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Interior ordena reforzar la protección a víctimas de violencia de género durante el verano

Los cuerpos policiales extremarán la vigilancia en casos con menores, antecedentes violentos, agresores persistentes o problemas de salud mental y adicciones hasta el 14 de septiembre

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La Secretaría de Estado de Seguridad ha emitido una directriz operativa para reforzar las medidas de protección a las víctimas de violencia de género durante el verano, un periodo en el que se incrementan los casos registrados en el Sistema VioGén 2.

La instrucción, firmada el 23 de junio, ha sido remitida principalmente a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Foral de Navarra, aunque también se ha hecho llegar a todos los operadores del sistema mediante los cauces internos de comunicación.

La medida estará vigente hasta el 14 de septiembre y responde al aumento de episodios violentos que suele registrarse en los meses estivales. Según señala la directriz, los agentes deberán considerar como factores de mayor riesgo determinadas condiciones ambientales, como las altas temperaturas, que “favorecen dinámicas de crisis en las relaciones humanas y aumentan la probabilidad de conductas agresivas”. Asimismo, se advierte del mayor riesgo que suponen los fines de semana y los días previos a festividades.

En cuanto a los casos activos en el Sistema VioGén 2, se ordena prestar especial atención a aquellos de mayor relevancia, así como a los que implican a menores en riesgo, antecedentes de violencia con otros autores, agresores persistentes o presencia de problemas de salud mental y adicciones, “sobre todo alcohol”.

La directriz recuerda además a los cuerpos policiales la necesidad de cumplir de forma rigurosa el Protocolo 2025, contemplado en la Instrucción 1/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Este protocolo introduce un nuevo modelo para valorar y gestionar el nivel de riesgo de las víctimas, que incluye el seguimiento de los casos a través del Sistema VioGén 2. “El Protocolo 2025 mejora la valoración policial del riesgo que corre la víctima al precisar la evaluación de la peligrosidad de los agresores a partir de elementos como los antecedentes violentos, el consumo de alcohol u otros tóxicos y sus características de impulsividad y agresividad, en especial cuando hayan sido condenados por lesiones muy graves u homicidios”.

En ese contexto, se insta a los agentes a “incrementar los canales de comunicación con el entorno de las víctimas para acceder a información veraz y actualizada que permita ajustar el nivel de riesgo y perfeccionar la protección de la víctima”.

La Secretaría de Estado también subraya la importancia de reforzar la detección precoz de posibles casos no denunciados. Para ello, los cuerpos policiales cuentan con el denominado Protocolo Cero, que orienta el primer contacto con mujeres en situación de desprotección. Este esfuerzo cobra especial relevancia en los llamados ‘casos resistentes’, en los que “la víctima, a pesar de la protección ofrecida por el sistema, rechaza o dificulta la asistencia y las medidas de seguridad”.

Ante este tipo de situaciones, se instruye a los agentes a buscar la colaboración de los servicios sociales u otros recursos asistenciales, con el fin de ofrecer una respuesta más eficaz y activar “acciones concretas y específicas para cada víctima”.

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