La operación CLAIMS se ha saldado con la detención de 7 personas y el registro de 6 domicilios y 2 inmuebles en las localidades baleares de Calviá y Palma.
Se estima que la organización podría haber defraudado más de 60 millones de euros.
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Claims” desarrollada en Islas Baleares, ha procedido a la detención de 7 personas pertenecientes a una organización dedicada a captar turistas británicos para que presentaran en su país de origen reclamaciones falsas por intoxicaciones alimentarias sufridas en el periodo vacacional en hoteles de Mallorca.
La operación se inició a finales del mes mayo, cuando la Guardia Civil recibió varias denuncias por parte de testigos y directores dehoteles de la zona turística de Alcudia en las que manifestaban que turistas británicos reclamaban, de forma fraudulenta, indemnizaciones por haber sufrido supuestas intoxicaciones alimenticias durante su estancia en los establecimientos hoteleros en los que se hospedaban en régimen de todo incluido.
Estos clientes eran captados por un grupo de personas dedicadas a la publicidad, bien en forma de propaganda manual y oral (tiqueteros), que ofrecían la gestión de las reclamaciones falsas abordando a los clientes por las inmediaciones de los exteriores de los complejos hoteleros e indicaban la metodología a seguir una vez regresaran a su país, normalmente Reino Unido.
Dicha práctica venía siendo habitual cada año, haciendo ganar dinero a los reclamantes y a sus representantes en detrimento de los hosteleros y touroperadores, quienes debían hacer frente económicamente a tales reclamaciones.
Por tal motivo, la Guardia Civil estableció un dispositivo de seguimiento sobre este grupo de personas dando como resultado la detención de los 7 integrantes de la organización y el registro de 6 domicilios y 2 locales comerciales en Calvià y Palma, en los que se ha intervenido documentación del entramado empresarial y financiero de la organización, así como de soportes informáticos para su análisis.
Los investigadores calculan que la estafa puede ascender a más de 60 millones de euros en todo el territorio nacional y en el período de 3 años.
Las diligencias y actuaciones se encuentran bajo secreto judicial.
