La Unión Sindical Obrera (USO) ha alertado sobre el estado del servicio de transporte sanitario en las Islas Canarias, calificando la situación actual de crítica, insostenible y cada vez más peligrosa. A través de Jonathan González, responsable provincial de Transporte Sanitario del sindicato en Canarias, la organización ha denunciado públicamente lo que consideran un evidente abandono del sector tanto por parte de las empresas adjudicatarias como de la propia Administración pública, a la que acusan de incumplir su deber de seguimiento del pliego concursal. “Sin soluciones reales estamos abocados a movilizaciones”, advierten desde la central sindical.
Entre las principales deficiencias señaladas por USO destaca el deterioro de la flota. El sindicato asegura que las ambulancias sufren un mantenimiento claramente insuficiente que pone en riesgo la seguridad de los profesionales, de los pacientes y de sus familiares.
A esto se suma una grave escasez de vehículos que impide cubrir la demanda de este servicio esencial, obligando a solapar recursos con turnos dobles para evitar que las asistencias queden sin realizar, lo que conlleva retrasos o falta de tratamiento para los pacientes.
Asimismo, critican que los vehículos averiados están siendo sustituidos por ambulancias provenientes de otras comunidades autónomas donde ya han sido licitadas en concursos previos. Según la denuncia, estas unidades incumplen el pliego concursal canario en materia de imagen corporativa e iluminación exterior, además de vulnerar normativas de la Dirección General de Tráfico (DGT).
En el ámbito del equipamiento, USO reporta escasez de material e indica que muchos recursos carecen incluso de los certificados obligatorios de mantenimiento en electromedicina.
Las condiciones laborales y de salud laboral también son motivo de denuncia ante la Inspección de Trabajo. El sindicato ha reportado la falta de uniformidad proporcionada a los trabajadores, lo que vulnera derechos básicos de seguridad en Prevención de Riesgos Laborales (PRL). Igualmente, han elevado quejas a la Inspección por diversos incumplimientos relativos al Plan de Igualdad y Oportunidades (PIO). En cuanto a las infraestructuras, USO describe unas bases de descanso en pésimas condiciones, con habitaciones afectadas por problemas estructurales y llenas de humedades. La situación ha llegado al punto de que algunos recursos han tenido que ser retirados in extremis de sus bases, obligando a reubicar a los empleados para evitar que tengan que descansar dentro de las propias ambulancias hasta la finalización de sus turnos.
A nivel organizativo, el sindicato detalla deficiencias operativas significativas, como la utilización de recursos del Transporte Sanitario Urgente (TSU) para cubrir servicios del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) debido a la congestión en los centros médicos.
Estos continuos colapsos en los hospitales generan bloqueos que dejan a los vehículos inoperativos durante horas, desprotegiendo las zonas de cobertura asignadas y afectando directamente a la atención del paciente. A esta problemática se añade, según señala USO apoyándose en informaciones publicadas recientemente en medios digitales, el colapso en la gestión del 112, un factor que repercute de forma directa y negativa en la coordinación de los recursos sanitarios. En el ámbito interno, acusan a las empresas de actuar de forma unilateral y de vulnerar el derecho de consulta a los comités de empresa, tomando decisiones sin consenso que ya están afectando a las nóminas de la plantilla.
El conflicto laboral se agrava por el bloqueo absoluto del convenio colectivo. La representación sindical afirma que las patronales no solo no muestran avances en la negociación, sino que han dejado de garantizar los acuerdos que ya habían sido pactados en reuniones previas. En este contexto, USO subraya que estas deficiencias no pueden reducirse a un problema privado entre empresas y sindicatos. La organización considera inaceptable que desde la Administración, y en particular por parte de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, se intente trasladar el conflicto exclusivamente al ámbito de la negociación colectiva, eludiendo así su responsabilidad institucional sobre un servicio público esencial que requiere su implicación directa. La central sindical recuerda a la Administración que tiene competencias suficientes para mediar, intervenir y garantizar la calidad y dignidad del servicio, especialmente porque son conocedores de que el actual concurso se encuentra en situación de nulidad al transitar por su segundo año de prórroga mientras continúan “mirando para otro lado”.
Finalmente, la organización sindical rechaza frontalmente las informaciones que interpretan como presiones sobre la licitación de un nuevo concurso ajustado a los precios de la media estatal, argumentando que una medida de este tipo supondría empeorar aún más las condiciones del servicio y de los trabajadores. “No aceptamos amenazas. Exigimos soluciones”, sentencian. Aunque reiteran su voluntad de alcanzar acuerdos y avanzar en soluciones reales, concluyen con una advertencia clara: de no producirse avances concretos y verificables que aporten mejoras al sector, se verán abocados a una situación bastante compleja en la que no descartan ningún escenario de protesta. Aseguran que no permitirán que se siga deteriorando un servicio esencial ni precarizando a sus profesionales.
