50 litros de combustible diésel.
Al solicitar al propietario la documentación que acreditara la trazabilidad y el origen de los productos, no pudo presentar ningún tipo de papelería que verificara el origen de los peces capturados.
Ante la falta de trazabilidad y las malas condiciones de transporte, se procedió a la incautación del pescado, que fue trasladado al Complejo Medioambiental del Revolcadero, en San Sebastián de La Gomera, para su destrucción final. Esta medida se tomó para evitar que los productos pudieran ingresar a la cadena alimentaria, dada la grave amenaza para la salud pública que esto supondría.
Como resultado de la actuación, los agentes levantaron dos actas de denuncia por infracciones graves de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, con sanciones que oscilan entre los 601 y los 60.000 euros. Asimismo, se levantaron tres actas de denuncia en virtud del Reglamento (CE) nº 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.
