El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de hoy un nuevo Real Decreto-ley diseñado para reforzar las medidas de apoyo al sector del transporte de mercancías en España. Esta normativa, que afecta a los ámbitos de carretera, ferroviario y marítimo, tiene como objetivo principal mitigar el impacto económico generado por el incremento en el precio de los combustibles a raíz de la guerra en Oriente Próximo.

Este nuevo texto legislativo completa las acciones establecidas previamente en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, el cual introdujo una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y otras ayudas directas a los transportistas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aquel primer decreto “supuso una primera respuesta, con medidas de carácter urgente para aliviar el impacto de la subida de los costes energéticos”, añadiendo que con la nueva aprobación de hoy se da “un paso más”.

Según ha detallado el ministro, la actual normativa protege a la cadena logística “ante un contexto internacional complejo, garantizando su viabilidad y asegurando el correcto funcionamiento de la cadena logística”. Asimismo, Puente ha subrayado que con este paso “el Gobierno reafirma su compromiso con un sector estratégico para el país y con el mantenimiento de un sistema de transporte eficiente, competitivo y sostenible”.

El nuevo marco normativo se articula en tres ejes principales de actuación. En el ámbito del transporte de mercancías por carretera, las disposiciones son el resultado de un proceso intenso de diálogo con el sector, canalizado a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

Para asegurar que las fluctuaciones del coste del carburante se trasladen de forma efectiva a las tarifas operativas, el texto legal consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte ante las variaciones en el coste del combustible.

Asimismo, la normativa exige que esta actualización se refleje expresamente en la factura para garantizar la transparencia y facilitar su comprobación, e introduce un régimen sancionador específico para penalizar los casos de incumplimiento. El titular de Transportes ha defendido que “se trata de una respuesta basada en el diálogo, ajustada a la realidad del sector y orientada a mejorar la eficacia de las medidas ya adoptadas”.

El segundo eje se centra en el transporte ferroviario de mercancías. El decreto establece una línea de ayudas directas para el año 2026 orientada a compensar el sobrecoste energético de las locomotoras diésel. El Ejecutivo ha destinado a este fin una dotación total de 3,15 millones de euros, lo que se traduce en una asignación de 15.000 euros por cada locomotora activa. En palabras del ministro, Óscar Puente, “el objetivo es evitar una pérdida de competitividad del ferrocarril frente a otros modos de transporte y garantizar su continuidad en el sistema logístico”.

En lo relativo al transporte marítimo, el tercer eje de la normativa amplía el alcance de las ayudas ya existentes. Se incorporan de manera expresa a las coberturas del Real Decreto-ley 7/2026 los servicios de carga pura operados entre los puertos peninsulares y los de los archipiélagos Balear y Canario, así como las conexiones con Ceuta y Melilla, y los tránsitos interinsulares.

Esta extensión supone un incremento presupuestario de 7 millones de euros adicionales, que se suman a los 30 millones previstos inicialmente para este sector. Óscar Puente ha señalado que con esta ampliación de fondos “se refuerza la conectividad y se garantiza que estos territorios puedan seguir contando con un sistema de transporte eficiente y competitivo”.

Finalmente, el Real Decreto-ley incorpora una serie de clarificaciones y ajustes en el marco legal vigente. Entre estas modificaciones destaca la inclusión formal de colectivos específicos en el sistema de ayudas del decreto anterior, concretamente los eurotaxis y los taxis adaptados a personas con movilidad reducida. Del mismo modo, el texto legal contempla la adaptación de las distintas medidas aprobadas a las características territoriales particulares de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.