El secretario ejecutivo de Acción Política del Partido Popular de Canarias y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, lamenta que el Gobierno de España haya decidido retirar a la Guardia Civil del dispositivo de seguridad del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Una medida que considera “un nuevo atraco del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres a Canarias, que provoca que estas fiestas de la capital tinerfeña pierdan efectivos de seguridad por una decisión política unilateral”.

“Había un ofrecimiento de la Guardia Civil en Canarias para participar en el dispositivo de seguridad de la feria del carnaval, en la dársena de Los Llanos, pero el PSOE ha decidido que no, por capricho y mala fe, lo que obliga ahora a destinar parte de los efectivos de la Policía Nacional a la zona de la feria”, lamenta Tarife.

El portavoz popular recuerda que “la Junta Local de Seguridad había acordado ese despliegue que, de forma sorprendente, ha suspendido de forma unilateral el delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pestana, por unas razones que desconocemos y que debería explicar”.

La Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional ha mostrado su rechazo a esta resolución en un comunicado en el que destacan que “esta decisión no tiene sentido ya que el servicio en cuestión que se estaba realizando, se enmarca dentro de la coordinación y colaboración en Junta Local de Seguridad con el fin de conseguir la mayor seguridad posible a través de un uso eficiente y eficaz de los recursos que todas las administraciones aportan con motivo del Carnaval”. Y, además, “el recinto portuario es el ámbito donde la Guardia Civil desarrolla sus competencias a diario, por lo que la custodia y seguridad ciudadana de la feria del Carnaval debería estar a cargo de la Guardia Civil, en consonancia con la actual legislación y con la demarcación policial propia”.

El PP de Canarias comparte el asombro del colectivo de la Guardia Civil ante esta decisión, “ya que después de acordarse en Junta Local de Seguridad, el diseño del servicio se ha modificado unilateralmente con absoluto desprecio a quienes ya lo estaban prestando. Una decisión que, además, supone una ineficiente gestión de los servicios públicos, puesto que obliga a enviar efectivos que deberían estar en otras partes de la Ciudad para sustituir a los guardias civiles que ya estaban en el Puerto cumpliendo sus funciones”.