Durante el debate sobre los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, el Parlamento de Canarias ha dado luz verde a una enmienda a la Ley del Sector Eléctrico Canario. Esta revisión permitirá al Gobierno canario tener más tiempo y eficiencia para penalizar a las empresas eléctricas que no cumplan con las normas, como las que causaron el apagón generalizado en La Gomera en julio pasado.

Mariano H. Zapata, Consejero de Transición Ecológica y Energía, elogió el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios para aprobar esta enmienda, que se tramitó como proyecto de ley. Destacó que “estamos cumpliendo, una vez más, con nuestro compromiso de implementar medidas eficaces y efectivas en nuestros primeros cinco meses de gestión”, y que “hemos proporcionado soluciones reales a la crisis energética actual en Canarias, que ha sido plenamente respaldada en esta cámara”.

Además, Zapata señaló que “la grave situación de déficit energético que los operadores del sistema han estado advirtiendo durante años, y que llevó a este Gobierno a declarar la emergencia energética el 2 de octubre pasado, justifica la necesidad extraordinaria y urgente de respaldar esta enmienda”. Según él, “esto es un paso más para abordar los problemas históricos de la energía en Canarias”.

La Ley actual (Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario) establece el procedimiento sancionador en su artículo 21, que se remite a la Ley de Procedimiento Administrativo Común del Estado, que fija un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente sancionador, es decir, para imponer la sanción.

Dado que la Ley Estatal del Sector Eléctrico tiene plazos más largos (hasta dieciocho meses), en comparación con el Procedimiento Administrativo Común (sólo tres meses), se propone una enmienda al artículo 21 de la Ley del Sector Eléctrico Canario mediante decreto ley, para que el Gobierno canario pueda tener más tiempo para sancionar a las empresas del sector eléctrico.

El Proyecto de Ley incluirá un solo artículo que modificará los artículos 19 y 21 y eliminará los artículos 20 y 22. Esta enmienda proporcionará mayor seguridad jurídica al procedimiento sancionador, ya que unifica las infracciones, las sanciones y el procedimiento sancionador en la Ley del Sector Público del Estado.