En la actualidad del sur de Tenerife, unas 210 personas, que representan a 90 familias, están a punto de ser desalojadas de las 44 viviendas en el edificio Chasna. La decisión, programada para llevarse a cabo a partir de las 09:30 horas del martes 12 de marzo, proviene del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona.

El edificio Chasna, en el presente, es hogar de una comunidad variada que incluye ancianos, bebés, menores, embarazadas, refugiados de la guerra de Ucrania, familias monoparentales, vecinos con discapacidades, trabajadores y enfermos con diversas patologías, que ha estado abandonado durante 53 años. A pesar de su voluntad de dejar el edificio, estas familias se enfrentan a un obstáculo importante: la ausencia de opciones de vivienda alternativas en Tenerife.

Según informes de la Oficina Municipal de Urbanismo, el edificio Chasna ha estado en riesgo de colapso debido a la debilidad estructural desde 2021. Sin embargo, desde entonces y hasta la actualidad estas personas han podido empadronarse en ese lugar sin ningún tipo de problemas.

A pesar de los desafíos, los ocupantes han restaurado -en medio de sus posibilidades- el edificio, utilizando paneles solares para la energía y bidones de agua para el suministro de agua, levantando escombros, reciclando la basura que había en ese lugar para hacer del lugar un sitio más llevadero. Sin embargo, la incertidumbre se sienta ahora en ellos y la comunidad se encuentra en un punto muerto sin una solución evidente.

El motivo del desalojo se debe a un papel que han recibido el pasado mes en el que se dice, aparentemente por parte del Juzgado número 3 de Arona que deben desocupar las viviendas para el día martes 12 de marzo. Sin embargo, dicho documento no está acompañado de ningún membrete oficial o sello por parte de la autoridad.

Juan José López Arroyo, uno de los residentes del edificio, expresa su inquietud: “Algunos, los que más tenemos tiempo, hemos estado aquí durante casi 5 o 6 años, nunca hemos tomado agua, nunca hemos robado electricidad, al contrario, todos tenemos tanques de agua, paneles solares. ¿Y ahora a dónde vamos?”

Muchos de los residentes de este edificio han expresado que se encuentran en esta estructura porque tienen mascotas que no se les ha permitido tener en otras viviendas, además de otras complejidades personales como la discapacidad. Cada caso es completamente diferente, algunos más difíciles que otros, pero todos coinciden en que su solución ha sido refugiarse en el edificio Chasna para sobrellevar de una forma u otra la falta de viviendas asequibles que enfrenta la isla de Tenerife.

La problemática que viven actualmente no es particularmente nueva, de hecho, desde 2019, (antes de la pandemia) ya resonaban las denuncias de vecinos en los medios por la ocupación de este edificio. En base a esto, el Partido Popular lleva años buscando la desocupación de estas viviendas. En concreto, en 2020 (durante el periodo de la pandemia) la entonces concejala del PP de Arona (y actual consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife y presidenta del IASS), Águeda Fumero, hizo eco de esta problemática bajo la “la necesidad de que las administraciones tomen medidas contra la ‘okupación’ ilegal en algunas zonas del municipio, que está provocando graves problemas de convivencia en lugares como Los Cristianos o Costa del Silencio”, atribuyéndolo a la “pésima gestión de las políticas de vivienda pública realizada por el Gobierno de Canarias”.

En este sentido, los ocupantes de estas viviendas del edificio Chasna aclaran que han votado “poniendo a Fátima Lemes en la alcaldía”, quien se lanzó como candidata de los populares en las últimas elecciones, confiados en que “solventaría” su situación actual con la construcción de viviendas de protección oficial, como se ha estado reivindicando desde años anteriores.

Actualmente, el escenario que enfrentan los residentes de estas viviendas es contrario a lo que esperaban. Señalan que desde el ayuntamiento de Arona “no se han presentado” y “no se les ha apoyado” para resolver su situación, de hecho, hay casos extremadamente graves como el de una madre que enfrenta la posibilidad de perder a su hija bajo la “amenaza” de asuntos sociales. Tambien hay casos en los que a las familias con menores de edad les ha hecho “imposible encontrar vivienda”.

Así como hay personas que llevan años viviendo en estos edificios de Costa del Silencio, hay otros que solo llevan meses, y esto se debe a que los costos del alquiler han superado con creces los salarios de las personas trabajadoras. Han aclarado que la gran mayoría son trabajadores y que sus ingresos “no les permiten estar en otro lugar”. Varios de ellos son restauradores y parte del movimiento “Voluntarios Costa del Silencio Limpio”, un grupo de personas que se organiza día a día para recuperar el núcleo de Ten-Bel y sus alrededores.

En un detalle particular de este caso de “okupas”, se encuentran refugiados ucranianos que han escapado de la guerra. Estos refugiados han recibido apoyo de familiares que ya residían en estos apartamentos previamente.

En general, la mayoría de ellos solicitan “un poco más de tiempo” para resolver su situación, conscientes de que lo que hasta ahora han considerado su “hogar” nunca les ha pertenecido.

Uno de los residentes afectados entre los entrevistados por EL DIGITAL SUR, atribuye la problemática de la vivienda a que el municipio no se ha declarado como “zona tensionada”. Este tema fue debatido en la última sesión plenaria de febrero de 2024 en Arona, sin que se produjeran avances significativos.

Después de todos estos acontecimientos, más de 90 familias esperan que alguna entidad habilite un espacio donde puedan ser trasladados de manera segura con sus pertenencias. Esto “podría ser un pabellón deportivo” o algún lugar donde puedan “alojarse temporalmente” después del desalojo previsto para el próximo martes 12 de marzo. De lo contrario, su única opción será “instalarse en tiendas de campaña en las playas del sur de Tenerife”.

Tras estos hechos, este lunes el grupo de los socialistas en el ayuntamiento de Arona se ha pronunciado, considerando la expropiación de edificios inacabados como una medida para aliviar la problemática en materia de vivienda. Además, instan al gobierno local a reconsiderar su postura y a declarar a Arona como zona tensionada.