Noticias Tenerife El impago del Gobierno de los billetes subvencionados pone en riesgo la conectividad aérea con Canarias

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El impago del Gobierno de los billetes subvencionados pone en riesgo la conectividad aérea con Canarias

La deuda del Estado con las compañías aéreas se debe a unos presupuestos "infradotados", mientras que la conectividad aérea con Canarias crece progresivamente, con un aumento cercano al 18% en 2024 en comparación con 2019

La ALA exige al Gobierno el pago inmediato de la deuda pendiente con las aerolíneas y la corrección de esta situación en los próximos presupuestos del Estado

Las aerolíneas que conectan Canarias con la península y operan vuelos interinsulares podrían verse obligadas a dejar de operar algunas de estas rutas o reducir sus frecuencias debido a la difícil situación económica derivada del impago del Gobierno.

A enero de 2025, la deuda pendiente con las aerolíneas asciende a 810 millones de euros por los adelantos realizados en concepto de las subvenciones al 75% del precio de los billetes para los residentes. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) teme que esta deuda podría llegar a los 1.500 millones de euros este año debido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados, a menos que el Gobierno tome medidas.

Para facilitar el acceso al transporte aéreo, los residentes en Canarias, así como los de Baleares, Ceuta y Melilla, cuentan con una subvención de hasta el 75% en las tarifas de los servicios aéreos regulares que unen estos territorios con la península, así como en los desplazamientos interislas. Esta subvención está reconocida y depende del Ejecutivo, financiándose a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Las aerolíneas son meros intermediarios que ejecutan el programa y actúan como entidades colaboradoras de la Administración según la normativa vigente. Aplican el porcentaje de subvención establecido al momento de la compra del billete subvencionado y luego liquidan la cantidad restante a la Administración, en este caso, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), una vez el pasajero ha realizado el viaje. La DGAC es responsable de gestionar los créditos presupuestarios destinados a la subvención y de abonar el importe correspondiente a las aerolíneas.

En resumen, las aerolíneas aplican la subvención en el billete, y el Gobierno debe liquidar el importe a través de la DGAC, con cargo a un crédito ampliable de los PGE. Si se supera el importe asignado, se puede ampliar a través del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, durante 2024, el Ejecutivo ha retrasado la liquidación, lo que ha incrementado la deuda con las aerolíneas, que aún no ha sido saldada a pesar de los reiterados requerimientos de ALA.

“La asignación presupuestaria destinada a las subvenciones en el transporte aéreo a los residentes de Canarias, así como a los de Baleares, Ceuta y Melilla está infradotada. La asignación en los Presupuestos Generales de 2023, prorrogada en 2024 y 2025, ha resultado del todo insuficiente para cubrir las subvenciones de hasta el 75% en las tarifas de los servicios aéreos y todo apunta que el problema que hemos sufrido las aerolíneas en 2024, soportando esta deuda multimillonaria del Gobierno, se repetirá este año 2025 con unos presupuestos prorrogados. El Ejecutivo debe poner solución cuanto antes a ese grave problema”, asegura el presidente de ALA, Javier Gándara.

El Gobierno asignó 560,81 millones de euros en los PGE de 2023 para las subvenciones al tráfico aéreo regular de residentes extra-peninsulares, una cantidad que ha sido ampliamente superada por la demanda de estas ayudas. A esta cifra se sumaron otros 170 millones a través del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito, pero aún no es suficiente y queda pendiente una importante suma que debe ser abonada a las aerolíneas por las cantidades adelantadas en concepto de subvenciones.

Esta falta de compromiso presupuestario por parte del Gobierno contrasta con el esfuerzo de las aerolíneas para aumentar la conectividad aérea y la cohesión social y territorial.

En 2024, la oferta de capacidad en las rutas entre Canarias y la península alcanzó los 61,81 millones de asientos, lo que representa un aumento del 9,6% respecto a 2023 y del 18% en comparación con 2019. Es de considerar que, la conectividad es esencial para la cohesión territorial, los intercambios comerciales y el desarrollo económico y social.

Además, esta falta de financiación del Ejecutivo está afectando a las agencias de viajes, que están teniendo dificultades para cobrar los importes correspondientes por la gestión de los billetes subvencionados.

“Esta situación está comprometiendo la sostenibilidad financiera de estas aerolíneas hasta el punto de que, si esto sigue así, podría hacer inviable la operación de las rutas entre Canarias y la península e interislas y, por tanto, a su desarrollo económico y generación de empleo”, señala el presidente de ALA, Javier Gándara. “Es importante tener en cuenta que el transporte aéreo es el motor de la actividad turística en Canarias, principal generador de crecimiento económico y empleo, representando el 35,5% del PIB y generando el 40% del empleo”, añade.

Gándara también reclama al Gobierno que abone “cuanto antes” la deuda pendiente con las compañías aéreas que operan las rutas que conectan Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con la península e interislas, y que “corrija esta situación” con partidas presupuestarias “más realistas” para el futuro, evitando “errores de cálculo” como los que ocurrieron en las cuentas públicas de 2023, que asignaron una partida menor que en los dos años anteriores: 652 millones de euros en 2021 y 641 millones en 2022, recuerda el presidente de la ALA.

En este contexto, las aerolíneas prevén que en 2025 enfrentarán nuevos retrasos en los pagos, ya que todo indica que se prorrogarán los Presupuestos de 2023, lo que asignaría solo 560,8 millones de euros para cubrir las subvenciones a residentes este año. Sin embargo, el gasto estimado alcanza los 1.200 millones de euros, a lo que se suman los 810 millones de euros pendientes de 2024. Esta situación augura más retrasos e impagos por parte del Estado a las aerolíneas, a menos que se encuentre una solución alternativa.

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