El Centro Comercial Los Tarajales ubicado en La zona costera de Los Cristianos, en Arona, se encuentra actualmente ocupado por unas 90 personas en situación de okupas y los empresarios adyacentes, manifiestan que no pueden más con las situaciones de alteración del orden público que vienen padeciendo por parte de dichas personas y que afecta directamente a sus negocios.
El caso más reciente ocurrió el pasado domingo 21 de Septiembre, cuando, según nos cuentan, un rumano en estado de embriaguez y en hora punta al medio día, cuando las terrazas más cercanas están llenas de turistas, levantó una mesa para tirarla encima de las personas.
La gerente del establecimiento procedió a llamar a la Policía, pero sin embargo, el hombre salió en libertad con cargos.
Según fuentes cercanas, la respuesta que obtienen al denunciar tales hechos, suele ser “tal vez en seis meses se podrán tomar medidas para poder echar a los okupas”, ante lo cual los empresarios manifiestan que esto “llevan diciéndolo más de diez años” y les parece “vergonzoso, inmasticable, penoso y estamos dando una imagen muy desagradable de nuestras islas”.
Finalmente recalcan “el Ayuntamiento de Arona y los que hicieron esta obra se tiran las piedras unos a otros y al final, todos coinciden en que el Verdadero Culpable es la Justicia”.
Ya a principios de este año eldigitalsur trataba este tema, ante lo cual algunas personas que están viviendo en dicho Edificio, comentaban “No somos okupas, somos ciudadanos del mundo”.
Teniendo en cuenta que el Padrón Municipal es el registro Administrativo donde figuran los habitantes de un Municipio y en este caso, hablamos del sur de Tenerife, en Arona, los datos constituyen una prueba de la residencia en el Municipio y del domicilio habitual en el mismo, situación que llevaba a algunos empresarios a preguntarse ya por aquel entonces ¿Cómo han podido obtener dicha documentación? la respuesta: “según la ley toda persona que viva en España tiene la obligación de empadronarse en el municipio donde resida”.
El Ayuntamiento de Arona en febrero de este año afirmaba que, efectivamente, en el año 2008, hace más de una década, algunas de esas personas fueron empadronadas en el municipio de Arona y procedió a instar públicamente a la Justicia a agilizar los trámites que permitieran a los propietarios privados del centro comercial proceder al desalojo.
