Tenerife ultima con las ONG el plan de ayudas de emergencia social del Cabildo

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y la consejera insular de Acción Social y presidenta del Instituto Insular de Acción Social y Sociosanitaria (IASS), Marián Franquet, han acordado con las entidades sociales que trabajan en la isla el diseño de una estrategia para abordar las situaciones de desprotección que se están viviendo en Tenerife a raíz de la crisis sanitaria. De hecho, el presidente les anunció en una reunión mantenida esta semana que en breve se pondrán en marcha medidas de choque en las que la corporación insular viene trabajando desde hace semanas.

Martín ha transmitido a las entidades sociales que “la adopción de un plan de choque temporal e inmediato para proteger a los colectivos y personas más desprotegidas, que ni siquiera pueden acceder a las medidas básicas, se está haciendo ya y se intensificará en las próximas semanas. Para ello, se  agilizarán los trámites administrativos y se procederá a aprobar un paquete de ayudas urgentes. Vamos a reforzar las partidas económicas para el área social, porque es donde más nos necesitan”.

Por su parte, la presidenta del IASS aclaró que estas medidas urgentes van dirigidas, entre otras, a las personas inmigrantes en situación irregular, mujeres prostituidas, personas mayores y personas en situación de sinhogarismo que “están atravesando problemas severos que se agravan aún más al no poder acceder a recursos, ahora mismo suspendidos, algo que origina que sus malas condiciones de vida empeoren considerablemente”.

Para definirlas, desde el IASS se trabajará en coordinación con las entidades sociales presentes en este primer encuentro: Cruz Roja, Cáritas, Médicos del Mundo, Plataforma de Voluntariado y la Plataforma Tenerife Discapacidad. Además, se contará con el amplio tejido asociativo de la isla de Tenerife, como “herramienta fundamental para abordar la crisis social”, por lo que lo que se propiciarán encuentros con todas ellas.

Segundo paquete de medidas

Desde el Cabildo se contempla también la concreción de un segundo paquete de medias que se pondrá en marcha a partir de un “diagnóstico social basado, entre otras cosas, en las aportaciones de todas las entidades y gracias al cual se diseñarán las actuaciones”, añadió Franquet, quien insistió en la necesidad de mantener el tejido asociativo e intensificarlo.

En el encuentro también estuvieron presentes el consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, y la consejera delegada de Acción Exterior, Liskel Álvarez, que incidieron en que la coordinación interadministrativa es “fundamental en esta situación tan grave”.

En la reunión de trabajo se abordaron otros aspectos que afectan a los colectivos más vulnerables de la sociedad, como las personas con enfermedades mentales y con discapacidad intelectual, a las que el confinamiento continuado merma su autonomía y les impide mantener sus rutinas habituales.

 

El Súper Héroe solidario tinerfeño sigue repartiendo ilusión y regalos a los más pequeños en su cumpleaños

El Socorrista Aday Amorin, transformado en Súper Héroe Solidario, sigue repartiendo ilusiones a los más pequeños de Puerto de la Cruz y alrededores, visitandólos y llevándoles juguetes por sus cumpleaños.

De esta forma sigue aportando a esta causa dirigida a los más pequeños, para tratar de minimizar el agobio del confinamiento y mantener vivas sus ilusiones.

https://www.facebook.com/eldigitalsur/videos/2794739483972237/

 

La Candelaria regala a los pacientes pediátricos ‘Uno’, un cuento infantil escrito por un enfermero

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, celebra el Día internacional del Libro haciendo entrega a los pacientes pediátricos y a sus familias de ‘Uno’, un cuento escrito por un enfermero de la Unidad de Medicina Intensiva del centro hospitalario.

Se trata de un relato que a lo largo de treinta páginas, ilustradas por Samuel Hernández, se abordan temas como la familia, el amor, el miedo a ser diferente y la diversidad, y con el que su autor, el supervisor de enfermería de la UMI, José Carlos Bonilla Pérez, ha querido agasajar a las niñas y niños hospitalizados y a sus familias.

Según explica el propio autor, “el objetivo del cuento escrito con mi hija es fomentar el núcleo familiar, a través de la lectura y contribuir a que las niñas y niños hospitalizados hagan más llevadera su estancia hospitalaria, en especial en estos momentos de confinamiento, en los que reciben menos visitas”.

El servicio de Pediatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria encargado de distribuir el libro, asegura que ‘Uno’ ha despertado gran sorpresa entre los pequeños y su entorno.

https://www.facebook.com/eldigitalsur/videos/284985055847121/

 

Canarias registra hoy 2113 casos acumulados de coronavirus COVID-19

Se ha registrado 855 ingresos desde el 31 de enero, 969 altas hospitalarias y 122 fallecimientos.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata un acumulado de 2113 casos acumulados de coronavirus COVID-19 desde el inicio de esta crisis y hasta el cierre de la estadística oficial que se envía cada día al Ministerio de Sanidad a las 20.00 horas del día anterior. En los mismos datos se constata que 855 personas han requerido hospitalización y que, de ellos, 169 lo han hecho en un servicio de UCI, sin que en el día de ayer se produjera incremento alguno en este indicador.

Asimismo, se ha registrado un total de 969 de altas hospitalarias con cierre epidemiológico y 122 fallecimientos, el único fallecimiento que tuvo lugar ayer a causa del Covid-19, se produjo después del cierre estadístico de las 20.00 horas por lo que no se encuentra recogido en los datos enviados al Ministerio de Sanidad. Con respecto a los fallecimientos el mayor grupo afectado sigue siendo el de mayores entre 80 y 89 años.

El número de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus COVID-19 es de 528. El Servicio Canario de la Salud cuenta con 31.000 trabajadores, lo que supone el 1,7 por ciento del total.

Casos por islas

Por islas, la que más casos acumulados tiene es Tenerife que cuenta con 1.345 casos; le sigue Gran Canaria con 542 casos; La Palma, 87 casos; Lanzarote, 82 casos; Fuerteventura, 44 casos; La Gomera, 10 casos y El Hierro, 3 casos.

Los fallecidos por islas se reparten de la siguiente manera: 80 fallecidos en Tenerife; 6 en La Palma; 0 en La Gomera; 0 en El Hierro; 32 en Gran Canaria; 4 en Lanzarote y 0 en Fuerteventura**.

Fallecidos por grupo de edad

GRUPO DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL
30-39 años 3 1 4
40-49 años 0 1 1
50-59 años 3 3 6
60-69 años 7 7 14
70-79 años 9 25 34
80-89 años 18 28 46
+ 90 años 10 6 16
Sin concretar edad al cierre de la estadística 1
TOTAL 50 71 122

La Consejería de Sanidad reitera la importancia de mantener al máximo el confinamiento para evitar que las personas más vulnerables puedan enfermar. Es el caso de pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, personas con enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica o neuromuscular o personas con cáncer.

En este informe se incluye a todas las personas diagnosticadas de COVID-19 (a partir de ahora, casos) mediante criterio microbiológico (detección de ARN de SARS-CoV-2 mediante rt-PCR) en la Comunidad Autónoma de Canarias hasta las 24:00 horas del 06/04/2020.

La ventana temporal comienza el 28 de enero, día antes de que la primera persona con COVID-19 diagnosticada en Canarias, iniciara síntomas. Se considera hospitalización a la asignación de cama en un centro hospitalario; así la atención en los servicios de urgencias sin ingreso y las hospitalizaciones a domicilio, no se consideran hospitalizaciones propiamente dichas.

**Estos datos reflejan un cribado sobre los datos estadísticos de la plataforma web que se basan en las tarjetas sanitarias y en las áreas de declaración. Por lo que no siempre coinciden exactamente con los vinculados en cada isla.

 

Franquis defiende la validez de la bonificación del 75% para residentes canarios

“La subvención a los viajes de los residentes es un logro y un avance que hemos conseguido todos los canarios y no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en este aspecto”, asegura Franquis.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, recalca que el Gobierno de Canarias defiende la validez de la bonificación del 75% que se aplica a los residentes en el archipiélago en sus desplazamientos en avión o barco tanto entre islas como al resto del país, al tiempo reitera la necesidad de establecer una fiscalización a través del Estado a las subidas de precios que se han producido a raíz de la entrada en vigor de esta subvención, pero no la fiscalización de la bonificación en sí.

Ante la publicación de un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) donde se concluye que ha habido un alza de los precios en los billetes aéreos entre Canarias y la península tras la aprobación de esta bonificación, el consejero Franquis ha recordado que ya él denunció esta misma situación ante el Parlamento de Canarias en los pasados meses de septiembre y diciembre, momento en el que anunció también la celebración de una cumbre sobre el transporte con el resto de territorios extrapeninsulares de España para abordar, entre otros asuntos, los efectos de la aplicación de la subvención de residente.

“La bonificación del 75% fue un logro de todos los canarios que se consiguió con el acuerdo y el consenso de todas las fuerzas políticas canarias, además tiene una base legal, está recogida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y fue incorporada en la última reforma del REF que se hizo en 2018; por lo tanto, son logros y avances que hemos conseguido todos los canarios y no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en este aspecto; eso lo tenemos absolutamente claro en el Gobierno de Canarias”, explicó Franquis.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda recordó al respecto de las conclusiones de este informe de la CNMC, que el Ejecutivo canario ya abordó el tema de las consecuencias de la aplicación de la bonificación del 75% en el transporte aéreo el pasado mes de enero, durante la primera Cumbre sobre la Movilidad y el Transporte en los Territorios Extrapeninsulares que reunió al Gobierno canario con los de Baleares, Ceuta y Melilla. Una de las conclusiones de dicha Cumbre, que marcó la hoja de ruta para las reivindicaciones en temas de movilidad de los territorios extrapeninsulares, fue la de reclamar medidas de fiscalización al Gobierno Central para la correcta aplicación de la subvención al residente para que esta no derivase en un incremento incontrolado de los precios.

“El Gobierno de Canarias, igual que el resto de territorios extrapeninsulares, ya tenía una hoja de ruta marcada ante el Gobierno Central para tratar estos temas y reclamar que se tomen medidas para que esos incrementos en los billetes no se produzcan”, añadió Franquis, “Este es un informe que se ha solicitado a la CNMC, uno más y no es vinculante, aunque no esperábamos que ese informe cuestionara, como se está cuestionando, la subvención a los residentes en Canarias. En cualquier caso, la fiscalización y correcta aplicación de la bonificación del 75% es un asunto que tenemos que hablarlo directamente con el Gobierno de España, como teníamos previsto en nuestra hoja de ruta, una vez que pasemos la situación de emergencia en la que nos encontramos, porque no encontramos ningún motivo real, ya sea por motivos de compra de combustible o laborales, que justifique que las aerolíneas incrementen los precios de esta forma”.

Durante la Cumbre celebrada en enero, todos los representantes autonómicos que participaron en la citada Cumbre coincidieron en considerar la bonificación del 75 por ciento como “un hito”, pero un logro que tiene que redundar en que el pasaje sea más barato para el usuario, y que la complementación y financiación por parte del Gobierno de España no suponga un aumento de los precios.

Por este motivo, Franquis insiste en que las conclusiones acordadas por los cuatro territorios extrapeninsulares, y recogidos en la Declaración Institucional con la que finalizó la citada Cumbre, siguen siendo los pasos de la hoja de ruta a seguir a partir de ahora con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para controlar la correcta aplicación de la bonificación a los residentes. Entre las actuaciones concretas que los gobiernos autonómicos de estas cuatro regiones reclamaban al Ministerio para el efectivo control de los precios aéreos, se encuentra fiscalizar el sistema de establecimiento de precios de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos.

Otra de las conclusiones que se extrajeron de dicha Cumbre fue la de solicitar la creación de una mesa de trabajo permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares para hacer seguimiento y control de la movilidad y que se hagan propuestas para mejorarla. Esta mesa tenía previsto celebrar su primera reunión el pasado mes de marzo, pero debido a la crisis sanitaria ha tenido que aplazarse.

 

Canarias | 46 actuaciones ilegales en Zonas de Especial Conservación durante el estado de alarma

El consejero José Antonio Valbuena destaca la colaboración de los servicios de vigilancia terrestre con las Fuerzas de Seguridad del Estado para controlar posibles casos de pesca o marisqueo ilegal, entre otras infracciones.

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha detectado un total de 46 actuaciones ilegales en las Zonas de Especial Conservación (ZEC) marinas de Gran Canaria y Tenerife, durante el estado de alarma decretado por el Gobierno central a consecuencia del COVID-19.

El consejero del área, José Antonio Valbuena, detalló que “durante esta situación de confinamiento, el servicio de vigilancia terrestre de las ZEC marinas de Tenerife y Gran Canaria ha mantenido su actividad profesional, reforzando las labores de los Cuerpos de Seguridad del Estado para el cumplimiento de las medidas establecidas, y para controlar posibles casos de pesca o marisqueo ilegal, entre otras infracciones”.

Estas labores de seguimiento de las ZEC marinas del Archipiélago las coordina el Servicio de Biodiversidad de la citada Consejería autonómica, a través de los guardapescas de la empresa pública Tragsatec.

“De las actuaciones realizadas, dos derivaron en denuncia por incumplimiento grave, mientras que el resto se solucionaron con actas o advertencias de incumplimiento”, aclaró Valbuena. Las infracciones detectadas por el servicio de vigilancia terrestre han sido acampadas no autorizadas, usuarios paseando por la costa, pesca de caña y marisqueo ilegal o barcos de recreo fondeados en zonas de baño.

Del total de infracciones registradas, 30 corresponden a las ZEC de Tenerife y 16 a las ZEC de Gran Canaria. Estas actuaciones han tenido lugar entre el 18 de marzo y el 19 de abril.

Las Zonas de Especial Conservación son áreas de gran interés medioambiental para la protección de la diversidad y han sido designadas por los estados miembros de la Unión Europea (UE) para integrarse dentro de la Red Natura 2000.

 

Más de 5.600 profesionales del SCS se han realizado las pruebas de COVID-19

Los casos positivos representan el 1,2% de los casi 31.000 efectivos que trabajan en los centros en los que se realiza el cribado.

La Consejería de la Sanidad ha realizado desde el inicio de la declaración de la pandemia más de 5.600 (5.635) pruebas de detección de la COVID-19 entre los trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS) que han estado expuestos a un mayor riesgo de contagio y que han tenido como resultado, hasta hoy, la confirmación de 391 casos positivos en coronavirus, de los 521 declarados, donde se incluyen profesionales de otros centros sanitarios y del resto de islas no capitalinas.

Según los datos aportados por el SCS, las 5.635 pruebas (que incluyen test rápidos y pruebas PCR) se han realizado a profesionales de categorías sanitarias y no sanitarias que trabajan en los 4 Hospitales Universitarios, las Gerencias de Atención Primaria de Tenerife y Gran Canaria y la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, que integran 30.953 efectivos, entre personal fijo, interino y eventual, por lo que el cribado se ha extendido al 18,2% del personal de estos centros.

De los test realizados se desprende que los 391 profesionales con resultado positivo representan el 1,2% del total de efectivos de estas siete Gerencias y el 6,9% del total de pruebas.

Por ámbito asistencial, 321 efectivos trabajan en los hospitales universitarios, 63 en centros de Atención Primaria de Tenerife y Gran Canaria y 7 en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote.

La Consejería de Sanidad hará públicos en los próximos días los resultados del cribado en el conjunto de las Gerencias, según vaya avanzando el Plan Especial de pruebas de detección de la COVID-19, que se extenderá a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras del SCS.

Este plan, junto al cribado que se está realizando de la población residente y el personal de los centros sociosanitarios, son prioritarios para la Consejería de Sanidad para garantizar la protección de colectivos de alta vulnerabilidad y exposición al coronavirus, como son las personas mayores y los trabajadores de las instituciones sanitarias y siociosanitarias, esenciales para combatir la pandemia.

Resultados por hospitales

Hasta hoy se habían sometido a pruebas de detección de la COVID-19 un total de 2.240 trabajadores del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, de una plantilla total de 6.432 efectivos, lo que supone que el 34,8% de la plantilla ya ha sido cribada.

De los 2.240 test realizados, 196 dieron positivo en coronavirus, lo que supone un 3% del total de trabajadores y un 8,7% del número total de test realizados.

Por lo que respecta al Hospital Universitario de Canarias, también en Tenerife, se han realizado pruebas PCR a 1.075 trabajadores de un total de 5.321 efectivos, lo que supone que el cribado se ha extendido al 20% de la plantilla y continuará hasta alcanzar el 100%, como en el resto de hospitales.

Se han constatado 73 positivos, que en relación a los efectivos del HUC representan un 1,4% y respecto al número de test realizados un 6,9%.

En el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se han realizado pruebas de detección a 455 trabajadores, de 4.500 efectivos totales, lo que se traduce en un cribado del 10,1% de la plantilla.

Se han constatado 17 casos positivos, de los que 8 han negativizado, lo que reduce a 9 el número de trabajadores positivos, que representan el 0,2% del total de efectivos del hospital y 1,9% del los test realizados.

En el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en Gran Canaria, se han realizado a día de hoy 727 pruebas PCR de detección de la COVID-19 a sus trabajadores, sobre un total de 5.800 efectivos, lo que supone que, hasta el momento, el cribado alcanza al 12,5% de la plantilla y seguirá ampliándose.

Se han obtenido 43 resultados positivos, lo que supone un 0,7% del total de la plantilla y un 5,9% de las pruebas realizadas.

Atención Primaria

En la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife se han sometido a pruebas de detección de coronavirus 664 trabajadores, de un total de 3.000 efectivos, lo que supone el 22,1% del total.

Las pruebas han tenido como resultado 32 casos positivos, que sobre el total de efectivos suponen un 1,1% y sobre el número total de test realizados, un 5%

En Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria se han realizado hasta el momento 267 pruebas de detección entre sus trabajadores, sobre un total de 3.400 efectivos, lo que supone que el cribado se ha realizado hasta la fecha al 7,8% de sus efectivos, porcentaje que se irá incrementando a medida que avance el plan especial.

Las pruebas han tenido como resultado 31 casos positivos, que sobre el total de efectivos suponen un 0,9% y sobre el número total de test realizados, un 11,6%. Se ha podido constatar, asimismo, que de los 31 casos positivos, 18 casos se produjeron en un mismo centro y obedecen a transmisión comunitaria.

Respecto a las Gerencias de las islas no capitalinas, se han realizado pruebas de detección a 207 trabajadores de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, lo que supone que el cribado se ha extendido al 8,2% de sus efectivos (2.500 trabajadores).

Se ha constatado 7 profesionales positivos en coronavirus, que representan el 0,2% de la plantilla y el 3,3% de los test realizados en esa Área de Salud.

Por su parte, la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma inició ayer el estudio epidemiológico del personal sanitario y no sanitario, al que citará previamente por teléfono y que consistirá en la realización de test rápidos y pruebas PCR.

Distinta evolución por islas y hospitales

De los datos expuestos se constata la realización, hasta el momento, de un número de mayor de pruebas de detección de la COVID-19 entre los trabajadores sanitarios y no sanitarios de los dos hospitales universitarios y de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, en correlación con el mayor riesgo de exposición de sus profesionales al coronavirus al registrarse en esta isla un mayor número acumulado de casos.

Asimismo, tomando como referencia otros hospitales del Sistema Nacional de Salud con un número de efectivos similar a alguno de los centros del SCS, el índice de profesionales contagiados es inferior.

Por ejemplo, el Hospital 12 de Octubre de Madrid, con 6.800 trabajadores y 2.085 test realizados, datos similares a los de los hospitales universitarios de Tenerife, ha constatado 791 positivos, lo que supone un 11,6% de sus efectivos y un 37,9% del total de profesionales cribados.

Según datos del Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad, el SNS dispone de 645.096 profesionales, de los que 31.604 forman parte del SCS, lo que supone un 4,9% del total de efectivos de la sanidad pública del país.​

 

Telepizza dona cerca de 200 pizzas en Canarias y felicita el cumpleaños a los más pequeños

Ser Responsable se ha convertido en el propósito de Telepizza para afrontar la actual emergencia sanitaria, y por ello la compañía está actualmente gestionando acciones sociales a nivel local por todo el país. Un ejemplo de ello es la colaboración de Telepizza Arrecife y la Asociación de Voluntarios EMERLAN (Emergencias y Rescate de Lanzarote). El resultado ha sido la puesta en marcha de una iniciativa para acudir a los domicilios de niños cuyo cumpleaños coincide con el periodo de cuarentena, para felicitaros personalmente, entregarles Telepizzas, globos y distintos regalos. A día de hoy esta acción ha sido llevada a cabo para más de 30 familias, con la intención de continuar llevando Telepizzas para celebrar los cumpleaños de los más pequeños.

Telepizza mantiene operativo su servicio de entrega a domicilio, reconocido por el Gobierno como uno de los servicios que debe continuar su actividad. El hecho de permanecer activos ha permitido a la compañía desde el inicio de la actual crisis sanitaria que azota a España, poner todos sus recursos y capilaridad a disposición de las autoridades y de los colectivos que pudieran necesitar de sus servicios. Desde que se decretara el estado de alarma, la compañía tiene todas sus tiendas de España cerradas al público y mantiene exclusivamente su servicio de entrega a domicilio con un protocolo de entrega Cero Contacto. Un servicio que le ha permitido, gracias al trabajo de empleados y franquiciados, no solo contribuir al confinamiento de la población y dar servicio a aquellos clientes que lo pueden necesitar, sino también donar desde el inicio del confinamiento más de 12.000 Telepizzas en toda España a profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad, personal de supermercados, entre otros. Unas donaciones que se han hecho también efectivas en Canarias gracias a los empleados y franquiciados de Telepizza en esta comunidad.

En concreto, la compañía ha donado más de 170 Telepizzas a los efectivos sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad de Canarias, cifra que aumenta cada día. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria figuran como las localidades que han recibido un mayor número de donaciones, aunque la compañía también ha destinado Telepizzas a Adeje, Los Cristianos, Arona y Candelaria. Adicionalmente, a raíz de la unión de la compañía al Plan RESPONDE de Cruz Roja para llevar Telepizzas a los voluntarios y trabajadores de la organización que están atendiendo las necesidades de los colectivos más vulnerables, se están llevando a cabo donaciones semanales de Telepizzas a distintos albergues de la zona, sirviendo de alimento al máximo número de personas.

Protocolo de entrega Cero Contacto

Telepizza trabaja bajo un modelo de reparto y distribución propio e integrado verticalmente, lo que siempre ha permitido a la compañía realizar un control en toda la cadena de valor, desde que la masa sale de la fábrica que la compañía tiene en Madrid, hasta que el cliente recibe el pedido en su domicilio.

Este modelo, con un 98,5% de contratos indefinidos, ha permitido a Telepizza poner en marcha de forma rigurosa, eficaz y rápida su protocolo de entrega Cero Contacto, ofreciendo un servicio de delivery responsable y seguro para sus empleados y clientes desde que la cocina hasta la entrega del pedido en el domicilio. Gracias a este protocolo, Telepizza se asegura de que todos los empleados tienen acceso a los materiales de protección necesarios como guantes, mascarillas y geles desinfectantes, llevando también un control sobre su salud y bienestar, y poniendo a su disposición al equipo interno de Prevención Covid-19, formado por profesionales de prevención de riesgos, calidad y salud, para solventar cualquier duda o inquietud que puedan tener tanto en su vida personal como profesional.

A través de nuestro servicio de entrega Cero Contacto, los clientes realizan sus pedidos por la web, App o teléfono y pagan sus pedidos a través de la web o la App, el repartidor, provisto de mascarilla y guantes, deposita el pedido sobre una caja vacía en el suelo y avisa al cliente para que salga a recogerlo. El repartidor se separa dos metros del pedido, el cliente lo recoge y de esta forma se realiza una entrega sin ningún contacto entre ambos.

Vídeo: https://we.tl/t-3IP2YKLYWu

 

Canarias | Los teléfonos de atención ciudadana han recibido 666.022 llamadas por el COVID-19

Los teléfonos de atención al ciudadano puestos en marcha por el Gobierno de Canarias para ofrecer información y atender las demandas de la ciudadanía vinculadas a la pandemia de coronavirus COVID-19 y al estado de alarma han recibido un total de 666.022 llamadas.

Los dispositivos de información telefónica a disposición son la línea 900 112 061, que incluye un área especial de apoyo psicológico, el teléfono de emergencias del Gobierno de Canarias 1-1-2, el teléfono de información 012, que gestiona las citas sanitarias en Atención Primaria, y el servicio de información sobre el Ingreso Canario de Emergencia (ICE).​

El teléfono gratuito 900 112 061, línea de información activada especialmente para la crisis de la COVID-19 y el estado de alarma, registró hasta la fecha un total de 101.032 llamadas, de las que 65.914 fueron realizadas por ciudadanos y las 35.118 restantes fueron hechas por trabajadores del ámbito sanitario.

Esta línea telefónica 900 112 061, está en permanente coordinación con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y con el SCS y cuenta con personal de Medicina y Enfermería para la realización de extracciones y seguimiento de los pacientes afectados por la enfermedad, además de ofrecer información sobre síntomas, recomendaciones sanitarias y resolver dudas sobre las restricciones aplicadas durante el estado de alarma.

Dentro de esta línea telefónica 900 061 112, y en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, se activó un servicio de apoyo psicológico telefónico para toda Canarias para paliar los episodios de estrés e impacto emocional que puedan producirse durante el estado de alarma o relacionados con la enfermedad COVID-19.

En este teléfono se registraron 573 llamadas, que fueron atendidas por un grupo de 18 profesionales de la Psicología distribuidos en dos turnos que atienden tanto a población en general como a personal sanitario. Estos especialistas son integrantes de la Red de Salud Mental de Tenerife y de Gran Canaria del SCS y miembros del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas.

Teléfono de emergencias 1-1-2

Por su parte, el teléfono de emergencias del Gobierno de Canarias 1-1-2 ha gestionado un total de 4.999 incidentes clasificados como COVID-19, que han sido atendidos por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) en las salas operativas desde el 1 de marzo. Durante el estado de alarma, el centro coordinador ha continuado gestionando las demandas ordinarias de asistencia urgente de los ciudadanos, incluido otro tipo de llamadas sanitarias, y activando, desde las salas operativas, los servicios de emergencias necesarios para dar respuesta a todo tipo de incidentes.

El teléfono de información general del Gobierno de Canarias, el 012, ha visto incrementado el número de llamadas relativas a citas previas del Servicio Canario de la Salud, mayoritariamente telefónicas en el ámbito de la Atención Primaria, hasta alcanzar la cifra de 552.564 llamadas.

Información sobre el Ingreso Canario de Emergencia

Este servicio también incluye una nueva línea para atender las dudas relativas al Ingreso Canario de Emergencia (ICE) de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. En este servicio se han contabilizado desde este lunes 6.854 llamadas, que sumadas a las registradas durante el fin de semana superarían las 15.000.

Más de 500.000 ERTEs presentados en España y muchos fraudulentos

Ya se han presentado cerca de medio millón de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en nuestro país y en consecuencia cerca de 4 millones de trabajadores se han ido al paro a causa de la crisis del coronavirus. Con el fin de que los trabajadores y empresas no cayeran en situación de alta vulnerabilidad económica y dada la situación tan extraordinaria en la que se encontraba nuestro país, el Gobierno impuso la alternativa de que las empresas realizaran un ERTE. Con esta opción sería él mismo el que se encargara de entregar una prestación a los trabajadores de las empresas que tuvieran que cerrar de forma inminente debido al Estado de Alarma. El importe a pagar por el Estado a cada trabajador sometido a un ERTE es del 75 al 100 por cien de su asignación mensual.

Cuando la crisis del coronavirus estalló en nuestro país a mediados de marzo y el Gobierno demandó a todos los ciudadanos el confinamiento en sus viviendas declarando el Estado de Alarma, se creó una nueva situación laboral y económica que dispararon las estafas de quienes querían aprovecharse de la necesidad de todos los españoles. Los ciudadanos comenzaron a recibir cientos de mensajes de texto en nombre del SEPE donde se les ofrecía apoyo para percibir la prestación correspondiente por haber sido despedidos. En el mismo SMS se solicitaba el número de cuenta bancaria para realizar el ingreso de la prestación con el fin de conseguir los datos de los trabajadores afectados y poder acceder a sus cuentas. Finalmente, el asunto fue denunciado por los sindicatos y la UGT junto con CCOO y el SEPE se pronunciaron en que estos mensajes nunca fueron emitidos y que son las empresas las que tenían que notificar al organismo correspondiente su situación y la de cada uno de sus trabajadores.

Los intentos de estafa no concluyeron con esta tentativa. Según un estudio realizado por la web de empleo Jobatus, debido a la crisis económica derivada del confinamiento y al déficit de producción, algunas empresas también han hecho su intento de estafa. Muchas compañías han utilizado los ERTEs para dejar de pagar a sus empleados mientras estos continúan con su actividad laboral con normalidad. Gracias a las denuncias de varios trabajadores y de juristas que encontraban irregularidades fijadas por sus empresas se comenzaron a investigar de forma exhaustiva todos los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y este  martes 21 de abril se aprobó por el Gobierno una sanción especial para todas aquellas compañías que soliciten un ERTE falsamente. Las multas para las empresas que pretendan pagar las nóminas de sus trabajadores durante la pandemia con dinero público rondarán desde los 6.200 hasta 187.000 euros.

Esta sanción se considera muy grave por lo que la ley ha sido endurecida. Según el Ejecutivo no se puede permitir que las personas trabajadoras perciban prestaciones de forma indebida o superiores a las correspondientes y en base a presentar solicitudes o documentación falsa. La Inspección de Trabajo establecerá la cantidad de la sanción que deberán pagar las empresas fraudulentas. El nivel mínimo de intento de estafa tendrá una multa máxima de 25.000 euros. Si la sanción es de grado medio el máximo podrá ascender a 100.00 euros y si es de grado máximo se elevará a 187.515 euros.

Según ha señalado el Ejecutivo, todas las ayudas y prestaciones dispuestas para hacer frente al impacto económico del coronavirus en nuestro país y proteger a las empresas, trabajadores y sanidad asciende a 135 millones de euros.

 

ALCER Las Palmas pide se haga el test de covid-19 a los sanitarios y pacientes en el ámbito renal

Facilitar las pruebas a los profesionales de la salud es ya una tarea urgente que requiere una respuesta inmediata.

Proteger a los profesionales sanitarios de los servicios de nefrología y centros de diálisis frente al Covid-19, es también proteger a las personas más vulnerables.

Como todo el mundo conoce, los profesionales sanitarios son los principales soportes de esta crisis sanitaria y las personas que más riesgo tienen de infectarse por Covid-19. Sin embargo desde ALCER consideramos que no se están poniendo los medios necesarios para frenar el elevado número de contagios que estos trabajadores están sufriendo.

Proteger a los profesionales sanitarios no significa únicamente proteger su salud, sino la de millones de personas que ellas y ellos atienden. Esto último es especialmente preocupante porque muchos de los pacientes que atienden son personas con alto riesgo de muerte por Covid-19. Entre ese grupo de personas especialmente vulnerable se encuentran las personas con enfermedad renal crónica que se someten a tratamiento de hemodiálisis 3 veces por semana en centro, durante al menos 4 horas. Debido a ello y a que después de sus sesiones vuelven a casa y pueden ser portadores asintomáticos del virus, se hace indispensable que sean también testados para evitar la trasmisión de la epidemia entre un colectivo altamente vulnerable.

Según los últimos datos del registro de enfermos renales de la Sociedad Española de Nefrología son ya 1.063 las personas en tratamiento renal sustitutivo (diálisis o trasplante renal) infectadas de Covid-19, el 64% personas en tratamiento de hemodiálisis. Se han contagiado el 2,4 % de la población renal en tratamiento de hemodiálisis, cuando los contagiados en la población general no llegan al 0,5 %. Son además los que tienen tasas de letalidad mayores entre las personas con enfermedad renal crónica, de hasta el 26%, más de dos veces y media más altas que en la población general. Con ello son ya 679 personas en tratamiento de hemodiálisis las que han fallecido a causa de este virus (a fecha 18 de abril) y se da la circunstancia que son las que más tiempo pasan junto a los profesionales sanitarios (al menos 3 días a la semana durante 4 horas cada día) y, por tanto, las que mayor probabilidad de contagio tienen. Conocer los profesionales sanitarios que están contagiados, los pacientes con los que conviven y sus familiares y determinar aquellos que están libres de infección se convierte en una labor esencial en la lucha contra la pandemia y, sobre todo, para evitar muertes innecesarias entre las personas más vulnerables.

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER Las Palmas), que agrupa a personas con enfermedad renal en tratamiento de hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplantadas y sus familias en la provincia de Las Palmas, considera “muy urgente” la realización de test del virus Covid-19 a los profesionales sanitarios y a los pacientes en tratamiento de hemodiálisis con los que conviven. Desde nuestra Federación Nacional ALCER, también se ha solicitado a las autoridades sanitarias que se practiquen estas pruebas diagnósticas “por motivos de humanidad, en primer lugar, y porque se trata del colectivo más expuesto a la enfermedad en su tarea cotidiana” (tanto profesionales como pacientes).

El presidente de ALCER Las Palmas, Alejandro Díaz entiende que el paso de los días sin llevar a cabo estos test “añade riesgo para la salud, tanto para los profesionales, como para los pacientes y sus familiares, cuando sabemos que estos pacientes se están contagiando mucho más y con probabilidad de muerte mucho más alta que la población general”.

Sobre ALCER:

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de Las Palmas (ALCER Las Palmas) es la entidad que representa a las personas con enfermedades renales crónicas y en tratamiento renal sustitutivo (diálisis y/o trasplante renal) en la provincia de Las Palmas y se creó en el año 1978 para ofrecer apoyo psicosocial tanto a pacientes como familiares.

Las Palmas | Intercambio de casas y alquiler vacacional, futuro del turismo tras el coronavirus

Inmaculada González Cabrera, responsable del grupo de Turismo en el Instituto Universitario ECOAQUA de la ULPGC interviene en una conferencia internacional web sobre el futuro inmediato del turismo ‘post-COVID19’.

El turismo colaborativo podría ser el primero en reactivarse tras la crisis del Coronavirus por ser una fórmula económica e ideal para que las familias puedan mantener las medidas parciales de aislamiento que el gobierno central prorrogará a buen seguro durante 2020.

Así lo afirmó ayer Inmaculada González Cabrera, responsable del Grupo de Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (TOTMA) del Instituto Universitario de Acuicultura y Ecosistemas Marinos Sostenibles (IU-ECOAQUA), durante su participación en la Conferencia Web Internacional sobre los Impactos Legales de COVID19 en la Industria de los Viajes, el Turismo y la Hostelería (International Web Conference on the Legal Impacts of COVID19 in the Travel, Tourism and Hospitality Industry), organizada del 20 al 24 de abril por ESTHE (Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies) y la Fundación INATEL (ambas de Portugal), así como las universidades de Salamanca (España) y Milano-Bicocca (Italia).

La profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), subrayó que es evidente que, en una situación de crisis económica como esta, las familias deben hacer primero frente a las necesidades más inmediatas para su supervivencia, pero que en una segunda fase de estabilización se podrán plantear gastos más superfluos, entre los que se encuentra el disfrute de unos días de ocio y en los que la alternativa podría ser la economía colaborativa para lograr unas vacaciones menos costosas. En esta ‘nueva normalidad’ que nos espera tras el COVID-19, las familias apostarán por medidas algo más seguras que les permitan una interacción social más limitada.

Según Inmaculada González, Canarias, cuyo PIB dependen en un 35% del turismo, debe ahora plantear el relanzamiento de este sector como un todo  integrado y no sujeto exclusivamente al estándar profesional de la hotelería o de las grandes compañías de transporte, sino que conjuntamente con estos el sistema colaborativo debe ayudar a potenciar la actividad turística como un todo integrado, en un momento en el que es muy probable que buena parte de las familias puedan verse afectadas por el cierre temporal de empresas y por la paralización de la actividad económica general, y que el turismo comience a crecer de forma lenta, primero en proximidad, para avanzar lentamente hacia destinos más lejanos.

En esta línea, la profesora de Derecho Mercantil de la ULPGC sostuvo, tal y como sugirió hace unos días el Círculo Turístico de Canarias, asociación que representa a los sectores no hoteleros que dependen de forma directa o indirecta al turismo (vivienda vacacional, inmobiliario, ocio, comercio, restauración, salud, transporte y la construcción), que es evidente la debilidad del sector turístico del Arhcipiélago expuesta por la crisis del COVID-19, y su alta dependencia de empresas foráneas: OTA´s, touroperadores, compañías aéreas, entre otras.

Por ello asume la propuesta del citado círculo que propone la creación de «una plataforma en la que tenga cabida toda la oferta turística», incluyendo obviamente la oferta alojativa tradicional y la de viviendas turísticas, pero también «la de ocio, salud, belleza, bienestar, transporte, restauración, rent a car, creando nuevos productos segmentados y específicos», a fin de abrir nuevas vías de comercialización de la oferta plural que ofrece Canarias, liderando una iniciativa a nivel nacional e internacional que no se ha trabajado hasta el momento.

Dos vías económicas para viajar según presupuestos

La especialista explicó cómo hasta ahora la economía colaborativa ha trabajado con dos tipos de plataformas, las que prestan un servicio de arrendamiento similar al empresariado tradicional, como las plataformas AirBnb, Homeaway, Wimdu o Booking; y las plataformas de consumo de hospitalidad e intercambio como HomeExchange, Couchsurfing  y Love Home Swap, ejemplos perfectos, en su opinión, de las llamadas plataformas colaborativas en estado puro, entendidas como aquellas que presentan una intervención neutra en las transacciones que realizan sus usuarios, con una contraprestación de carácter no económico y sin ánimo de lucro, y que por tanto, encajan perfectamente en el paradigma de consumo colaborativo.

En este segundo caso, la responsable de TOTMA explicó que lo relevante con este tipo de plataformas de intercambio es que se basan en la creación de una comunidad propia en la que sus miembros, a partir de una determinada cuota, pueden publicar sus ofertas y sus demandas, así como convenir los pactos que consideren de mayor interés a través de la propia web, cimentándose, como siempre, en la confianza y reputación de la propia red social y de los usuarios.

Este tipo de plataformas, subrayó, no cuentan con activos propios, no existe precio a pagar, ni predispone la contraprestación –más allá de la posibilidad del intercambio de la propiedad o la posibilidad de alojarse en el sofá del huésped si este puede acoger en el futuro a su anfitrión-, tampoco predispone las cláusulas contractuales, ni tiene control sobre el suministro de la prestación, por lo que estas plataformas tendrían la condición de prestadores de servicios de la sociedad de la información.

En este tipo de turismo colaborativo, además, hay que recordar que al ser inexistente o más bajo el coste en alojamiento, el turista suele reservar el grueso de su gasto en destino, por lo que contribuye de forma notoria al sector del ocio y la restauración, pudiendo así servir de motor al resto de la oferta turística.

Las restricciones de derechos en España derivadas por el COVID-19, a trámites para revisión

El abogado José Ortega formuló primeramente una petición contra la suspensión de facto del derecho fundamental de libre circulación, recogido en el artículo 19 de la Constitución, y   más   tarde   una   más   contra   los   planes   anunciados   por   el   gobierno   de   encerrar obligatoriamente  e  incluso  contra  su  voluntad  a  los  positivos  asintomáticos  en  grandes recintos cerrados tales como polideportivos, hoteles u otros.

La  primera  se  basa  en  el  razonamiento  de  que  la  ley  orgánica  de  estados  de  alarma, excepción y sitio no permite la suspensión del derecho fundamental recogido en el artículo 19 de la Constitución. Únicamente autoriza al gobierno a limitarlo.

Si bien el artículo 7 del R.D. de estado de alarma pretende constituir una mera limitación del derecho de libre circulación, en realidad se trata de una forma fracasada de esconder una auténtica suspensión o prohibición del mismo, pues el concepto de libertad de circulación remite al libre albedrío, y todas y cada una de las actividades que el artículo 7 permite en el exterior, tales como comprar comida o medicamentos, nada tienen que ver con el libre albedrío o la libertad, y todo con la necesidad.

La suspensión efectiva del derecho fundamental de libre circulación exige la previa declaración del estado de excepción. Sin embargo:

  1. Una epidemia no es con arreglo a la ley situación fáctica que permita legalmente la declaración del estado de excepción.
  2. La declaración de estado de excepción no depende del gobierno sino que requiere la previa autorización del Congreso de los diputados.

Por tanto, la forma adecuada de hacer compatible el R.D. de estado de alarma con la ley orgánica sería la reforma del artículo 7 del primero introduciendo una redacción que de modo efectivo impusiera determinadas limitaciones a la libertad de circulación y no su completa suspensión o supresión.

La segunda queja se apoya en una argumentación doble:

En primer lugar,   la medida implicaría supresión   del derecho a al intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad de domicilio, recogidos en el artículo 18 de la Constitución y que que por tratarse de un derecho fundamental tampoco puede ser suspendido mediante declaración de estado de alarma.

En segundo lugar, el internamiento de positivos asintomáticos en recintos colectivos repletos de otros positivos asintomáticos no aporta beneficio alguno a los intereses generales y sí extraordinarios inconvenientes tanto para el derecho a la salud de las personas internadas como para los propios intereses generales, porque la reclusión contra su voluntad propia en cubículos donde los internos no tendrán posibilidad de hacer ejercicio, elegir su dieta o exponerse al sol, está destinada a deprimir su sistema inmune y por tanto constituye un riesgo de adquisición de síntomas.

Ambas peticiones acaban de iniciar el trámite correspondiente y han recibido su número de radicación, según comunicación oficial del Secretario General del Parlamento Europeo.

La petición 433/2020 es la presentada contra la suspensión del derecho de libre circulación


La petición 432/2020 es la presentada contra la amenaza del gobierno de confinar a los ciudadanos que den positivo ,aunque sean asintomáticos, en recintos errados colectivos.

José Ortega cuenta con una amplia experiencia tanto en la defensa de derechos individuales como en trámites ante el Parlamento Europeo.

En  01.02.08  formuló  ante  la  comisión  de  peticiones  del  Parlamento  Europeo  una  queja extensa  por  abusos  del  gobierno  de  España  en  aplicación  de  la  ley  de  costas.  Fue incorporada en el llamado informe Auken y estimada en el pleno de 26.03.09. Se requirió a España  para  que  reformase  la  ley,  a  lo  que  efectivamente  se  procedió  mediante  la  ley 2/2013.

En 2012 redactó un proyecto de ley de reforma de la Constitución que posteriormente sintetizó en un documento llamado manifiesto 2012. El objeto de la reforma era sentar las bases para la implantación en España de una democracia auténtica libre de corrupción y de lobbies.

En   2014   la   Comisión   Interfederativa   de   cofradías   de   pescadores   de   la   Comunidad Valenciana le dio carta blanca para que tratara de detener el proyecto de la multinacional petrolera CAIRN ENERGY de instalar cinco plataformas de extracción de hidrocarburos en el  golfo  de  Valencia.  Después  de  poner  en  marcha  numerosas  iniciativas  legales  y  de organizar  la  gran  manifestación  de  Castellón  de  23.02.14,  su  labor  fue  concluyente  para que en julio de 2015 la empresa abandonase el proyecto.

 

¿Cómo puedo solicitar una moratoria? ¿Qué puedo hacer si tengo el negocio en un local alquilado?

En respuesta a las exigencias de las patronales y asociaciones empresariales, que venían pidiendo una regularización de la exención de los alquileres, el Gobierno aprobó ayer un mecanismo para aliviar la presión económica de autónomos y pymes que son arrendatarios de locales comerciales para que, así, tengan una vía jurídica habilitada para renegociar el pago de las rentas. Se trata del Real Decreto-Ley 15/2020 en el que se adoptan medidas para reducir los costes a estos colectivos.

“Como ya había sucedido en anteriores regulaciones en relación a la vivienda, el Real Decreto-Ley hace una clara diferenciación entre si el propietario del local es un gran tenedor o bien es un particular. En todo caso, se exhorta  a las partes (propietarios y arrendatarios) para que antes de llegar a un conflicto intenten alcanzar un acuerdo amistoso que en la medida de lo posible satisfaga a ambas partes, atendiendo que estamos viviendo una situación excepcional”, explica Ignasi Vives, abogado de Sanahuja Miranda.

Vives advierte, no obstante, que se trata de una solución “que pasa porque propietario y arrendador asuman íntegramente el coste de las medidas, sin que se haya previsto ninguna ayuda económica concreta en este aspecto”.

“A la vista de esta nueva regulación entendemos que las medidas propuestas por el gobierno descargan el peso de la crisis financiera a los propietarios ya sean particulares o grandes tenedores y por ende a los inquilinos. Nótese que la medida lo único que propone es que el propietario particular pueda disponer de la fianza o bien que el gran tenedor acepte una prórroga del pago de la renta con un máximo de 4 meses a devolver en dos años”, explica el abogado.

En todo caso, y para el supuesto de que las partes no pudieran llegar a un acuerdo, se efectúa la siguiente regulación:

Cuando el propietario del local es un gran tenedor

“Como cuestión previa, debemos recordar que se entiende por gran tenedor, toda aquella persona física o jurídica que sea titular de más de 10 bienes inmuebles, excluyendo garajes y trasteros”, puntualiza Vives.

El RDL establece en su Artículo 1 que:

  • Se podrá solicitar una moratoria en el pago de alquiler durante el periodo que dure el estado de alarma, y con una prórroga de hasta 4 meses.
  • El plazo para proceder a la devolución de la rentas será de 2 años, siempre que el contrato siga en vigor durante ese periodo.
  • Las cuotas se fraccionarán en los próximos recibos durante los 2 años.
  • El aplazamiento de la renta no generará ni penalizaciones ni intereses.
  • El plazo para solicitar la prórroga es de un mes desde el 22 de Abril de 2020, por lo que se deberá solicitar antes del 22 de mayo.

Cuando el propietario del local es un particular

Para los supuestos en que el propietario sea un particular, nuevamente se insta a las partes para que puedan llegar a un acuerdo y así evitar los conflictos.

En todo caso, y para el supuesto de que no sea posible alcanzar un acuerdo, se establece que:

  • El inquilino puede solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario de la renta.
  • La fianza otorgada en el contrato de arrendamiento podrá servir como pago total o parcial de alguna de las mensualidades
  • La fianza utilizada se deberá devolver en el plazo de un año desde que se firmó el acuerdo entre las dos partes.

¿Qué requisitos se deben cumplir para solicitar una moratoria tanto si el propietario es un gran tenedor o es un particular?

El Real Decreto-Ley 15/2020 diferencia si se trata de un autónomo o bien de un Pyme.

Requisitos que deben cumplir los autónomos

  • Estar de alta de autónomos en la fecha en que se decretó el estado de alarma.
  • Que la actividad profesional haya quedada suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma.
  • Si la actividad no ha quedado suspendida, se debe acreditar que la facturación del mes natural al anterior a solicitar el aplazamiento se ha reducido un 75% en comparación con el año anterior.

Requisitos que deben cumplir las Pymes

  • Que el activo de la empresa nos supere los 4 millones de Euros; que la cifra neta anual de negocio no supere los 8 millones de Euros; y que la empresa no tenga más de 50 trabajadores.
  • Que la actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma.
  • Si la actividad no ha quedado suspendida se deberá acreditar que la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento es al menos de un 75% menos, en relación a la media mensual del mismo trimestre del año anterior.

Enlace del BOE

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554