El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha comunicado este lunes que continuará defendiendo el conjunto monumental de Juan de Ávalos, situado en la confluencia de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz, haciendo uso de todos los instrumentos jurídicos y administrativos disponibles para garantizar su protección patrimonial. Esta decisión se produce tras la resolución del Gobierno de Canarias de no declarar la obra como Bien de Interés Cultural (BIC). Según la corporación local, esta negativa autonómica no elimina las competencias municipales en materia de protección del patrimonio artístico, ni impide la adopción de medidas propias de conservación y catalogación.

El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, ha valorado la situación destacando el deber de la corporación local de actuar de oficio: “El Ayuntamiento va a defender el patrimonio de Santa Cruz con todas las herramientas que la ley pone a nuestra disposición. Respetamos las decisiones de otras administraciones, pero respetar las competencias de cada Administración significa también ejercer las nuestras. Y Santa Cruz tiene competencias y responsabilidades en la protección de su patrimonio, especialmente cuando existen informes técnicos que acreditan valores artísticos, culturales y urbanos que merecen ser preservados”.

En esta línea de actuación, el primer edil ha destacado las recientes acciones impulsadas desde los órganos consultivos locales. Bermúdez añade que “el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz ha dado un paso muy importante al aprobar por unanimidad que se estudie la inclusión del conjunto monumental de Juan de Ávalos en el listado de elementos protegidos. Ese acuerdo demuestra que existe una voluntad clara en nuestra ciudad de analizar, con criterios técnicos y jurídicos, todas las posibilidades para garantizar la conservación de este conjunto y preservar sus valores artísticos y patrimoniales”.

Para el regidor, el objetivo es evitar que el destino de la obra dependa de un único dictamen y señaló que “Desde el Ayuntamiento vamos a seguir defendiendo esa posición y ejerciendo todas las vías que nos permita la legislación para que el futuro de este elemento de nuestra historia no quede condicionado únicamente por una decisión administrativa”.

Frentes administrativos y judiciales abiertos

En el ámbito jurídico, la administración local mantiene vigente un recurso de alzada presentado contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, la cual incluye el conjunto en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y decreta su retirada. Dicho recurso, aún sin resolver, solicita dejar sin efecto la obligación de desmantelar el monumento, basándose en las competencias patrimoniales municipales, en el Catálogo municipal actualmente en tramitación y en diversos informes técnicos que acreditan sus valores culturales, artísticos y urbanos.

Asimismo, el documento presentado por el Ayuntamiento plantea la suspensión cautelar de la retirada durante la resolución del procedimiento. La argumentación municipal subraya que el desmantelamiento físico de la obra podría causar daños estructurales, materiales y estéticos de difícil o imposible reparación, advirtiendo además del riesgo para la infraestructura del anexo Fuerte de Almeyda, señalando que la retirada podría afectar la estabilidad de parte de sus muros perimetrales.

Paralelamente, tras la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del decreto del Gobierno autonómico que concluye formalmente el expediente con la no declaración del BIC, el Consistorio baraja acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para defender sus planteamientos y los intereses patrimoniales de la ciudad.

Catálogo local de protección integral y respaldo técnico

Ante el cierre de la vía autonómica, Santa Cruz subraya que ejercerá sus herramientas propias, destacando el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales, en fase de tramitación. El pasado 27 de julio, el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico acordó por unanimidad proponer que se valore la incorporación de la Fuente de Almeyda como elemento urbano con grado de protección integral. Esta propuesta atiende tanto a sus valores artísticos como creación de Juan de Ávalos, como a su monumentalidad y a su aportación al entorno urbano.

La estrategia municipal recalca que no responde a una decisión estrictamente política, sino que se apoya en dictámenes técnicos y especializados. Específicamente, la propuesta se sustenta en los informes de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel del 22 de octubre de 2024; del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Histórico (CICOP) emitido el 31 de mayo de 2018; y del arquitecto municipal miembro del Consejo, con fecha del 20 de julio de 2026.

El informe de este último especialista, anexado al recurso de alzada, cataloga a Juan de Ávalos como una de las figuras relevantes de la escultura española del siglo XX. El documento resalta la complejidad compositiva de la obra, el tratamiento del movimiento y la anatomía, y su singularidad como muestra de la proyección en Canarias de un autor de ámbito nacional. También le otorga valor histórico-documental, argumentando que la conservación del conjunto permitiría el estudio de las manifestaciones escultóricas y arquitectónicas del franquismo en las islas y mantendría abierta la posibilidad de una reinterpretación museográfica de la obra sin necesidad de eliminarla físicamente. A nivel paisajístico y urbano, se subraya su integración en el trazado histórico desde 1966, su condición de elemento reconocible para varias generaciones, su conexión visual con el Fuerte de Almeyda y el fuerte impacto en la imagen y el perfil urbano del área portuaria que supondría su retirada.

Un órgano consultivo de amplio espectro institucional

Aunque el Consejo Municipal de Patrimonio carece de facultades resolutorias y sus informes tienen carácter asesor, facultativo y no vinculante, el Ayuntamiento recalca el peso institucional y técnico de este órgano diseñado para asesorar en políticas de conservación del patrimonio histórico.

Su composición integra diversos perfiles técnicos e institucionales. En la sesión constitutiva del actual mandato quedaron definidos sus integrantes, conformados por: el alcalde como presidente, el concejal con competencias en Patrimonio Histórico, la gerente del Organismo Autónomo de Cultura, Carlota Cobo; los responsables municipales de Patrimonio e Infraestructuras Francisco Sánchez y Humberto José Gutiérrez; el arquitecto municipal designado por la Alcaldía, Elías Medina Moreno; el representante del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Deine González; el representante del Cabildo de Tenerife, José Carlos Cabrera; el representante del Gobierno de Canarias, Juan Alejandro Lima; el representante del CICOP, Francisco José Cedrés; el representante de la Universidad de La Laguna, Carlos Javier Castro Brunetto; y el Cronista Oficial de la ciudad, José Manuel Ledesma. Las gerencias de Cultura y Urbanismo también forman parte del organigrama. Los únicos cargos políticos en el consejo son el alcalde y el concejal del área.

La postura institucional ante el marco legal

En vista de los avales técnicos reunidos, el alcalde Bermúdez ha querido fijar la postura final del Consistorio frente al marco legal vigente: “Santa Cruz no renuncia a ejercer sus competencias ni acepta que la protección de nuestro patrimonio quede reducida a una única vía administrativa. La declaración BIC es una figura de protección, pero no es la única herramienta que tiene una ciudad para preservar sus bienes patrimoniales. El Ayuntamiento ha iniciado su propio procedimiento de protección y lo está haciendo con el respaldo de su Consejo Municipal de Patrimonio Histórico y de informes especializados”.

De cara a los futuros movimientos, Bermúdez afirma que “vamos a cumplir la ley, como siempre hemos hecho, pero cumplir la ley no significa permanecer de brazos cruzados. Significa utilizar todos los mecanismos que la propia legislación permite para defender los intereses de Santa Cruz, proteger nuestro patrimonio y garantizar que cualquier decisión sobre un elemento de estas características esté suficientemente fundamentada desde el punto de vista jurídico, histórico, artístico y urbano”.

A modo de conclusión, el regidor añadió: “la posición del Ayuntamiento es clara: queremos preservar los valores patrimoniales de la obra, y queremos hacerlo desde la legalidad, desde el conocimiento técnico y desde las competencias que corresponden a cada Administración. No pretendemos sustituir a ninguna otra Administración, pero tampoco vamos a renunciar a las responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento sobre su propio patrimonio y sobre la ciudad”.

El Ayuntamiento concluye que mantendrá activas simultáneamente la vía administrativa (con el recurso de alzada pendiente), la posible vía contencioso-administrativa, y la vía de catalogación estrictamente municipal, al considerar que la no declaración como BIC no supone en absoluto el final de sus actuaciones para proteger la obra.