Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo Pegaso de la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur, han denunciado a dos varones tras ser sorprendidos pilotando dos aeronaves no tripuladas en la zona de la Bahía de El Médano. Los individuos, residentes en Reino Unido y Barcelona respectivamente, se encontraban operando los dispositivos incumpliendo diversos preceptos de la Ley de Seguridad Aérea, sin los permisos pertinentes y careciendo de la documentación obligatoria para este tipo de vuelos.
La intervención se produjo en el marco de las labores habituales que presta el cuerpo para garantizar la seguridad aeronáutica en el entorno de las instalaciones aeroportuarias. Al localizar los drones en vuelo, los agentes comprobaron que la actividad se estaba desarrollando en un espacio aéreo estrictamente controlado debido a su gran proximidad al aeropuerto Tenerife Sur. Los pilotos operaban sin haber solicitado la debida autorización a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y sin haber establecido ningún tipo de coordinación previa con los controladores aéreos. Durante la identificación, se constató además que ninguno de los dos varones figuraba en los registros oficiales como operador de la AESA.
Ante la gravedad de los hechos, ambos pilotos han sido denunciados por una serie de infracciones administrativas que han sido remitidas a la Agencia Española de Seguridad Aérea, al Cabildo y a la Subdelegación del Gobierno de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según las competencias de cada organismo.
En el ámbito estricto de la navegación, se les atribuye el haber llevado a cabo operaciones aéreas dentro de las zonas geográficas de UAS (Sistemas de Aeronaves no Tripuladas) restringidas por motivos de seguridad operacional en el entorno aeroportuario, sin la necesaria coordinación con el gestor del aeropuerto Tenerife Sur ni con el proveedor del servicio de control aéreo. Esta acción vulnera la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, en concordancia con el reciente Real Decreto 517/24 que regula el uso de aeronaves civiles no tripuladas.
Amparados en esta misma Ley de Seguridad Aérea y en su concordancia con el Reglamento (UE) 2019/947 relativo a las normas de utilización de estas aeronaves, los agentes han formulado denuncias adicionales por otras tres irregularidades operativas: no estar registrados como operadores, no identificar la aeronave con el número de operador correspondiente y, finalmente, incumplir las condiciones operacionales que rigen la categoría abierta de vuelo.
A las faltas en materia de seguridad aérea se suman infracciones de carácter medioambiental y de seguridad pública. Por un lado, los implicados sobrevolaron la Reserva Natural Especial de Montaña Roja sin contar con la preceptiva autorización. Esto supone una vulneración de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en relación con el artículo 25, apartado 18, del Plan Director de dicha reserva, cuya autoridad competente sancionadora es el Área de Fauna y Flora del Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, la Guardia Civil constató el incumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, al no haber comunicado previamente al Ministerio del Interior el desarrollo de estas operaciones en entornos urbanos.
Las autoridades competentes han advertido de la severidad de estas conductas. Al tratarse de infracciones cometidas por operadores de drones no comerciales, la normativa vigente estipula que cada una de las vulneraciones detectadas conlleva una sanción económica independiente, cuyo importe oscila entre los 60 y los 225.000 euros.
