En un esfuerzo por abordar la creciente “preocupación” e “incertidumbre” que ha surgido en el sur de Tenerife debido a la entrada en escena de Uber, los ayuntamientos de la región y los representantes del sector del taxi han formado un frente común.
El encuentro, convocado por la alcaldesa de Granadilla de Abona, Jennifer Miranda, tuvo lugar en la mañana de hoy en el San Isidro Espacio Cívico (SIEC), reuniendo a líderes municipales y figuras destacadas del gremio del taxi.
La reunión contó con la presencia de las alcaldesas Jennifer Miranda de Granadilla de Abona, Fatima Lemes de Arona y Ana Dorta de Guía de Isora, así como de los alcaldes Arturo González de San Miguel de Abona y Emilio Navarro de Santiago del Teide. Además, participaron los concejales de Transportes y representantes de las asociaciones de taxis del sur, entre otros.
Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la propuesta de presentar modificaciones legislativas al Gobierno de Canarias. Estas modificaciones tienen como objetivo introducir factores de sostenibilidad y de congestión del tráfico en la regulación de las solicitudes de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en Canarias.
Además, se menciona la busqueda superar los criterios de libre competencia y considerar las particularidades de la ubicación ultraperiférica de las islas Canarias. Una vez consensuado el acuerdo, se prevé transmitirlo tanto al Cabildo de Tenerife como al Gobierno de Canarias, con la aspiración de celebrar una reunión conjunta entre todas las administraciones involucradas.
Jennifer Miranda, quien ya mostraba su posición respecto a este tema desde la reciente visita del ministro Héctor Gómez. Explicó que esta iniciativa busca unir fuerzas para abordar una situación que afecta a toda la comarca y pone en peligro la sustentabilidad de miles de familias directa e indirectamente dependientes del sector del taxi. Hizo hincapié en la necesidad de una acción conjunta y urgente para modificar la normativa que regula el sector este año, con el fin de proporcionar seguridad y garantías a los trabajadores del taxi.
Fátima Lemes expresó la importancia de formar un frente común en defensa del sector del taxi en la comarca, enfocándose en la necesidad de colaborar rápidamente para abordar cualquier eventualidad relacionada con la llegada de Uber. “se trata de un sector vital para Arona y Tenerife, todo en el marco de la presentación de las reivindicaciones y necesidades ante la incursión de los VTC. Es esencial la buena sintonía entre todos y actuar con rapidez para el buen funcionamiento del colectivo y buscar los mecanismos legales en todos los ámbitos para crear un bloque común en defensa del sector”.
Ana Dorta destacó la relevancia de la unidad entre las instituciones y el sector para abordar con decisión esta situación y lograr mejoras significativas en la movilidad, en beneficio del taxi y de la comunidad en general.
Arturo González hizo hincapié en la necesidad de una respuesta rápida para mitigar los efectos adversos que la llegada de Uber a Tenerife pueda tener en las familias afectadas, mostrando su firme apoyo al sector del taxi.
Emilio Navarro subrayó la importancia de abordar de manera contundente y unificada esta situación preocupante y ejercer presión para regular y minimizar la presencia del nuevo servicio de transporte.
Los representantes de las asociaciones del taxi agradecieron la convocatoria de la reunión y reconocieron la “delicada e incierta” situación que enfrenta el sector ante la llegada de Uber. Solicitaron una regulación y modificación legislativa para hacer frente a las licencias de Uber, además de colaboración por parte de las policías locales y la transmisión del acuerdo al Cabildo y Gobierno de Canarias.
Cabe destacar que la implementación de estas licencias VTC en España van más allá de las propias leyes internas, incluyendo la de las comunidades autónomas. Anteriormente se supo por parte de la Comisión Europea, sobre el rechazo de la propuesta hacia el Gobierno español de limitar el número de licencias de vehículos de turismo con conductor. Y que, todas las regiones pertenecientes a la Comunidad Europea tendrían que modificar su legislación, lo que favorecería a las multinacionales como Uber o Cabify, entre otras.
