El Grupo Parlamentario Popular en Canarias ha establecido como prioridad esclarecer las supuestas irregularidades que, según se informa, han costado a las arcas canarias alrededor de 45 millones de euros en material sanitario.

Los diputados están particularmente interesados en cómo se gestionaron estos fondos durante la pandemia bajo la administración del Gobierno de Ángel Víctor Torres.

Los diputados Luz Reverón, Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo, que formarán parte de la comisión de investigación, han expresado su deseo de escuchar las explicaciones de los miembros del Gobierno de Torres. Según ellos, estas personas “no hicieron nada” para frenar lo que ellos llaman el “supuesto pelotazo de las mascarillas”.

A pesar de que el Pacto de las Flores calificó el Caso Mascarillas como un caso aislado, los diputados argumentan que las ramificaciones del Caso Mediador, la trama Koldo y las adjudicaciones de obras sospechosas demuestran una falta de rigor y transparencia en el gasto de los fondos públicos.

Entre los ejemplos citados se encuentran los 12 millones de euros adjudicados a los “recomendados” por el hombre de paja del ministerio de Transportes, los 4 millones pagados a la empresa RR7 por un millón de mascarillas “que nunca llegaron”, los casi 23 millones en material sanitario que la Fiscalía de Las Palmas está investigando, y los 3,1 millones de euros gastados en pruebas PCR y de antígenos gratuitos para la detección del covid-19 a residentes canarios que regresan en avión o barco desde la Península.

Los diputados se preguntan por qué se ignoraron las advertencias de los técnicos de Sanidad, quién permitió a una empresa que nunca había operado en Canarias recibir un pago de 12 millones de euros del SCS, y quién autorizó una segunda oportunidad a una empresa que no cumplió con su contrato.

Estas son solo algunas de las preguntas que, según los diputados populares, aún no han sido respondidas. Esperan que estas cuestiones, junto con muchas otras, puedan ser esclarecidas en el transcurso de la comisión de investigación que hoy comienza en el Parlamento de Canarias.