Juan Antonio Molina, portavoz del grupo municipal Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha anunciado que en el pleno que se celebrará este jueves, “será el momento de comenzar a buscar soluciones que incentiven y aumenten la oferta de vivienda en alquiler, en lugar de los discursos demagógicos que pretenden limitar el derecho a la propiedad”.

Molina ha informado que, entre otras medidas de corte nacional o de colaboración con otras administraciones, se debatirá en esta semana la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para aquellos propietarios que hayan sufrido una ocupación de viviendas de su propiedad y que, ante tal situación, hayan procedido a interponer la correspondiente denuncia por los cauces administrativos adecuados.

Son muy diversas las mociones que se han venido planteando en los últimos meses en torno a la vivienda, presentadas por Unidas se Puede o Drago Verdes, pero el portavoz lagunero ha asegurado que “es el momento de cambiar el foco del debate, pasando de los discursos vacíos de contenido tanto desde el gobierno, como de quienes formaban parte del mismo hasta hace unos meses, para centrarse en métodos efectivos para incentivar un incremento en el número de viviendas ofertadas para el arrendamiento”.

El Partido Popular lagunero considera un retroceso las visiones cortoplacistas centradas en intervenir el mercado con lo que califican como “propuestas peregrinas y restrictivas” que giran incesantemente en torno a planteamientos reiterativos en torno a la determinación de zonas tensionadas o incrementos de las tasas municipales para determinado tipo de propietarios.

Molina ha incidido en que “el mandato constitucional a los poderes públicos, en materia de vivienda, se centra en promocionar y promover las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna, sin embargo, esto debe comprenderse en clave proactiva de construcción de vivienda pública, herramientas fiscales o subvenciones para acceder a una residencia o generar las condiciones administrativas y de seguridad jurídica suficientes, para generar una oferta amplia que permita reducir los costes de los alquileres”.

El popular ha recordado que “son muchos los que no colocan su vivienda en el mercado, ante la clara inseguridad jurídica de los bandazos legislativos del gobierno nacional, la carga fiscal municipal y los riesgos ante la ocupación, que no parecen tener una solución sencilla con las actuales políticas de los gobiernos socialistas”. Asimismo, ha aclarado que “esta medida no beneficiaría a los grandes tenedores o fondos buitres, sino a los cientos de personas que diariamente soportan el calvario de ser propietario de una vivienda ocupada, perdiendo la posesión de ésta, no recibiendo ingresos en concepto de alquiler y, por si fuera poco, teniendo que hacer frente a gastos fijos como el IBI”.

Por último, Molina ha afirmado tener esperanza de lograr un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas representadas en el arco plenario, al tratarse de “una medida en beneficio de muchos vecinos, que tienen la desgracia de verse envueltos en una problemática de este calibre y tener que pagar un impuesto, que grava el valor económico de disponer de una vivienda, cuando se ha perdido la posesión de la misma”.