El pleno del Ayuntamiento de Granadilla de Abona llevó a cabo su sesión ordinaria el 30 de noviembre, en la que se incluyó de manera urgente una propuesta presentada conjuntamente por el grupo municipal socialista y el grupo popular. Esta propuesta respalda el “protocolo regulador del servicio de autotaxi del aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía”, presentado por la Asociación de Autotaxis de Granadilla de Abona ante el Ayuntamiento.

Dentro de la propuesta, se expresó la oposición a la declaración del aeropuerto como zona sensible, contradiciendo la postura de la Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila.

Es relevante mencionar que semanas atrás, la alcaldesa de Granadilla ya se había reunido con las asociaciones de taxis de Granadilla y la Federación de Taxis de Canarias (FEDETAX) para trabajar en un protocolo de acción ante esperas superiores a veinte minutos por un taxi en el recinto aeroportuario.

Posteriormente a estos acontecimientos, Dávila se reunió con los representantes de los taxis de Granadilla y FEDETAX, donde las partes involucradas presentaron por escrito los métodos en los que se estaba trabajando desde Granadilla de Abona, por iniciativa de Miranda y los propios taxistas, para mejorar el transporte en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en función de la demanda.

En este contexto, el consistorio ya trabajaba con un jefe de parada en el aeropuerto, encargado de organizar la recogida de clientes y el abastecimiento de taxis, explicando que debido a los “problemas de tráfico”, este jefe de parada permitiría a los taxis de otros municipios, que estén dejando clientes, recoger nuevos pasajeros para ”mitigar la falta de transporte de regreso al aeropuerto tras los atascos”. Esta medida tomada a modo de urgencia se debe a la política interna de Granadilla y no al Cabildo Insular.

Para formalizar esta medida, el pleno de Granadilla aprobó la idea con el respaldo de todos los partidos presentes, estableciendo que en situaciones de espera superior a los veinte minutos, se activaría un procedimiento que permitiría el acceso al recinto de las unidades de Granadilla de Abona y San Miguel de Abona que no estén de guardia en sus respectivos municipios. Y solo si estas unidades no fueran suficientes, se autorizará a los taxistas de otros municipios a recoger pasajeros, siempre y cuando hayan llegado al aeropuerto para dejar clientes. Este aspecto es supervisado por un Jefe de Parada responsable en el aeropuerto quien se encarga de gestionar la medida.

La Alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, enfatizó que el sector del taxi en Granadilla no es responsable de lo que sucede en el aeropuerto, argumentando que las colas cotidianas, una experiencia compartida por todos los habitantes del sur, son las culpables de extender los viajes habituales de treinta a cuarenta minutos, a más de una hora y media.

Miranda señaló que las declaraciones de Rosa Dávila, donde afirmaba que el aeropuerto estaba “secuestrado“, no son adecuadas para una Presidenta del Cabildo. Además, reafirmó la postura de Granadilla en contra de respaldar la declaración del aeropuerto como zona sensible. Agradeció el respaldo recibido por parte de otras fuerzas políticas, como Coalición Canaria en Granadilla y VOX.

Es importante señalar que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular son partidos que lideran bajo pacto actualmente la gestión insular, mismos partidos que a nivel local van en contra de los planteamientos de Dávila en su declaración del aeropuerto del sur como área sensible.

Por otra parte, en la reunión, además del respaldo al protocolo, también se acordó solicitar al Cabildo Insular y al Gobierno de Canarias la implementación urgente de medidas para aliviar el problema de tráfico en el sur de Tenerife. “Esta situación afecta no solo a los taxistas, sino también a miles de trabajadores del sector turístico y de servicios que quedan atrapados a diario”.

Es importante recordar que en la última reunión del Cabildo, la propuesta de Rosa Dávila se centró en estudiar las posibilidades de establecer el aeropuerto como área sensible. A esta idea se le plantea la necesidad de realizar un informe socioeconómico del recinto aeroportuario que acredite la falta de servicios a pasajeros o la insuficiencia de transporte, según lo establece la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias en su artículo 86.