En los últimos dos años, la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha experimentado un preocupante aumento en las agresiones a policías y guardias civiles, rompiendo una tendencia de descenso que la mantenía al margen de la creciente ola de violencia contra las fuerzas de seguridad a nivel nacional.

En el año 2022, se registraron un total de 234 agresiones a agentes de la autoridad, lo que representa un incremento del 0,42% en comparación con las 233 agresiones reportadas el año anterior. Este ligero aumento se suma a la alarmante cifra del 10,95% registrada en 2021, una vez superada la pandemia, cuando estas infracciones penales se redujeron a 210 delitos en 2020.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, esta sucesión de incrementos en las agresiones a las Fuerzas de Seguridad del Estado durante los años 2022 y 2021 marca un quiebre en una tendencia histórica que había sido mucho más discreta que la media nacional. Según datos recientes proporcionados por la Confederación Española de Policía (CEP), en 2022 España alcanzó la cifra récord de atentados contra agentes de la autoridad en dieciséis años.

No obstante, es importante destacar que el impacto actual de los ataques a los servidores públicos en Santa Cruz de Tenerife sigue estando por debajo de la cifra más alta registrada en 2010, cuando se contabilizaron 321 delitos, lo que representa un 27,1% menos que los últimos datos disponibles.

Estos incrementos preocupantes en las agresiones a las fuerzas de seguridad durante los últimos dos años son motivo de inquietud para la CEP, que ha venido denunciando esta tendencia durante algún tiempo. Además, casi el 70% de los ataques contra agentes de la autoridad en la provincia tienen como víctimas a policías nacionales, lo que plantea una seria amenaza para la seguridad de los miembros de las fuerzas de seguridad.

En respuesta a esta preocupante situación, la CEP ha lanzado la campaña “Tiene Delito“, destinada a denunciar el creciente peligro de las agresiones a los policías. Esta situación se relaciona con la pérdida del principio de autoridad y la falta de sanciones penales adecuadas para quienes agreden a un agente de la autoridad. Actualmente, esta es la principal preocupación del colectivo policial, que siente que no está suficientemente respaldado, tanto en términos físicos como legales.

Además de la campaña, la CEP ha producido un documental titulado “¿Quién nos protege?” disponible en la plataforma Amazon Prime Video. Este documental muestra una realidad generalmente oculta para la población, revelando que los policías corren el riesgo de resultar heridos, lesionados o incluso perder la vida en acto de servicio. También aborda la trágica realidad del suicidio entre los agentes de policía debido a la presión constante que conlleva su trabajo.

La CEP hace un llamado a que la profesión policial sea segura, con los recursos necesarios y la protección jurídica adecuada para que el principio de autoridad pueda ser restablecido.

Entre las medidas propuestas se incluyen el refuerzo de normativas como el Código Penal o la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la unificación de criterios de la Fiscalía General del Estado en todo el país, la adquisición y distribución masiva de pistolas eléctricas y otros medios de protección, la implementación de un programa formativo integral en técnicas de autoprotección y defensa policial, y la contratación de seguros adicionales que cubran las fianzas exigidas a los policías como resultado de sus intervenciones.