A pesar del incremento en el volumen de licitaciones públicas, la materialización de las infraestructuras clave para Canarias se encuentra en riesgo. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife ha lanzado una advertencia clara: de nada sirve anunciar inversiones millonarias si los contratos no se ajustan a la realidad del mercado. La institución subraya que la falta de actualización de los costes de materiales y mano de obra está provocando que los concursos queden desiertos, frustrando así el desarrollo de proyectos vitales para el archipiélago en áreas como carreteras, puertos, aeropuertos, agua o energía.
El presidente de la entidad cameral, Santiago Sesé, ha sido tajante al respecto y ha puesto el foco en el riesgo que asume el tejido productivo frente a la rigidez de la Administración. “Las empresas pueden asumir determinados riesgos, pero no pueden comprometerse durante varios años con unos precios que desconocen si podrán mantener”, explicó. Para solucionar este bloqueo, Sesé exige la introducción de mecanismos de flexibilidad, revisión y actualización en los contratos. El objetivo no es eliminar el riesgo empresarial, sino distribuirlo de forma equitativa ante la elevada volatilidad de los precios, especialmente en proyectos de larga duración donde ninguna de las partes puede controlar la inflación.
El temor de la Cámara no se basa en hipótesis teóricas, sino en precedentes inmediatos. El paradigma de esta problemática es la reciente licitación para la remodelación integral del aeropuerto Tenerife Sur. Promovido por Aena, el contrato salió al mercado por 464,1 millones de euros (sin impuestos) y un plazo de ejecución de 96 meses, es decir, ocho años. Ninguna empresa presentó oferta. Según la institución, obligar a una constructora a prever la evolución económica a casi una década vista bajo condiciones inflexibles dinamita cualquier interés. “Esto demuestra que no basta con disponer de una dotación económica importante. Hay que diseñar las condiciones de contratación de manera que exista un equilibrio razonable entre el riesgo que asume la Administración y el que asume la empresa”, señaló Sesé.
Esta misma situación, advierten, se ha replicado en otros procesos de contratación en Canarias, incluidas actuaciones de vivienda pública, que han tenido que ser replanteados. “Una empresa no decide participar o no en una licitación únicamente en función del margen de beneficio. Tiene que valorar si puede asumir durante años el riesgo económico del contrato sin poner en peligro la propia continuidad de la actividad”, añadió el presidente.
🔵La Cámara de Comercio reclama que las licitaciones públicas se ajusten a los costes reales para que la inversión prevista llegue a ejecutarse https://t.co/HDXO1TUQgD
— El Digital Sur (@eldigitalsurcom) October 5, 2026
Esta paralización técnica contrasta con los datos oficiales de contratación. Según el Boletín de Coyuntura de la construcción del segundo trimestre elaborado por el Servicio de Estudios de la Cámara, la licitación oficial de obra pública creció un 30,4% respecto al mismo periodo del año anterior y un 26,7% en comparación con el trimestre previo. No obstante, este repunte presenta desequilibrios internos: el presupuesto licitado de edificación se disparó un 112,2% interanual, mientras que la obra civil se desplomó un 40,4%. Ante estas cifras, Sesé aclaró la diferencia entre el papel y el cemento: “Más licitación no significa necesariamente más inversión efectiva. Tenemos que conseguir que los proyectos salgan a concurso en unas condiciones que permitan que las empresas puedan concurrir, que las adjudicaciones se produzcan y que las obras finalmente se ejecuten”.
Paradójicamente, la falta de adjudicaciones no se debe a la incapacidad del tejido productivo, ya que el sector de la construcción atraviesa un momento de solidez. Al cierre del tercer trimestre, la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 0,7% interanual en su promedio, cerrando septiembre con 63.314 trabajadores (837 empleados más que un año antes). En paralelo, el paro registrado mantiene su trayectoria descendente: cayó un 8,1% en el promedio del trimestre y terminó septiembre con 11.343 desempleados, un 7,5% menos (923 personas) respecto al mismo mes de 2025. Otros indicadores respaldan este dinamismo, como las ventas de cemento, que crecieron un 14,4% en el segundo trimestre, y el índice de confianza empresarial, que subió un 2,3% en julio, con un 70% de las compañías previendo mantener estable su actividad. “Tenemos un sector que mantiene actividad, empleo y confianza, y que está en condiciones de responder a una mayor inversión. Lo que necesitamos es que las condiciones para ejecutar esa inversión sean también las adecuadas”, puntualizó Sesé.
Junto a la obra civil, el otro gran frente que preocupa a la Cámara es la crisis habitacional. El mercado inmobiliario refleja una demanda muy dinámica frente a una oferta insuficiente. Durante el segundo trimestre, la compraventa de viviendas creció un 1,1% interanual, sostenida íntegramente por la vivienda usada (que subió un 4,4%), mientras que las operaciones de obra nueva cayeron un 7,5%. Esta escasez ha disparado los precios: la vivienda libre se encareció un 14,2% interanual, la protegida un 3,7% y el coste del suelo repuntó un alarmante 21,1%.
Para Sesé, el encarecimiento de las parcelas es un freno directo para nuevos desarrollos, agravado por los dilatados plazos administrativos. “No podemos analizar el problema de la vivienda únicamente desde la demanda. Si no somos capaces de aumentar la oferta, la presión termina trasladándose a los precios y también al suelo, que se convierte en uno de los principales factores que dificultan el desarrollo de nueva vivienda”, argumentó. Afrontar esta situación requiere, según la institución, actuar simultáneamente sobre el suelo, agilizar los trámites burocráticos y garantizar la inversión, especialmente en vivienda asequible y protegida.
En definitiva, la Cámara advierte de que el futuro económico de las islas depende de un cambio de paradigma en la gestión del dinero público. “Necesitamos más vivienda para facilitar el acceso al empleo, pero también infraestructuras que acompañen el crecimiento económico y demográfico de las Islas. Necesitamos disponer de agua y energía en condiciones competitivas y necesitamos una Administración capaz de tramitar y ejecutar con mayor agilidad”, aseveró Sesé. Para concluir, el líder cameral sentenció: “Las Islas necesitan ejecutar las inversiones en tiempo y forma para avanzar hacia un crecimiento de mayor calidad. No se trata solamente de disponer de recursos o de anunciar proyectos, sino de conseguir que lleguen al territorio y se conviertan en infraestructuras, vivienda y servicios que respondan a las necesidades reales de las empresas y de la sociedad”.
