El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes [20] un Real Decreto-ley que contempla un paquete de medidas urgentes valorado en 5.046 millones de euros para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra ilegal iniciada en Irán. El objetivo principal de este plan, impulsado por el Ministerio de Hacienda, es mitigar el encarecimiento del coste de la vida. Según el documento oficial del Ejecutivo, estas decisiones buscan “abaratar posibles incrementos de precios que afecten a la ciudadanía, respondiendo así a la demanda social de tomar decisiones para combatir la inflación”. La vigencia de la mayor parte de estas medidas se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

El encarecimiento de los carburantes, agravado por situaciones como el bloqueo del Estrecho de Ormuz, es uno de los ejes centrales del decreto. Para contrarrestarlo, el Gobierno ha estipulado la reducción del IVA del gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos del 21% al 10%, una medida que supondrá un ahorro de 507 millones de euros. Paralelamente, se ha aprobado la rebaja del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta el “nivel mínimo permitido por la directiva europea que regula la imposición de los productos energéticos”. Esta rebaja, que afectará a la gasolina sin plomo, el gasóleo, el fuelóleo, el GLP, el gas natural y el queroseno usado como combustible, generará un ahorro adicional de 656,5 millones de euros para ciudadanos y profesionales.

El impacto de esta rebaja fiscal en los surtidores será inmediato. Tomando como referencia los precios del jueves 19 de marzo, el Ministerio ilustra que la gasolina sin plomo 95 pasará de 1,8 euros el litro a 1,51 euros, lo que supone un ahorro de 16 euros al llenar un depósito de 55 litros. Por su parte, la gasolina sin plomo 98 bajará de 1,94 euros a 1,60 euros, permitiendo un ahorro de 18,5 euros por depósito. Finalmente, el diésel reducirá su precio de 1,9 euros a 1,67 euros por litro, abaratando en 12,5 euros el llenado de un tanque de 55 litros.

Para proteger a los sectores económicos más expuestos, el texto incluye un respaldo directo a los profesionales mediante una “ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional que adquieran”. Esta bonificación será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de País Vasco y Navarra. Los beneficiarios incluyen a productores agrarios, empresas de transporte con derecho a devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, así como a aquellos que no tienen dicho derecho, abarcando a autónomos, sociedades con licencias de transporte y titulares de autobuses urbanos.

En el ámbito energético, el Real Decreto-ley establece una reducción al 10% del IVA en las facturas de la luz para los contratos de energía eléctrica que no superen una potencia de 10 kW, abarcando a la inmensa mayoría de los hogares españoles, incluidos los beneficiarios del bono social o aquellos en situación de vulnerabilidad severa. Esta medida representa un ahorro estimado de 539,1 millones de euros. Esta misma tributación del 10% se aplicará también al gas natural, las briquetas y los ‘pellets’. Además, el Impuesto Especial sobre la Electricidad sufrirá una drástica caída, pasando de su tipo impositivo del 5,1% al 0,5%, a lo que se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), cuyo impacto económico se cifra en 450 millones de euros.

Finalmente, el decreto despliega una batería de medidas tributarias para acelerar la transición y la eficiencia energética. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se introducen deducciones de hasta el 15% para la adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible que se matriculen antes del 31 de diciembre de 2026 y no estén vinculados a una actividad económica. También se recuperan las deducciones en el IRPF del 20%, 40% o 60% por obras de rehabilitación de viviendas o edificios que reduzcan la demanda de calefacción o refrigeración, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para las empresas, se establece durante 2026 la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en eficiencia energética, tales como puntos de recarga o instalaciones de autoconsumo renovable. En el ámbito municipal, se modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para permitir que los ayuntamientos apliquen una bonificación de hasta el 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por la instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar o ambiente, y de hasta un 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para los trabajos que incorporen dichas tecnologías.