Los residentes de los antiguos núcleos de El Paraíso y Corazoncillo, las zonas más afectadas por la erupción del volcán Tajogaite (La Palma), han anunciado este martes el inicio de movilizaciones ante lo que califican de “incertidumbre absoluta” respecto al futuro de sus propiedades. Este colectivo, que representa a los habitantes del primer núcleo urbano sepultado por la lava y del barrio que resultó parcialmente cubierto dos meses después, ha convocado un encuentro de protesta para el próximo domingo, 14 de diciembre.
El acto tendrá lugar al final de la carretera de Tacande, en el municipio de El Paso, frente al cono volcánico. La fecha elegida coincide con el cuarto aniversario de la finalización oficial de la erupción. Los afectados hacen un llamamiento a la solidaridad ciudadana para visibilizar su situación, alegando que, casi cuatro años después, las administraciones públicas continúan sin informarles sobre la delimitación definitiva del anunciado espacio natural protegido ni sobre las compensaciones económicas que les corresponderían como legítimos propietarios.
Indefinición legal y explotación turística
La principal queja del colectivo radica en el contraste entre las restricciones que sufren y la actividad económica que ya se genera en la zona. Los terrenos de estos vecinos se encuentran bajo un régimen de protección cautelar —clasificados como “zona roja” en el decreto ley del Gobierno de Canarias vigente desde diciembre de 2023—, lo que limita sus usos.
Sin embargo, los propietarios denuncian el “agravio” que supone que, mientras ellos desconocen si podrán recuperar sus tierras, reconstruir o ser indemnizados, la zona ya está siendo explotada económicamente mediante visitas turísticas guiadas y se planifica la futura sede del Centro Vulcanológico Nacional, todo ello “sin consensuarlo con los dueños” de los terrenos.
“Reclamamos información, pasos firmes y una hoja de ruta clara”, subrayan los portavoces vecinales. Exigen saber, una vez se declare oficialmente la zona protegida, si se procederá a la expropiación, a qué precio, y si existirán opciones de reconstrucción para aquellos terrenos que pudieran ser liberados de la protección ambiental.
Críticas a la gestión de la emergencia y secuelas psicológicas
Más allá de la incertidumbre urbanística, los vecinos de El Paraíso y Corazoncillo ponen el foco en la gestión inicial de la catástrofe. Denuncian haber sufrido daños psicológicos de “inmensa gravedad” derivados de la falta de previsión. Según su testimonio, la erupción comenzó sin que fueran avisados oficialmente del riesgo ni evacuados preventivamente por las autoridades.
“Pudimos haber muerto, solo la suerte evitó que esta catástrofe tuviera además un coste en vidas”, aseguran. Esta falta de aviso obligó a los residentes a huir con lo puesto, impidiéndoles, especialmente en el caso de El Paraíso, regresar para salvar enseres, objetos personales, fotografías o poner a salvo a sus mascotas. A esta situación se suma la imposibilidad que tuvieron de contratar o mejorar sus seguros antes del siniestro.
Señalamiento a los responsables políticos
El colectivo ha expresado su malestar dirigiendo sus críticas hacia figuras políticas específicas que ocupaban cargos de responsabilidad durante la emergencia y que, actualmente, ostentan competencias sobre la reconstrucción y la ordenación del territorio.
Señalan directamente a Mariano Hernández Zapata, quien presidía el Cabildo de La Palma durante la erupción y hoy ejerce como consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, departamento del que depende la declaración del espacio protegido. Asimismo, mencionan a Miguel Ángel Morcuende, actual director general de Espacios Naturales y Biodiversidad en la misma Consejería, quien fuera director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) durante la crisis.
Los vecinos consideran un “trato discriminatorio” que la gestión de sus derechos dependa de los mismos responsables de la emergencia. “Si entre los afectados hubiera un familiar directo de quienes hoy toman decisiones, la respuesta no habría tardado años”, lamentan, criticando una voluntad política que perciben lenta para los ciudadanos sin influencia.
Promesas incumplidas y falta de respuesta
La movilización responde también al silencio administrativo tras varios compromisos políticos no materializados. Los afectados recuerdan que en enero se reunieron con el alcalde de El Paso, Eloy Martín, quien se comprometió a gestionar una reunión con el Gobierno de Canarias antes de marzo para abordar la planificación. Casi un año después, afirman no tener “contestación alguna”.
De igual forma, citan a la consejera de Política Territorial, Nieves Laydi Barreto, quien en diciembre de 2023 reconoció públicamente que el decreto ley de la nueva ordenación no ofrecía una solución justa para los propietarios de la “zona roja”, anunciando una normativa específica de la que, según denuncian los vecinos, “tampoco se sabe nada a día de hoy”.
Ante este escenario, el grupo de propietarios ha decidido solicitar formalmente una reunión con la consejera Barreto y con el consejero Zapata. “No pedimos privilegios, sino justicia, claridad y respeto”, concluyen, exigiendo ser tratados con dignidad tras haber perdido hogares y tierras, y criticando que el Gobierno canario haya tenido tiempo para “titulares y anuncios” pero no para ofrecer respuestas concretas a los damnificados más directos del volcán.
