El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (FEPECO), Oscar Izquierdo, ha lanzado una advertencia contundente sobre la política de vivienda del Gobierno de Canarias. Según Izquierdo, la falta de soluciones rápidas para agilizar la burocracia y mejorar la gestión del suelo está llevando la política habitacional al borde del fracaso.
En sus declaraciones, Izquierdo subrayó la problemática de los retrasos en la obtención de licencias de obras mayores. “No se construyen las viviendas necesarias, porque no se diligencian las licencias de obras mayores en el tiempo establecido normativamente, incumpliendo los plazos, sin que nadie asuma responsabilidades políticas, profesionales o personales”, afirmó.
Según FEPECO, el plazo para resolver y notificar la solicitud de licencias urbanísticas es de tres meses desde la presentación de la solicitud en los registros municipales, pero en la práctica, este periodo se está extendiendo a más de un año.
Izquierdo destacó la desconexión entre la legislación y la realidad administrativa, indicando que, a pesar de la aprobación de leyes oportunas y planes ambiciosos anunciados en ruedas de prensa, la falta de eficiencia administrativa impide abordar adecuadamente la emergencia habitacional en Canarias. “La realidad es tozuda y por mucha legislación buena y oportuna que se apruebe, a día de hoy es imposible avanzar debido a una Administración Pública incapaz, material y humanamente, de asumir el reto”, expresó.
Los problemas estructurales de la administración pública fueron otro punto crítico mencionado por Izquierdo. Destacó la obsolescencia del planeamiento urbano en muchos municipios, la falta de personal especializado en oficinas técnicas y la tardanza en la emisión de informes sectoriales, que pueden superar los doce meses. Además, hizo hincapié en la necesidad de simplificar las sedes electrónicas para facilitar los trámites tanto a los ciudadanos como al sector empresarial.
La situación actual, según Izquierdo, está “asfixiando a las empresas”, dificultando la creación de empleo y poniendo en riesgo inversiones significativas que, a su criterio, podrían generar riqueza social.
Además, resaltó el impacto negativo de estos retrasos en los propios ayuntamientos, ya que la falta de licencias de construcción resulta en una disminución de los ingresos fiscales. “Sin licencias no se puede construir y si no se construye no se pagan los impuestos correspondientes, lo que perjudica gravemente a las arcas municipales”, concluyó.
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