La Asociación de Vecinos Lomo Negro, ubicada en el municipio de Arona, ha convocado una manifestación para exigir su derecho a una vivienda digna ante la amenaza de sanciones y posibles demoliciones de viviendas por parte de la Agencia de Protección del Medio Natural (ACPMN).

Este colectivo, que representa a más de 700 personas, ha organizado el desplazamiento en dos autocares y prevé también la asistencia de vecinos en vehículos particulares, con destino a las instalaciones de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife, en la ciudad capitalina, el 30 de octubre sobre las 11:30h.

Bajo el lema “Ni que fuimos delincuentes, somos propietarios”, los vecinos buscan visibilizar su situación, sosteniendo que la construcción de sus viviendas, aunque no regularizada, responde a la necesidad de vivienda digna para sus familias.

En recientes declaraciones a El Digital Sur, destacan que la mayoría de las familias están empadronadas en el municipio y contribuyen con el pago de impuestos locales, como el IBI y el servicio de recogida de basura. Algunas viviendas incluso cuentan con contadores de agua.

La Asociación ha solicitado al Ayuntamiento de Arona que colabore en un estudio de viabilidad para la posible legalización de las viviendas, con la participación de Gesplan y el Instituto Canario de la Vivienda. Además, señalan la necesidad de considerar medidas legales como una posible amnistía o moratoria, argumentando que la crisis habitacional en Canarias afecta de manera significativa a la comunidad.

Asimismo, denuncian la falta de avances efectivos en el Plan de Vivienda 2020-2025 y el hecho de que Arona aún no haya sido declarada como “zona tensionada”, lo cual, según la Asociación, podría contribuir a estabilizar los precios de vivienda en el sur de Tenerife.

De acuerdo con la junta directiva de Lomo Negro, el pasado 8 de agosto mantuvieron una reunión en la que al parecer el consistorio sureño se comprometió a evaluar la situación, “nos dijeron que se reunirían con Gesplan y otra entidad para realizar un estudio de viabilidad. Desde luego, no nos podrían incluir en el plan general, pero sí evaluar otras alternativas. Le comentamos que los abogados nos hablaban de amnistía o moratoria, y nos respondieron que sí, que podía ser. Pero, a día de hoy, nada.”

Ante la falta de una respuesta clara, los vecinos advierten que van “a seguir adelante, incluso si eso implica llevar nuestras demandas hasta el Congreso de los Diputados”, indicaron fuentes de la asociación a este periódico.

La Asociación de Vecinos Lomo Negro llevó a cabo su primera protesta en julio, cuando instaron al Ayuntamiento de Arona y a otras entidades a encontrar una solución que evite las sanciones y el derribo de unas 300 viviendas construidas en suelo rústico. En aquella ocasión, la asociación dejó claro que, de no hallarse una salida viable, no dudarían en llevar su caso al Gobierno de España.