El Ayuntamiento de Adeje, liderado por el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga, tiene la intención de declarar el municipio como “zona tensionada de mercado” en el próximo pleno municipal, en conformidad con la “Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda” del Gobierno de España.

Para implementar esta declaración, el primer paso es que el pleno del ayuntamiento apruebe una moción solicitando al Gobierno de Canarias que realice los estudios necesarios para determinar los parámetros socioeconómicos que justificarían esta declaración de zona tensionada.

Esto implica utilizar datos estadísticos oficiales para determinar si, como se sospecha, los habitantes de Adeje dedican al menos el 30% de sus ingresos a la vivienda, o si los precios de compra o alquiler han aumentado más de 3 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Este estudio podría realizarse por zonas o núcleos de población dentro del municipio.

El alcalde de Adeje ha admitido que “somos conscientes de que existe un problema serio de acceso a la vivienda para muchas personas, vecinos y vecinas de Adeje, jóvenes del municipio y la comarca y trabajadores y trabajadoras que llegan desde otros puntos de la isla o de Canarias y debemos hacer lo que esté en nuestra mano para solucionarlo”.

Aseguró que no existen soluciones únicas y que todas requerirán tiempo para ayudar a resolver el problema, “por eso esta primera medida de solicitar la declaración de zona tensionada la enmarcamos dentro de un plan más global y ambicioso en el que estamos trabajando y que muy pronto anunciaremos”. Este plan incluirá la construcción de más viviendas, la habilitación de suelo disponible y la colaboración con otras administraciones y organizaciones que construyan viviendas para los trabajadores.

En una “zona tensionada”, esta medida permite que “los arrendatarios rebajen un 5 % las rentas del alquiler a cambio de bonificaciones fiscales que podrían ascender hasta el 90%. La deducción sería del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años o si en el inmueble ha sido rehabilitado o mejorado, la bonificación será del 60%”, según la moción que se presentará al pleno de Adeje. Además, los propietarios que firmen un contrato de al menos 10 años podrán evitar la congelación de los precios y podrán aumentar el alquiler hasta en un 10% a cambio de extender la duración del contrato.

Adeje ya ha planificado, mediante la cesión de parcelas al Gobierno de Canarias, la construcción de 45 viviendas en la zona de Armeñime y está preparando la habilitación de más terreno para aumentar esa cifra. En las últimas tres décadas, ya ha llevado a cabo planes de vivienda que han resultado en la disponibilidad de más de mil casas para los trabajadores, “es un camino que ya hemos recorrido y que podemos volver a andar porque sabemos cómo hacerlo y, lo primero, junto a esta medida que vamos a aprobar, es habilitar suelo que permita desarrollar proyectos de este tipo”, afirmó el alcalde.

Con la declaración de zona tensionada, Adeje busca ayudar a limitar los precios de los alquileres, generar ayudas para las personas que ponen sus viviendas en el mercado y tramitar bonificaciones fiscales y otras medidas que puedan influir y ayudar a reducir los precios en los próximos meses, evitando aumentos desproporcionados cada vez que se tiene que renovar un contrato de alquiler.

El municipio asume el desafío de ser uno de los primeros en aplicar estas medidas, a pesar de la incertidumbre que supone su implementación, pero confiado en que cualquier iniciativa debe contribuir a resolver un problema que cada día es más grave.

Arona se resiste a declararse una “zona tensionada”

Según las últimas actualizaciones sobre la situación de la vivienda en el municipio turístico de Arona, no se registraron progresos durante el pleno de febrero. Las propuestas presentadas tanto por el grupo de gobierno como por la oposición no llegaron a una resolución.

En particular, no salió a debate una moción del tripartito que instaba a los Gobiernos Supranacionales a tomar “medidas urgentes” ante crisis de vivienda, en su lugar se debatió una propuesta de los socialistas para declarar a Arona como “zona tensionada” como herramienta de la nueva ley, la misma fue rechazada por el grupo de gobierno, argumentando que tal medida solo podría ser implementada por el gobierno autonómico.

Concretamente, el gobierno de Arona dijo que esta medida “queda fuera de las competencias municipales”. Además, en caso de ser aprobada, “no tendría validez legal, ya que son las Comunidades Autónomas las que tienen competencia para hacer tal declaración”.