El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Orlando Umpiérrez, ha indicado que estas infracciones son consideradas por la Ley de Pesca de Canarias como graves, y pueden suponer multas de hasta 60.000 euros.

Agentes del Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias han denunciado a tres embarcaciones recreativas por la práctica de pesca submarina en zonas no permitidas, la captura de especies prohibidas y la tenencia de otras de talla antirreglamentaria. Fruto de tres actuaciones, realizadas en los puertos de Mogán, Agaete y La Aldea de San Nicolás, los inspectores incautaron un total de 83 kilos de pescado -meros, abades, viejas, sargos breados, jureles, cabrillas y verrugatos- que fueron entregados a centros benéficos. Algunos de los meros no llegaban a la talla reglamentaria de 45 centímetros que establece la Ley y se encontraron especies cuya captura está prohibida como la corvina negra (Sciaena umbra).

Por otra parte, en una inspección realizada en un restaurante en Las Palmas, los agentes incautaron 900 pepinos de mar capturados sin autorización, que se hallaban deshidratados en varias bolsas en un congelador del establecimiento. Este invertebrado juega un papel muy importante en el equilibrio ecológico de los fondos marinos al ser una pieza clave del reciclado de nutrientes y la oxigenación de los mismos, por lo que su eliminación tiene consecuencias negativas en los ecosistemas costeros.

Desde la dirección general de Pesca del Ejecutivo canario explican que actualmente sus poblaciones están siendo diezmadas por la pesca ilegal, ya que son muy apreciados por sus supuestas propiedades afrodisíacas y su creciente uso en la gastronomía de países asiáticos, llegando a alcanzar un precio elevado. Los pepinos de mar se exportan a estos países, deshidratados, ya que de este modo no presentan problemas de conservación y son más fáciles de camuflar entre otras mercancías.

El director de Pesca, Orlando Umpiérrez, ha indicado que todas estas infracciones son consideradas por la Ley de Pesca de Canarias como graves, y pueden suponer multas de hasta 60.000 euros.