La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al traslado ilegal de más de 2.500.000 kg de residuos peligrosos desde Tenerife a África, por varios años. 34 personas detenidas en Tenerife y Gran Canaria.

El Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife (SEPRONA) con el apoyo de agentes de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Jefatura del SEPRONA en Madrid, y en colaboración con Europol, en el marco de la Operación policial BASEL-TF, ha llevado a cabo la detención e investigación de 34 personas en las islas de Tenerife y Gran Canaria por un delito continuado de traslado ilegal de grandes cantidades de residuos peligrosos a diversos países del continente africano incumpliendo la normativa comunitaria y nacional que lo regula. Además, para poder llevar a cabo este traslado ilegal de residuos, también cometían un delito de falsificación de documentos.

Modus Operandi

Los investigados, en su mayoría de nacionalidad u origen africano, cargaban contenedores marítimos con infinidad de artículos de segunda mano entre los que se encontraban vehículos a motor, piezas de vehículos, enseres domésticos y, en un gran porcentaje, aparatos eléctricos y electrónicos usados, para su posterior exportación y venta a terceros en determinados países de África.

Estos aparatos eléctricos y electrónicos usados se obtenían de personas o empresas que se deshacían de ellos por quedarse obsoletos o inservibles siendo recogidos por los acusados en la vía pública, en las entradas de los puntos limpios, en el rastro, y otros lugares, y posteriormente eran cargados en contenedores marítimos, apilados unos sobre otros sin protección o separación alguna para aprovechar al máximo el espacio.

Dada la cantidad de países implicados, se ha contado con el apoyo de Europol en el análisis operativo para hallar posibles relaciones con el resto de Estados miembros y terceros países.

Falsificación de documentos

Una mujer de nacionalidad italiana de 62 años de edad, y responsable de un local comercial dedicado a las exportaciones de mercancías hacia África, era la encargada de preparar y remitir toda la documentación necesaria a una agencia de aduanas autorizada para el despacho aduanero con la Agencia Tributaria, falsificando previamente los preceptivos certificados de funcionamiento de los aparatos eléctricos requeridos para así poder llevar a cabo la exportación de las mercancías obteniendo un beneficio económico por cada operación.

Explotación de la operación

Tras cerciorarse los agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de la actividad ilícita que se estaba produciendo de manera continuada y desde hacía varios años en la isla, se llevó a cabo con mandamiento judicial un registro exhaustivo en la oficina de la mujer italiana en la localidad de El Fraile, término municipal de Arona, incautándose de numerosa documentación y material informático.

Del material intervenido se ha obtenido que, durante los años 2018 y 2019, por parte de hasta 40 personas, se realizaron 138 traslados ilegales de residuos peligrosos desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife a distintos países del continente Africano, como Senegal, Ghana, Gambia, Togo, Rep. de Benín, Guinea Conakry, Sierra Leona y, principalmente, Nigeria, utilizando varios tipos de certificados falsificados (los confeccionaba directamente la citada mujer como si estuviesen hechos por terceras personas dedicadas a la reparación de electrodomésticos) que falsamente acreditaban que los equipos eléctricos y electrónicos que se enviaban funcionaban perfectamente.

El total de residuos peligrosos enviados de forma ilegal en este periodo de tiempo asciende, según la investigación, a casi 2.500.000 kgs de los cuales, más de 750.000 kgs. han sido residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, destacando los monitores y pantallas CRT que suman más de 160 toneladas y las neveras con más de 145 Tm.

Residuos peligrosos para la salud humana y para el medio ambiente.

Estos Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos (RAEE) contienen sustancias peligrosas que, aunque son necesarias para garantizar su funcionalidad, pueden emitirse al medio ambiente o ser perjudiciales para la salud humana si, una vez convertidos en residuos, los aparatos no se gestionan y tratan adecuadamente, ya que pueden contener cadmio, mercurio, plomo, arsénico, fósforo, aceites peligrosos, y gases que agotan la capa de ozono y que afectan al calentamiento global.

Además, este tipo de residuos acaban en países con poca o nula legislación sobre reciclaje o gestión de residuos, como en el caso de los citados países africanos, y que en muchas ocasiones son tratados por niños, sin ningún tipo de protección y que incluso manipulan los aparatos con las manos desnudas para extraer principalmente aluminio y cobre. Los materiales se tratan en fogatas al aire libre, liberando polvo y humos contaminantes derivados de la quema (sobre todo de la combustión de PVC).

En esta operación, se ha contado con la colaboración de la Subdirección General de Economía Circular del MITERD.