Los residuos eran enviados a países donde las condiciones permitían mayores ingresos, a costa de provocar graves daños al ecosistema.

11 personas han sido detenidas/investigadas por su implicación en el tráfico ilegal de residuos peligrosos.

Se estima que este negocio ilegal mueve hasta 17.000 millones de euros anualmente.

La Guardia Civil y la Subdirección General de Economía Circular del MITERD, en el marco de la operación DENAY ha desarticulado varios grupos dedicados a la explotación ilegal de residuos peligrosos a terceros países procediendo a la detención/investigación de 11 personas, y la neutralización de varios flujos de residuos peligrosos a países con economías en desarrollo.

Esta operación, desarrollada en las provincias de Álava, Vizcaya, Salamanca, Valencia y Madrid, ha centrado el objetivo en varias empresas que, de manera sistemática, recolectaban y enviaban residuos peligrosos a países en los que el tratamiento, bien por la falta de medidas de protección ambiental, o bien por la mano de obra barata, generaba muchos más beneficios. Se estima que este negocio ilegal mueve hasta 17.000 millones de euros anualmente.

La organización se encargaba de adquirir los residuos en España, buscar los clientes en terceros países como Libia, Irak, Ghana, Guinea Bissau, etc. y eludir el control de la administración, llegando a utilizar para ello puertos de salida en Francia y Portugal.

Abanico de residuos

En la operación se ha podido identificar diversos flujos a distintas partes del mundo, en función del tipo de residuo.

Igualmente, se ha puesto al descubierto que las empresas implicadas enviaban disolventes industriales en grandes cantidades para ser eliminados en Libia. Al parecer, estos componentes eran vertidos al medio sin control alguno, lo que reducía enormemente los costes, aún a pesar de que el productor del residuo ya había pagado por su gestión.

La colaboración con las autoridades francesas alertó a las autoridades españolas, quienes iniciaron una investigación que permitió identificar a los responsables de la red. Asimismo, se pudo constatar la identificación de las empresas que se dedicaban a enviar motores de automóviles y camiones a Irak.

Beneficio obtenido

El beneficio consistía en extraer la parte útil de estos motores, o los materiales reciclables, y desechar el resto sin ningún tipo de gestión de reciclaje. La falta de control en algunos países conlleva que empresas ilegales envíen sin ningún miramiento cualquier tipo de residuo, como es el caso de los motores al final de su vida útil. La peligrosidad de este tipo de residuos se resume en que, simplemente con el vertido de los líquidos contenidos en estos motores se puede provocar una degradación de los suelos, y la contaminación de los acuíferos de la zona.

A partir de aquí una nueva línea de investigación se puso de manifiesto como unos gestores enviaban camiones despiezados a países africanos como Ghana o Guinea Bissau. El ilícito consistía en evitar los controles de la administración, para no abonar los costes de estas exportaciones. La falta de control en estos países africanos permitía el libre comercio de estas mercancías, que posteriormente podían ser recolocadas y puestas en circulación, o valorizadas, vertiendo o abandonando en el medio el sobrante.

En España, dado los procedimientos establecidos, la eliminación de estos residuos es costosa, y ello permite que la emisión o vertido al medio sea prácticamente nulo. En el momento que se reducen costes para aumentar el beneficio, comienza a producirse un daño sustancial al medio ambiente.

En total se han detenido e investigado a 11 personas, no sólo españoles sino también de nacionalidades siria, portuguesa, gambiana y holandesa.

Colaboración Internacional

La operación ha sido coordinada por Europol, y ha contado con la colaboración con las autoridades de Francia y Portugal.

Por otro lado, en España se ha contado con la ayuda de la Subdirección General de Economía Circular del MITERD para el análisis de documentación transfronteriza.