La Fiscalía investiga las parcelaciones ilegales en Lomo Negro-El Fraile, Arona, tras la denuncia presentada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN). En anuncios en línea se ofertan estas subparcelas como terrenos aptos para construir viviendas, a pesar de que su uso residencial está prohibido por ley al estar clasificados como suelo rústico de protección agraria.
La colaboración entre el Ayuntamiento de Arona, el Seprona y la ACPMN ha permitido tomar medidas contra estas parcelaciones ilegales en la zona. En los últimos meses se han abierto expedientes, se han realizado precintos y se han dictado órdenes de restablecimiento a los parceladores que se han beneficiado de esta actividad perjudicando el medio ambiente y las reservas de suelo rústico con fines agrícolas en Canarias.
Los parceladores han sido multados con hasta 150.000 euros, y se ha trasladado el caso a la Fiscalía para investigar posibles delitos urbanísticos y medioambientales, según los artículos 319 y 325 del Código Penal. Estas acciones legales no solo se dirigen contra los parceladores, sino también contra los compradores.
El consejero en funciones de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, destaca que los únicos beneficiados de estas ventas fraudulentas son los parceladores, quienes continúan lucrándose al vender terrenos rústicos como si fueran de uso residencial.
Por otro lado, los compradores se enfrentan a problemas graves, ya que no podrán obtener licencias para construir o instalar viviendas en estos terrenos. Si realizan construcciones sin los permisos correspondientes, se enfrentarán a expedientes por infracción urbanística y multas de hasta 150.000 euros por parte de la ACPMN.
Valbuena también advierte que las personas que construyan sin licencia pueden enfrentarse a procedimientos judiciales penales y ser acusadas de un delito contra la ordenación del territorio, lo que conlleva penas de hasta cuatro años de prisión. De hecho, actualmente hay diligencias penales abiertas contra muchos de los propietarios que han construido o instalado viviendas en estas parcelas segregadas de forma irregular.
Estos terrenos no podrán reclasificarse como urbanos por al menos 20 años, según la Ley del Suelo de Canarias. Los parceladores, en su mayoría empresas creadas con este propósito, venden parcelas en suelo rústico de protección agrícola que han sido segregadas ilegalmente. Al violar los precintos impuestos por la Administración y desobedecer las órdenes de restablecimiento, incurren en responsabilidades legales.
El proceso consiste en la transmisión de porcentajes indivisos de la finca matriz, los cuales se detallan en contratos privados mediante planos. Esto genera mancomunidades de propietarios sobre la totalidad del terreno, sin tener una finca específica, lo que crea problemas sociales y de salubridad, además de no respetar los parámetros urbanísticos básicos. La gestión incorrecta de los residuos también causa problemas.
Estas parcelaciones ilegales y su posterior adquisición de terrenos rústicos generan dificultades para proporcionar futuras infraestructuras como carreteras, servicios sanitarios, educativos y deportivos. Se exige a las instituciones que provean estos servicios sin haber previsto suficiente espacio para su instalación.
La ACPMN enfatiza que la reclasificación de los suelos debe realizarse de acuerdo con la ley y a través de la planificación adecuada. No se pueden aceptar atajos que conviertan ilegalmente los suelos en urbanizables, ya que esto representa una injusticia y una desventaja comparativa para aquellos que siguen los procedimientos legales.
